Diagnóstico Adulto Mayor

Adulto Mayor
Diagnóstico

Costa Rica vive un proceso de envejecimiento de su población, como consecuencia del aumento en la esperanza de vida al nacer; para el año 2000 tenemos que para la mujer es de 80,3 años y para el hombre de 74,8 años. Lo anterior plantea desafíos en la atención de las demandas de esta población en la prestación de servicios de salud, educación, recreación, entre otras, dado que un buen envejecimiento, de acuerdo con lo señalado por la OPS, depende en gran medida de la prevención de las enfermedades y la discapacidad, el mantenimiento de actividades físicas y las funciones cognoscitivas, así como la participación en actividades sociales y productivas.

La población de 65 años y más representa un 5,6% de la población total (213.332 personas). De ellos, un 47% son hombres, y un 53%, mujeres. Por zona geográfica, las personas adultas mayores se ubican en un 64% en zona urbana, y el 36% en zona rural. El cuanto al estado civil de esta población, de acuerdo con los datos del INEC, un 53% tienen su compañera o compañero, ya sea casados o en unión libre, y un 47% están solos, sea por condición de viudos, solteros, separados o divorciados.

A diciembre de 2001, se entregaron 80.334 pensiones del Régimen No Contributivo de Pensiones y, según datos de la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, existen 25.300 adultos mayores pobres no cubiertos por ningún tipo de régimen de pensiones.

Entre los problemas de salud detectados en esta población, se encuentran las enfermedades de los huesos, presión alta y digestivas como las más frecuentes, y discapacidades como la ceguera, sordera y las relacionadas con el sistema nervioso.

En el núcleo familiar, los principales problemas que presentan son: falta de recursos económicos, abandono de sus propios familiares, falta de vivienda, abusos ligados a maltratos físicos y sicológicos. Este tipo de población requiere un tratamiento especial, por lo que es necesario definir políticas con carácter integral, donde se tomen en cuenta las diferencias por condición socioeconómica, geográficas, culturales y de género.

El avance logrado con la promulgación de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor en 1999, sienta las bases para garantizarles la igualdad de oportunidades, al contar con las condiciones que les permitan tener una vida digna en su vejez. Asimismo, esta Ley le asigna la responsabilidad al Estado del cumplimiento de los derechos de esta población.