Vivienda
Diagnóstico
La vivienda es
fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida de los costarricenses y por ello,
su problemática obliga a ejecutar programas que solucionen de manera integral las
limitaciones y deficiencias que se enfrentan en este Sector.
No obstante que el
número de viviendas se incrementó en un 90% entre 1984 al 2000, al pasar de 544.079 a
1.034.893 en el 2000, se mejoró el promedio de ocupantes por vivienda individual de 4,1
para todo el país, que el porcentaje de viviendas en hacinamiento se redujo en un 12%,
los esfuerzos realizados no son suficientes para atender el crecimiento acelerado del
faltante habitacional como faltante cuantitativo y como deterioro de las viviendas
existentes. Aún cuando los datos no son precisos sobre el faltante habitacional, su
atención representa un gran reto al sector vivienda.
CONSIDERACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN DEL FALTANTE
DE VIVIENDA
La precisión del faltante de vivienda resulta
compleja, ya que hay diferentes fuentes, datos, variables y formas de agrupación, que
podrían tomarse como referencia.
Para señalar ejemplos de fuentes que brindan
información sobre el tema, se tienen cifras que proporciona la encuesta de hogares de
propósitos múltiples del Instituto Nacional de Estadísticas y el Censo del 2000, donde
se señala que 337.565 viviendas se encuentran en mal o regular estado.
La Fundación Promotora de la Vivienda (FUPROVI),
sitúa el faltante en 170.233 viviendas, cifra que incluye el faltante natural y el
cualitativo. No obstante esta misma Fundación, señala en otros estudios que deben
incluirse otras variables para determinar un déficit real de vivienda.
Además de considerarse el déficit habitacional
acumulado, debe tenerse presente como referencia la demanda creciente anual, así como la
presencia de extranjeros no censados y con pretensiones de permanecer en el país los que
representan un rubro importante para incorporar en el déficit habitacional.
Se detecta la necesidad entre las diferentes
instituciones del Sector vivienda, así como de otras instancias tanto públicas como
privadas, de coordinar y contar con un sistema integrado que permita procesar y uniformar
información confiable que contribuya a la toma de decisiones, orientar los recursos
disponibles y cuantificar el impacto de los programas en la disminución del faltante
habitacional.
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Según la encuesta de
hogares de propósitos múltiples, del Instituto Nacional de Estadísticas y el Censo del
2000, el 27,3% de las viviendas ocupadas se encuentran en estado físico regular y 13% en
mal estado. Esto indica que parte de los esfuerzos, se deben concentrar en labores de
reparación para que los costarricenses cuenten con vivienda digna.
Asimismo, los
esfuerzos deben focalizarse en la atención de grupos más necesitados; a pesar de que del
total de bonos para vivienda entregados entre mayo de 1998 a diciembre del 2001, el 39%
fueron para mujeres jefas de hogar, el esfuerzo debe continuar, ya que de cada tres
hogares en estado de pobreza en el país, uno tiene una mujer como jefe de familia.
Es necesario una mejor
asignación de bonos para la vivienda en zonas rurales, en las cuales la pobreza es mayor
al 25%. Pese a que en la anterior Administración se entregó en éstas el 71,8% del total
de bonos, se debe mantener esta tendencia, concentrando esfuerzos en las zonas
fronterizas, Puntarenas, Limón y Guanacaste.
La existencia de
tugurios es otro problema que debe enfrentar el Sector, ya que los esfuerzos no han sido
suficientes para erradicar tugurios y precarios. De enero a diciembre del 2001, el
15,8% del total de bonos fueron entregados a familias para erradicación de precarios,
emergencias y extrema necesidad, y según el IX Censo Nacional de Población y V de
Vivienda, en viviendas individuales ocupadas, se encuentran 15.014 clasificadas como
tugurio. La Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos del Ministerio de Vivienda y
Asentamientos Humanos(MIVAH), han censado en el ámbito nacional 371 tugurios (que
representan el 98% de los existentes), ocupados por 36.879 familias, a las cuales habría
que agregar unas 5.000 familias que viven en tugurios individuales, es decir un 4,5% de la
población total del país habita en tugurios.1/
Resulta importante
destacar la significativa presencia de migrantes, especialmente nicaragüenses en los
tugurios, donde se estima que en el año 1998 cerca del 70% de los tugurios en la Gran
Area Metropolitana (GAM) está representado por familias donde al menos uno de los padres
es migrante. En estas cifras debe reconocerse la significativa presencia de nicaragüenses
indocumentados en los tugurios.
Otro aspecto por
resolver es el mejoramiento de la coordinación y la definición de las competencias de
las instituciones del Sector Vivienda, para que el MIVAH dicte las políticas en la
materia, el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) fortalezca el sistema financiero y
el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) actúe como ente ejecutor.
Adicionalmente, se debe establecer una coordinación más estrecha con otras instancias
que ejecutan programas de vivienda; tal es el caso del Instituto de Desarrollo Agrario
(IDA), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS),
la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Sistema Bancario Nacional.
Asimismo, se requiere
crear opciones de financiamiento y estímulo del ahorro y para estos fines, es esencial
fomentar esa cultura de ahorro creando nuevos programas y fortaleciendo la permanencia de
programas como el de Ahorro- Bono-Crédito, en el cual entre el 1° de enero al 30 de
setiembre del 2001 se formalizaron 678 contratos, no obstante, muchas familias no
atendieron el contrato de ahorro establecido de previo y se retiraron. En igual forma, se
requieren también opciones para familias de la clase media, cada vez más reducida y
empobrecida, lo cual limita sus opciones de adquirir vivienda ante el cambio de intereses
por préstamo y los altos costos de los materiales de construcción y de mano de obra.
