Retos
	Resumen de políticas y acciones estratégicas

Retos

    Por la evolución descrita con respecto al empleo e ingresos, se determina la urgente necesidad de acometer sin demora políticas de empleo, especialmente dirigidas a los jóvenes, las mujeres y los pobres, como sectores de población más vulnerables y afectados. El pleno empleo del capital humano subutilizado no es solo medio para la inclusión social de esos sectores, sino que es, a su vez, condición para el crecimiento económico.

    Se requiere promover el desarrollo integral de las personas y la utilización plena de las capacidades humanas, mediante procesos de formación y mejoramiento del capital humano, la creación de empleo productivo y bien remunerado y el ejercicio de los derechos del trabajador y del sector empresarial.

    Constituyen retos especificos los siguientes:

Fortalecimiento del capital humano

   Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de integración y pertinencia entre las ofertas educativas tendientes a la formación profesional y técnica, así como los requerimientos y las necesidades de desarrollo económico nacional y local, se propone lo siguiente:

    Asimismo, se plantea diseñar y desarrollar acciones de formación y capacitación para el trabajo, tendientes a mejorar la productividad y competitividad de las empresas y del sector laboral del país, en especial de poblaciones en desventaja social y grupos especiales, promoviendo la formación continua y flexible, con miras a la inserción de estos sectores en el mercado de trabajo.

    La aplicación de estos elementos para el fortalecimiento del capital humano se exponen con detalle en el área de "Educación" del Eje de Desarrollo de Capacidades Humanas.

Tutela de la normativa laboral

    El Plan Nacional de Desarrollo promueve el cumplimiento de la normativa nacional e internacional que establece los derechos y las responsabilidades de los empleadores y empleados, con el propósito de mejorar las relaciones laborales en aras de la productividad empresarial y el bienestar de los trabajadores. En ese sentido, una acción estratégica es la atención del factor conflictividad presente en la relación laboral para procurar, mediante procesos de educación, formación, participación de las partes, prevención e inspección, que las relaciones entre empleadores y empleados se desarrollen bajo los sanos principios del desarrollo humano y el respeto mutuo de los derechos y deberes establecidos en la normativa laboral.

Migraciones laborales

    Es propósito del Plan Nacional de Desarrollo atender integralmente el problema derivado de la relación entre las variables inmigraciones laborales -mercado laboral; para lo cual el Ministerio de Trabajo, en su condición de institución rectora del Sector Trabajo y Seguridad Social, promoverá la constitución y el funcionamiento regular de una comisión interinstitucional, cuya responsabilidad fundamental será el análisis permanente de la problemática vinculada a los procesos de inmigración laboral y formulación y evaluación de políticas sobre este tema. El detalle de las acciones dirigidas a la población migrante se pueden consultar en el área "Población Migrante" del Eje de Desarrollo de Capacidades Humanas

Oportunidades de desarrollo para los menores trabajadores

    Se propone procurar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional dirigida a la eliminación del trabajo infantil y la protección del adolescente trabajador, a fin de restituir los derechos de las personas menores de edad y mejorar su calidad de vida. Este tema se explica en el área de "Infancia y Adolescencia" del Eje de Desarrollo de Capacidades Humanas.

    Las remuneraciones en el Sector Público se han convertido en un tema obligado al trazar los lineamientos de convivencia entre los diversos agentes que participan en la vida nacional, debido a sus dimensiones, su relación con el nivel de vida de un importante número de trabajadores, su impacto en las finanzas públicas, sus efectos sobre la demanda y otras variables del ambiente socioeconómico del país.

    Lo anterior sin olvidar que la delicada situación fiscal que atraviesa el país hace necesario que la política salarial concuerde también con las metas de reducción del déficit fiscal que la presente Administración se ha fijado. El déficit fiscal es un acicate para la inflación, que se identifica como el más regresivo de los impuestos, pues afecta más fuertemente a las personas de menores ingresos. Además, el financiamiento de este déficit obliga al Gobierno a acudir a los mercados financieros para solicitar recursos, con lo cual ejerce presiones al alza en las tasas de interés y perjudica la inversión y, con ello, las posibilidades de generar empleo en el sector privado.

