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Retos y resumen de políticas y acciones estratégicas

	Retos
	Resumen de políticas y acciones estratégicas

La Reforma del Sector Salud ha creado las condiciones administrativas y legales para un quehacer de acuerdo con las necesidades actuales del país, por ello es importante reiniciar el proceso de conducción, regulación y operacionalización del Sector, desde una perspectiva integral y oponer, a las acciones puramente institucionales, acciones sectoriales, en virtud de alcanzar mejoras en las condiciones de vida de la población, sin dejar de lado las responsabilidades y la misión de cada una de las instituciones que lo conforman.

• Mantener y ampliar las coberturas de los servicios a nivel preventivo y de atención a la enfermedad, considerando el nuevo perfil epidemiológico, así como las demandas de los grupos etáreos y temas específicos.

Los indicadores de cobertura de los servicios de salud alcanzados hasta el día de hoy es una obligación moral, no solo el hecho de mantenerlos sino de ampliar los niveles alcanzados como un compromiso de dotar a la población de un derecho real de acceso a la salud. Al mismo tiempo, se requiere enfrentar, de manera creativa y eficaz, los nuevos retos del perfil epidemiológico, sin descuidar la promoción y prevención de las enfermedades infecciosas y parasitarias, que aunque ya no ocupan los primeros lugares en los registros nacionales de la morbilidad y mortalidad, necesitan un sistema de vigilancia permanente para su control y disminución de impacto, si no es posible su erradicación.

    En este contexto, es de especial importancia no solo mantener coberturas nacionales, sino responder a las necesidades de grupos de la población que tienen sus propias especificidades.

• Eficiencia en los servicios de salud que brinda la CCSS

Para una mayor cobertura de los servicios, es deber del Sector Salud suministrarlos, de manera que representen respuestas adecuadas con calidad, oportunidad y calidez a los problemas, cuando estos se presenten. No es posible que una persona enferma deba esperar para ser atendida por problemas de tipo administrativo que pospongan su bienestar físico.

Los problemas de eficiencia en la prestación de los servicios de consulta externa en medicina general y en la especializada, así como los tiempos de espera para cirugías y procedimientos-diagnósticos deben ser atacados de frente. Las personas responsables de realizar biombos deben ser ubicadas y castigadas para salvaguardar el buen nombre de la mayoría de los funcionarios que trabajan en estas instituciones y, al mismo tiempo, se deben erradicar las prácticas corruptas que frenan el desarrollo del sistema, y limitan y coartan los resultados de la Institución.

• Reforzar acciones que conlleven a una protección del medio ambiente y sus distintas presentaciones

El bienestar de las personas no solo se debe al resultado de un adecuado o inadecuado funcionamiento físico, también tiene que ver con su entorno; por ello la protección del medio ambiente es, sin lugar a dudas, un desafío para el campo de la salud. Se necesita implementar una serie de acciones que impacten no solo la cobertura de los servicios de agua para las personas, sino la calidad de esta.

• Estabilidad financiera y sostenibilidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM) en el largo plazo

El envejecimiento de la población constatado estadísticamente, así como las proyecciones de la población que así lo ratifican, generan presión financiera en los sistemas de seguridad social, entre ellos el de pensiones por vejez y muerte. Ante ello, deben realizarse ajustes para alcanzar la estabilidad financiera y la sostenibilidad del RIVM en el largo plazo, mediante una política que incluya un sistema equilibrado entre el financiamiento, los requisitos, los beneficios y la maximización en el rendimiento de las inversiones.

