Población indígena
Diagnóstico

 

    No es sino hasta muy recientemente que la diversidad étnica y cultural de nuestro país empieza a ser considerada como una condición necesaria en la consolidación de nuestro sistema democrático, dado que las necesidades de los grupos étnicos recobran importancia y reclaman un espacio en la sociedad nacional como gestores de su desarrollo. Dentro de este grupo encontramos a los indígenas.

    En Costa Rica existen 8 grupos y 24 reservas indígenas, las cuales se encuentran formadas por comunidades diferenciadas por su cultura y su lengua. Actualmente, se mantienen seis lenguas vigentes: bribri, cabécar, guaymí, teribe, brunca (boruca), maleku o guatuso.

    Según datos del INEC (Censo 2000), por primera vez en la historia censal del país se logra identificar la población por grupos étnicos; encontramos que los indígenas representan un 1,7% de la población total del país, es decir, se logró censar un total de 63.876 personas que se identificaron como indígenas.

    La población indígena se encuentra distribuida en todo el país, con una mayor concentración en las provincias de Limón y Puntarenas: el primero con un 7,4%, y el segundo con un 4,2%. La mayoría se ubican en las áreas rurales (79%).

    La cosmovisión de vida de estos pueblos indígenas es diferente de la del resto del país, en particular por las dificultades de acceso por el aislamiento geográfico, la falta de vías de comunicación, su cultura, la lengua, sus condiciones socioeconómicas caracterizadas por mantener altos índices de pobreza, el analfabetismo, y una mortalidad materna e infantil mayor al promedio nacional. En resumen, se trata de las áreas de menor desarrollo social de todo el país, según los estudios elaborados por el MIDEPLAN.

    Aunado a los problemas antes señalados, este grupo de la población se encuentra inmerso en una compleja red de problemas de orden jurídico, político, social, económico y ambiental, que con los años se ha venido agravando y, a pesar de que han contado con una organización social y política a lo interno como pueblos diversos que son, no han podido solucionar sus necesidades básicas.

    La política dirigida a los pueblos indígenas ha sido elaborada y definida por las instituciones estatales, sin una adecuada participación de las comunidades; adicionalmente, las acciones ejecutadas en procura de una solución a sus demandas y necesidades, por parte de las instancias públicas y privadas, han sido aisladas, desarticuladas y dirigidas a la solución de problemas específicos.

    Se ha avanzado muy poco y estos grupos han sido colocados como simples beneficiarios de alguna acción en particular (cedulación, autonomía de territorios, proyectos a corto plazo de vivienda, capacitaciones en salud y otras mínimas) y no como sujetos de su propio desarrollo.

    Existe un desconocimiento de la Ley indígena o falta en su aplicación, así como de los convenios internacionales, la legislación especial y las resoluciones de la Sala Constitucional en esa materia. Es decir, se ha hecho caso omiso a las acciones desde el Derecho Internacional hasta el Derecho de Minoría que se les debe atribuir. Estos primeros formadores de nuestra nacionalidad, al ser los primeros habitantes de nuestro país, requieren con urgencia que se les atiendan sus demandas, aplicando la legislación existente y que se definan las funciones en este campo a las instituciones que tienen acciones dirigidas a su problemática.

    El problema de tierras es un tema fundamental dentro de la problemática de este grupo. El derecho de propiedad sobre los territorios indígenas lleva varios años discutiéndose y, pese a que este tema ha sido desarrollado jurídicamente, en la práctica no ha sido resuelto, por falta de interés o recursos.

    No se ha valorado la importancia de la tierra para los indígenas y el conocimiento que ellos poseen de su uso y aprovechamiento en todo su entorno, por la riqueza que le aportan al país como zonas de amortiguamiento, en plantas medicinales y de conservación de la naturaleza, dada su estrecha relación hombre-naturaleza.

    Se han presentado proyectos de ley que buscan el mejoramiento de la calidad de vida de estos pobladores, pero estas iniciativas han sido archivadas, ya que no han contado con la participación de los pueblos indígenas. El último proyecto de ley fue presentado en la administración pasada, pero al igual que otros fracasó en el intento, por no ser consultado ante la comunidad indígena.

    Por iniciativa de la administración anterior, se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas: por el respeto y la participación de los pueblos indígenas (PNDPI), el cual fue consultado a los pueblos indígenas, quedando pendiente definir el compromiso de acciones por ejecutar en las instituciones responsables de desarrollarlas. Lo que busca este PNDPI es dar una visión global de las necesidades de los pueblos indígenas y, mediante la puesta en marcha de políticas y programas del Estado, solucionar sus principales problemas, procurando mejorar la calidad de vida de los habitantes de esos pueblos, y a su vez legitimar el compromiso de desarrollo con este grupo de población.

    Asimismo, en el año 2000-2001 se ejecutó un Plan de Acción Inmediata en todos los territorios indígenas, por medio de 22 talleres de validación que permitieron alcanzar dos objetivos: el primero, la participación de los pobladores y sus dirigentes en el análisis, la definición y la validación de los problemas que aquejan a la población indígena; y el segundo, la participación, el compromiso y la decisión de las instituciones del Estado en proporcionar solución a los problemas identificados en esas comunidades. La identificación de la problemática indígena recopilada en los talleres se ha incorporado en los planteamientos que establece el PNDPI.

    Una acción fundamental para apoyar a la población indígena ha sido la Directriz Presidencial N° 31 para el establecimiento y seguimiento de las acciones indígenas en las instituciones del Sector Público.

 

                  


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