    El gasto en sueldos y salarios representa aproximadamente un 48% del gasto total, sin intereses, del Gobierno Central, de manera que el impacto de una política salarial desligada del reconocimiento del problema del déficit fiscal, lejos de favorecer a los ciudadanos, perjudica su nivel de vida. Tampoco debe olvidarse que las decisiones en materia salarial influyen en el pago de muchos de los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional, los cuales por sí solos representan alrededor de un 19% del gasto sin intereses.

    Así, las directrices de política para el cuatrienio 2002-2006, reconocen la necesidad de contribuir a mantener el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores públicos, sin que ello conduzca a la agudización de desequilibrios ya existentes en las finanzas públicas. También definen los procedimientos y canales para el diálogo y la conciliación de diferencias relacionadas con ajustes salariales y mejoras en las condiciones laborales de los empleados públicos. Para lograr esta política se propone lo siguiente:

• Establecimiento del diálogo permanente

Conocedores de la importancia que para los trabajadores y el Estado tienen la paz y la justicia social, se reitera la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, como el foro que permite el diálogo permanente entre los representantes de las agrupaciones laborales y el Gobierno de la República.

En dicho sentido, es interés del Gobierno que la determinación de la materia salarial se realice con la prontitud y periodicidad del caso, en un ambiente de transparencia y equidad. Para tales efectos, esta Comisión se reunirá oficialmente la primera quincena de enero y julio de cada año; será convocada por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, quien la presidirá.

• Mantenimiento del poder adquisitivo del salario

La base para el reconocimiento de los ajustes salariales será el comportamiento del Índice de Precios (IPC), que periódicamente calcula el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el déficit fiscal del sector público y el crecimiento de la actividad económica.

Los incrementos salariales producto de la relación anterior se harán a la base de los salarios de los trabajadores públicos y tendrán vigencia el 1º de enero y el 1º de julio de cada año, respectivamente.

• Actualización de la base de cálculo del IPC

Consciente de la importancia que el cáculo del indicador macroeconómico denominado IPC posee dentro de los mecanismos que pretenden proteger al asalariado contra los incrementos en el costo de la vida vía precios, por ser una variable de relevancia para mantener el nivel adquisitivo de los salarios, el Gobierno de la República se compromete a realizar las gestiones pertinentes ante las instancias encargadas de elaborar su medición.

Lo anterior singificaría efectuar una revisión que permita verificar la necesidad de actualizar este instrumento y, si se requiere, ajustarlo a las condiciones socioeconómicas actuales de nuestro país, siempre en sustento de los principios técnicos que rigen esta materia.

• Equiparación salarial sector público-sector privado

El Gobierno de la República conoce la importancia que tiene para el desarrollo del país el aporte que brindan los trabajadores de los diversos sectores laborales. La equidad y justicia comparativa entre servidores públicos y trabajadores privados, constituye uno de los intereses de la presente Administración.

Así, con el objetivo de reducir desigualdades entre los salarios mínimos vigentes para el sector privado y para el sector público, la Administración prevé la necesidad de poner en marcha una estrategia de ajustes técnicos graduales que conduzcan a la eliminación de la brecha generada entre estos dos sectores. Concretamente, se propone una reducción gradual del 12,5% semestral hasta cubrir el 100% de la brecha.

• Impuesto al salario

En el contexto del mejoramiento de la capacidad de afrontar las necesidades de los hogares costarricenses, el Poder Ejecutivo se compromete a revisar en forma anual las bases para el cálculo del impuesto al salario, tanto desde la perspectiva de los rangos como los créditos por concepto de cónyuge e hijos.

• Equidad en el trato salarial del sector publico

En el caso de las demás instituciones públicas con sistemas salariales independientes, el Gobierno de la República solicita que los aumentos salariales que se otorguen no sean mayores en monto ni vigencia al porcentaje por costo de vida acordado por el Gobierno.

• Salario escolar

De conformidad con la normativa vigente, se mantendrán los períodos de pago y los porcentajes establecidos para este rubro.