Así, durante los últimos cinco años el precio de los materiales de construcción
aumentó en promedio un 12,4%, lo cual encarece considerablemente el valor de la
construcción, de allí la necesidad de mantener estables los precios de dichos materiales
para favorecer la construcción de vivienda, especialmente la destinada a los estratos
bajos y medios.
En lo que respecta a
la construcción de viviendas, estas se han caracterizado por ser de tipo horizontal. Se
ha presentado un crecimiento urbano expansivo y lineal, con muy bajas densidades y la
construcción de urbanizaciones se han realizado desvinculados de la planificación
urbana, por lo que se construyen en lugares donde se carece de servicios básicos, en
terrenos no aptos para residir, donde incluso se elimina la vegetación existente, lo que
ha ocasionado, en muchos casos, inundaciones. En el caso específico del Área
Metropolitana, se produce el abandono de la vivienda, excesiva concentración de recursos
y actividades, deterioro de dicho centro y una disfuncionalidad en su crecimiento. Esta
misma situación se presenta en otros centros de ciudades donde se carece de nuevos
esquemas de construcción.
Se ha generado un
crecimiento urbano y habitacional desequilibrado y desordenado. Nuestras ciudades han
crecido sin planificación, producto de la descoordinación institucional y la ausencia de
lineamientos estratégicos y de planificación urbana, lo que provoca impactos negativos
en lo social, ambiental y económico lo cual representa altos costos para el país.
La ley de Planificación Urbana le confiere al Estado, por medio del INVU y de MIDEPLAN,
la obligación de presentar el Plan Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU); igualmente le
establece la obligación de promover el Plan para la Gran Área Metropolitana (GAM), así
como los planes reguladores cantonales. De 1968 a la fecha, el PNDU nunca se ha realizado.
En
cuanto al Plan GAM el primero se dio en 1982 y hoy está desactualizado. Localmente, de
los 81 cantones del país, solo 25 tienen planes reguladores, algunos de ellos están
obsoletos; otros, no se aplican. La institucionalidad del urbanismo, la planificación
urbana y el ordenamiento territorial se debilitaron, se dejó de pensar y, por ende se
dejó de planificar.
La
práctica ha generado una actuación por nichos institucionales, con visiones sectoriales,
sin que haya existido capacidad de coordinar y de aprovechar los recursos. Idéntica
situación se ha dado entre el Gobierno y las municipalidades entre éstas. |
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El resultado de todo
esto se refleja en el estado lamentable de las ciudades del país, donde se ha perdido la
calidad de vida de sus habitantes, y se afectan a la economía nacional, la regional y la
individual por el mal funcionamiento urbano. La inexistencia de planes urbanísticos o la
escasa aplicación de los existentes, ha llevado a prácticas con resultados poco
saludables y con la presencia de grupos de interés muy fuertes que lucran con esta
situación: transportistas y autobuseros, industriales de rótulos y vallas comerciales,
vendedores ambulantes, vendedores de vehículos nuevos y usados, empresas sanitarias,
desarrolladores urbanos, invasores de tierras, constructoras de infraestructura vial,
compañías madereras, algunos usuarios del agua y otros, se favorecen, equivocadamente,
con el modelo urbano existente.
En el Informe final de
los Talleres realizados para la Fase I del PNDU2/, se
enumeran las características que han prevalecido en nuestro desarrollo urbano y
habitacional, entre otras se señalan:
- Desarrollo desequilibrado y desordenado, que
carece de una visión de largo plazo para un desarrollo integral
- No se cuenta con un plan integral de asentamientos
humanos.
- Ausencia de una concepción global del estilo de
desarrollo socioeconómico y cultural del país.
- Los sistemas constructivos que se emplean se emplean en
viviendas de interés social no son integrales ni modulares, lo cual encarece las
soluciones e incrementa los desperdicios.
- Limitados recursos para atacar el problema de desarrollo
habitacional en una forma integral.
- Alta concentración de actividades y recursos en la GAM,
en detrimento de otras zonas del país, principalmente de las zonas rurales.
- Diseños de sitio por lo general no adaptados a las
condiciones naturales del terreno.
- Tendencia a pavimentar innecesariamente y a utilizar
sistemas constructivos pesados, asentados sobre el suelo en toda el área de la vivienda,
lo que genera sellamiento del suelo con grandes concentraciones de agua de lluvia en las
alcantarillas a corto plazo y un incremento repentino y desmesurado del caudal de los
ríos y quebradas, capaz de provocar inundaciones aguas abajo.
- Diseños sin considerar el impacto en la salud que el
entorno y la vivienda tienen sobre el ser humano.
- Ausencia de solución integral al problema de desechos.
- Los recursos disponibles para atender la demanda de
vivienda son insuficientes. El Fondo de Subsidio para la Vivienda (FOSUVI), se ha visto
sujeto a una serie de restricciones en sus recursos.
- Los mecanismos de control en los procesos de adjudicación
de bonos y compra de terrenos y también los de construcción de viviendas son débiles y
esto propicia espacios para actos de corrupción que redundan en perjuicios para los
usuarios.
- Finalmente, se carece de un adecuado plan integral de
asentamientos humanos que considere el asentamiento como un entorno biosocial que
proporciona una adecuada calidad de vida a sus moradores.
1/ Plan Nacional de Vivienda
2002-2006. Pág.5
2/ ITCR, CIVCO, MIVAH. "Plan Nacional de Desarrollo Urbano, Informe
final de los Talleres, Area temática: Vivienda y Asentamientos Humanos". Págs.1 y
2.
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