La intermediación financiera constituye el mecanismo por medio del cual se canalizan los fondos disponibles de los ahorrantes hacia los agentes que los demandanrequieren recursos para financiar sus proyectos de consumo y producción. Esta labor puede contribuirye con el desarrollo económicobienestar social si el sistema financieraoal asignar eficientemente los recursos disponibles de la colectividad hacia actividades productivas, de consumo personal y de vivienda. Para lograr ese objetivoque esta contribución sea óptima el sistema financiero debe realizarla la labor de intermediación al menor costo posible, con tasas de interés activas bajas reduciendo la brecha entre las tasas de interés activas y pasivas, agilizando los trámites necesarios para los ahorrantes y deudores; y movilizando mayores montos en términos reales.

    La economía costarricense ha experimentado en el ámbito financiero un proceso de reformas legales que han otorgado mayor libertad a los entes bancarios para sus operaciones, así como la creación de nuevos instrumentos financieros, mayor participación de intermediarios no bancarios, mejor supervisión y una mayor apertura de la cuenta de capitales con la flexibilidad del régimen cambiario.

    Entre las entidades que componen el sector financiero costarricense se pueden mencionar tres bancos estatales, 18 bancos privados, 2 bancos creados por ley especial (el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y el Banco Hipotecario de la Vivienda), 12 empresas financieras no bancarias, 26 organizaciones cooperativas de ahorro y crédito, 4 mutuales de ahorro y préstamo de Vivienda y la Caja de Ahorro y Préstamo de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE). Asimismo, existen ocho entidades del mercado cambiario que sólo se supervisan en cuanto al cumplimiento de la normativa cambiaria y 26 grupos financieros, de éstos 21 son supervisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y el resto por la Superintendencia de Valores (SUGEVAL), 9 Operadoras de Pensiones Complementarias, 21 Sociedades de Fondos de Inversión y 22 Puestos de Bolsa.

    Por entidades financieras supervisadas por la SUGEF, los mayores porcentajes de los activos totales, cartera de crédito, pasivos y utilidades netas, se concentran en los bancos estatales, privados y los creados por leyes especiales principalmente.

CUADRO 1:  DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ACTIVOS, CRÉDITO, PASIVO, UTILIDADES, COLOCACIONES
CON MORA LEGAL POR ENTIDADES FINANCIERAS Y NIVELES DE RENTABILIDAD
A junio de 2002

    De acuerdo al índice de competitividad del Informe Mundial realizado por el Foro Económico Mundial para el periodo 2001-2002 Costa Rica se ubicó en la posición 35 de 75 naciones, lo cual significa el segundo puesto en Latinoamérica después de Chile. Sin embargo, entre las dificultades que se señalan como factores que afectan el potencial de crecimiento están las limitaciones del sistema financiero debido a la falta de fuentes de capital de riesgo y la dificultad para obtener crédito sin contar con garantías reales. Esto sugiere el establecimiento de tareas pendientes respecto al papel de la banca, niveles de supervisión y requisitos para el ingreso de la banca internacional.

    Particularmente, entre las principales limitantes del desarrollo financiero costarricense se tienen las siguientes:

• El margen de intermediación financiera continúa siendo considerable, alto en comparación con los márgenes que muestran los sistemas financieros más desarrollados, esto a pesar de la reducción del encaje mínimo legal (comentado a la sección de política monetaria). De acuerdo con ametodologías empleadas por el Banco Central para calcular el margen de intermediación financiara, en los últimos cinco años, éste se sitúa en niveles elevados principalmente en los bancos estatales. El máargen ha oscilado entre 9,5% y 12% para los bancos estatales y entre 5% y 7% para los bancos privados. En el caso de los bancos estatales, a setiembre del 2002 el máargen se ubicó en 9,65% y los factores que explican ese valor son el costo de operaciones (7,6%), el costo de los valores negociables (2,2%), el costo del encaje (1%), el costo de otros activos netos (-1,0%) y otros componentes (-0,08%, el cual incluye el impuesto del 8%, costo por incobrables, utilidad, ingresos por servicios y otros ingresos netos). Para los bancos privados el márgen margen fue de 6,1% a diciembre del 2001. Los elementos que afectan al margen en este caso son el costo de operaciones (6,4%), el costo del encaje (0,9%) y el costo de los valores negociables (0,6%) los cuales son contrarrestados por el costo de otros activos netos (-1,3%) y otros componentes (-0,6% que incluye el impuesto del 8%, el costo por incobrables, utilidad, ingresos por servicios y otros ingresos netos).