    Como parte del Plan Nacional de Desarrollo, la Administración actual se propone cumplir el principal postulado establecido por la norma constitucional, que señala en su artículo 57:

"Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal que le procure bienestar y existencia digna, el salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia. Todo lo relativo a la fijación de salarios mínimos estará a cargo del organismo técnico que la ley determine."

    Así como lo señalado en el artículo 177 del Código de Trabajo, el cual estipula:

"Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra las necesidades normales de su hogar en el orden material moral y cultural, el cual se fijará periódicamente, atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones de cada región y de cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o agrícola."

    El artículo 2 de la Ley Nº 832, Creación del Consejo Nacional de Salarios, señala:

"(...)la fijación de los salarios mínimos estará a cargo de un organismo técnico permanente, denominado Consejo Nacional de Salarios, órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social."

    En ese contexto, la presente Administración considera los siguientes principios como prioritarios para el Plan Nacional de Desarrollo en el campo salarial:

• La fijación de salarios mínimos representa el establecimiento de los pisos salariales para diversas categorías ocupacionales de carácter general sobre los cuales el Estado (Ministerio de Trabajo), mediante el Consejo Nacional de Salarios, organismo técnico sobre esta materia, debe fijar salarios mínimos por imperativo legal, de modo que la Administración brinde a los trabajadores la protección necesaria para que no devenguen un salario inferior al mínimo, con el cual afronten sus principales necesidades.

• Las fijaciones salariales constituyen una forma de protección para que la mayoría de trabajadores del sector privado, que por lo general no están organizados y, por lo tanto, carecen de la capacidad negociadora que les permita lograr mejores retribuciones por su trabajo, reciban el respaldo del Estado.

• Las fijaciones salariales sirven como base para que patronos y trabajadores pacten salarios en forma individual o colectiva, a partir del mínimo que determina el Consejo Nacional de Salarios.

• El objetivo principal es garantizar que, por la vía salarial, se cubran en lo posible las necesidades básicas del trabajador y su familia.

    Para cumplir con esos principios se proponen las siguientes acciones:

Actualización del Índice de Precios al Consumidor

   Para las fijaciones y revisiones salariales, uno de los componentes que más pesa en las consideraciones de los sectores representados es el nivel de inflación medido en el Índice de Precios al Consumidor, bien sea el ocurrido en determinado número de meses o el proyectado a períodos semestrales o anuales.

    En ese sentido, la política salarial será definida como una estrategia para el Plan Nacional de Desarrollo y se encaminará a lograr que los incrementos salariales se efectúen de conformidad con la inflación acumulada en los meses anteriores a la fijación, de modo que los trabajadores puedan recuperar, mediante los incrementos salariales, el poder adquisitivo de sus salarios, para no agravar su situación socioeconómica sino más bien tratar de mantener el equilibrio.

    Esta Administración se ha propuesto actualizar y revisar las bases utilizadas para medir el IPC, pues constituye uno de los elementos primordiales tomados en cuenta para las fijaciones salariales.

• Revisiones salariales semestrales y específicas

• Aplicación de los salarios mínimos

El Ministerio de Trabajo, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, se compromete a velar porque se apliquen los incrementos salariales determinados por el Consejo Nacional de Salarios. Para tales efectos, ordenará a los inspectores visitar con mayor frecuencia los centros de trabajo y procurará que se cumpla el pago de los salarios mínimos decretados.

• Campañas de divulgación sobre salarios mínimos

Una de las políticas de esta Administración es efectuar campañas de divulgación sobre salarios mínimos. También se realizarán charlas de capacitación e información a estudiantes de colegios nocturnos, técnicos y vocacionales, de modo que trabajadores y patronos se informen sobre los salarios y que los primeros devenguen lo que les corresponde legalmente.

En ese mismo orden, el Consejo Nacional de Salarios visitará empresas de las áreas metropolitana y rural, para informar sobre los salarios y observar los procesos productivos. Además, se reunirá con trabajadores y patronos de estas empresas, a fin de tener mayores elementos de juicio en la toma de decisiones sobre la materia salarial.