• La baja profundidad del sistema bancario costarricense, en particular el desarrollo limitado de servicios financieros competitivos, ha propiciado el crecimiento de actividades financieras por medio de entidades pertenecientes a grupos financieros costarricenses con domicilio legal en el extranjero (banca off shore). Los activos de los bancos costarricenses domiciliados en el exterior fueron estimados, a junio de 2002, en 0,94 vecessuperiores a los activos de los bancos locales de los grupos financieros, según datos de la SUGEFcon domicilio legal en Costa Rica. Además, a pesar de las disposiciones para la supervisión de los grupos financieros, es necesario reforzar la supervisión de las operaciones realizadas por las entidades financieras mediantes sus oficinas situadas en el exterior, así como a las entidades que no son intermediarias financieras pero que son miembros del grupo.

• La nueva Ley Orgánica del Banco Central estableció condiciones onerosas que deben cumplir los bancos privados para captar depósitos en cuenta corriente, ya que señala que la banca privada para poder operar cuentas corrientes debe depositar el 17% de las captaciones totales de los certificados de menos de 30 días en algún banco del Estado, con la finalidad de que parte de los recursos captados se trasladen a los bancos públicos con la intención de que estos los destinen a préstamos para desarrollo.

• Los bancos del Estado se benefician de condiciones favorables respecto a sus competidores privados, ya que cuentan con la garantía y la más completa cooperación del Estado; mientras que los bancos privados no disponen de ningún tipo de seguro para proteger los depósitos del público.

• Los niveles de riesgo exhibidos por la cartera de créditos de los bancos estatales son sensiblemente mayores a los de los bancos privados. La cartera de créditos con atraso mayor a 90 días está concentrada en los bancos públicos. A junio de 2002, específicamente, el 42,3% de las colocaciones con mora legal del sector financiero corresponde a los bancos estatales, el 19,7% a los bancos privados y el 21,2% a los bancos creados por leyes especiales.

• Entre otras situaciones prevalecientes, en el sistema bancario está el hecho de que no se pagan rendimientos sobre los recursos que los bancos trasladan al Banco Central por encaje; no existen porcentajes que regulen la propiedad de los inversionistas en las sociedades financieras anónimas y, por ley, se establece que los bancos privados deben constituirse como sociedades anónimas o como uniones o federaciones cooperativas, lo cual excluye la posibilidad de establecer sucursales extranjeras al considerarlas parte de su matriz.que se establezcan sucursales de bancos extranjeros en Costa Rica.

• El mercado muestra una importante tendencia hacia la dolarización de las operaciones pasivas y activas, lo cual aumenta el riesgo cambiario tanto para las empresas como para los entes financieros.

• Persistencia del problema fiscal (ver detalle en el área fiscal) como elemento que incide significativamente en el comportamiento de las tasas de interés.

• Falta de autonomía del Banco Central y permanentes excesos de liquidez en el sistema (ver detalle en área monetaria).

    Por otra parte, el fortalecimiento del mercado de valores resulta fundamental para proveer de recursos financieros los proyectos generadores de riqueza y crecimiento económico. La aprobación de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, en 1997, y la creación de la Superintendencia General de Valores, le ha permitido a este mercado avanzar hacia un estado de mayor desarrollo en cuanto a las condiciones de estandarización en que se realiza la oferta pública de valores, mejor gestión de riesgo por parte de los intermediarios participantes, apertura del mercado a nuevos mecanismos de administración de recursos y a emisiones de títulos valores y productos extranjeros. Asimismo, se han dado pasos firmes con el apoyo del Banco Central hacia la definición e implementación de centrales de anotación en cuenta; a la vez, se ha aprobado la normativa para la entrada en operación de la figura del custodio para las carteras mancomunadas y se ha adoptado la valoración a precios de mercado para los fondos de inversión, los fondos de pensiones y los fideicomisos administrados como fondos de inversión.

    El cambio estructural del mercado de valores costarricense se observa desde varios vértices. El mercado secundario ha alcanzado una participación mayoritaria dentro del total de las transacciones realizadas en el país. El crecimiento de los mecanismos de fondos de inversión y particularmente los de tipo no financiero es notorio. El total de activos administrados a diciembre del 2001 era superior a los ¢552.000 millones (unos $1.616 millones), distribuidos en 129 fondos de inversión, proveniente de casi 39.000 inversionistas. También, se ha iniciado el financiamiento de proyectos de infraestructura mediante novedosos esquemas de titularización colocados mediante subasta en la bolsa. Asimismo, el registro de emisiones de deuda pública de países latinoamericanos ha aumentado significativamente, lo que hace prever que el mercado de valores costarricense podría perfilarse como uno para la negociación de deuda pública regional.

    La etapa inicial de este cambio estructural comenzó con el establecimiento de un marco regulador muy estricto; no obstante, desde mediados del año 2001 se ha dado inicio a un proceso de simplificación y liberalización de la normativa emitida, se pretende que este remozamiento de la normativa sirva como un nuevo empuje al desarrollo del mercado, proceso que ha dado inicio con la aprobación del reglamento general de fondos de inversión y el sometimiento a consulta del reglamento general de oferta pública.

    A pesar del avance observado en el desarrollo del mercado de valores aún persisten situaciones como:

• La estructura del volumen transado por sector indica que las transacciones están concentradas en el sector público principalmente. A agosto del 2002, el 73,4% de participación en el mercado bursátil corresponde al sector público, lo cual refleja el limitado acceso al mercado de valores por las empresas privadas, las cuales acuden al financiamiento bancario de sus proyectos.

• El mayor monto de las transacciones son a corto plazo. A agosto de 2002, el 85,6% de lo transado es a menos de 180 días; específicamente, el 66,3% del volumen transado corresponde de 0 a 30 días.

• No existen mercados de mayoristas que faciliten a los bancos una gestión eficiente de su liquidez.

    En cuanto a la sostenibilidad financiera del régimen de pensiones, conviene resaltar la situación de RIVM ya que de acuerdo con los estudios actuariales de la CCSS, se concluye que los costos de este régimen se incrementarán más rápidamente que los ingresos, lo que provoca el desequilibrio del sistema básico y eventualmente su quiebra. En ese contexto, si no se asumen las medidas correctivas el costo del Régimen (relación de gastos a salarios) tendrá un incremento que superará la tasa de cotización de un 7,5%, la cual será insuficiente hacia el año 2012 y alcanzará un estado de insolvencia total en el año 2028 con el agotamiento de las reservas.

    En lo que respecta al Régimen no Contributivo la Ley de Protección al Trabajador estableció la universalización de estas prestaciones a las personas mayores de 65 años en condición de pobreza. Sin embargo, actualmente sólo el 65% de la población de adultos mayores en condición de pobreza está cubierta por el régimen no Contributivo.

    Asimismo, la situación actual de los regímenes con cargo al Presupuesto genera una presión importante en el problema de las finanzas públicas comentado en el área Fiscal.

    Otra área que se desea presentar en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) es la de seguros, ya que constituye un instrumento de fomento del ahorro nacional que puede ser canalizado para financiar proyectos para el desarrollo del país.

    Desde 1924 se creó el monopolio estatal para todos los tipos de seguros excepto los contratos concertados por las compañías de seguros de vida constituidas como cooperativas o mutualidades. Actualmente, el Instituto Nacional de Seguros (INS) cuenta con una serie de fortalezas como ejercer funciones de índole económica, comercial y social con la existencia de seguros comerciales, protección de vida y patrimonio de las personas y empresas, seguros solidarios, el Cuerpo de Bomberos y los dispensarios médicos.

    Asimismo, se ha dado una constante reestructuración y modernización del Instituto Nacional de Seguros con la creación de nuevas alternativas de seguros, por ejemplo, el seguro INS – Medical, el cual es una alternativa para las personas que desean comprar una póliza que les garantice una cobertura en cualquier país del mundo. Esta póliza es similar, en beneficios y servicios, a las que ofrecen las grandes empresas aseguradoras de los países desarrollados. De acuerdo con esta filosofía, el INS ha lanzado al mercado otros seguros como lo son INS–Medical Grandes Deducibles, Viajero con Asistencia, Vida Global, Hogar Comprensivo, Vida en Dólares, entre otros.

    Sin embargo, prevalecen situaciones que han limitado el desarrollo de los seguros como instrumento de fomento del ahorro nacional y limitada participación de la actividad aseguradora en el PIB. En ese sentido, según las estadísticas existentes la relación de Primas Netas Suscritas (PNS) con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) se ubica en un 2%.

    Entre los elementos que afectan el desarrollo del mercado de seguros se pueden mencionar un marco legal obsoleto e inadecuado para enfrentar las necesidades de desarrollo nacional; así como la notoria ausencia de un organismo de control especializado y de auditorías externas de los resultados financieros debido a la existencia del monopolio en comparación con actividades financieras como banca, valores y pensiones las cuales sí cuentan con entes para la supervisión. En ese sentido, es necesaria la protección del consumidor mediante la regulación de las operaciones, procurar la solvencia del INS y la transparencia en el manejo de fondos públicos.

    Asimismo, destaca la existencia de empresas extranjeras privadas que operan vendiendo en forma informal servicios de la salud equivalentes a seguros personales (seguros de vida, gastos médicos, accidentes de personas).