Resumen de políticas y acciones estratégicas

    Si se comparan décadas anteriores, existe diferencia en los retos por enfrentar. Se requiere mantener las coberturas de los servicios y buscar su universalización, pero el gran desafío es lograr la eficiencia y calidez de los servicios al promover acciones que conlleven a un mayor bienestar de las personas, desde la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Desde esta perspectiva, a la vez que la reforma del Sector Salud ha creado las condiciones administrativas y legales para un quehacer basado en las necesidades actuales, la Administración del Presidente Pacheco propone reactivar los mecanismos de coordinación sectorial, los cuales fungirán como espacios de dirección y revisión permanente de las políticas y acciones que atañen directa e indirectamente la salud. Para ello, al finalizar el año 2003 se contará con la guía Política Nacional de Salud, donde se brindarán los lineamientos de salud pública para todo el país y un sistema con información oportuna y confiable que sirva como base para la toma de decisiones, tarea que si bien es cierto dependerá de la sinergia que se genere entre todas las instituciones del sector, la coordinación y conducción es responsabilidad del Ministerio de Salud.

    Asimismo, este Ministerio, como institución rectora del sector y en su función de regulador y conductor de los servicios de salud que se brindan en el país, debe ejecutar la política de regulación de los servicios que brindan los establecimientos de salud y afines, en cuanto a calidad y seguridad , donde destacan las acciones de acreditación y habilitación que se llevan a cabo a partir de estándares internacionales.

    Aunado a los mecanismos e instrumentos de orden técnico-político, también es necesario invertir en el recurso humano para alcanzar no solo eficiencia en los servicios sino eficacia y calidez. Para ello se programaron capacitaciones en diferentes temas a fin de ofrecerles a los funcionarios más herramientas para impactar positivamente en los servicios que brindan a la población.

    Con el propósito de universalizar los servicios de atención que brinda la CCSS y así obtener mayor cobertura de población y territorialidad, se presentan tres políticas específicas:

• Fortalecimiento de la promoción de la salud mediante estilos de vida saludables: Se destaca el Plan Nacional de Promoción de la Salud que se aplicará en todos los establecimientos de la CCSS, y el programa Actividad física como medio de prevención y tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles.

• Fortalecimiento de los servicios preventivos: Esta política se opera principalmente mediante los EBAIS, los cuales desarrollan acciones en temas específicos como violencia intrafamiliar, mortalidad infantil y materna, y atienden grupos de la población con características especiales.

• Atención de la enfermedad mediante servicios oportunos y de calidad: dirigido tanto a la atención de la morbilidad como al descongestionamiento de los servicios. Durante los últimos años se concretaron acciones para ampliar los servicios de prevención, iniciando desde las áreas rurales.

    El interés se centra en la consolidación de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) existentes. Esto requerirá no solo completar la dotación del recurso humano y el equipamiento necesario, sino avanzar en la construcción y conformación de los que hacen falta, para después aplicar acciones que eleven el nivel resolutivo de estos establecimientos en la misión de promocionar la salud y prevenir la enfermedad. Lo anterior no solo elevaría la cobertura de servicios en un 100% del territorio nacional, mediante los EBAIS, sino que, por ser más eficientes y eficaces, los niveles subsiguientes de atención más compleja, como las clínicas y los hospitales, tendrían mayor descongestionamiento. Estas políticas nos llevarían a contar, en el 2005, con novecientos EBAIS, conformados, equipados y evaluados con el recurso humano mínimo indispensable, y ofrecer servicio a diferentes grupos etáreos en temas específicos como salud sexual y reproductiva, discapacidad, violencia intrafamiliar, vigilancia epidemiológica, alimentación y nutrición e inmunizaciones, entre otros.

    Al mismo tiempo se ejecutarán acciones dirigidas a dotar de mejor infraestructura a los establecimientos de salud donde se atiende a las personas víctimas de la enfermedad. Desde esta perspectiva, se construirán veinticuatro obras de mejoramiento en los diferentes hospitales, con una inversión de ¢19.067 millones; siete clínicas que estarán listas en el año 2005, con un costo de ¢4.041 millones, las cuales cubrirán las poblaciones de San Marcos de Tarrazú, Orotina, Quepos, Santa Cruz, y Paraíso; Siquirres y Santo Domingo de Heredia, y poblaciones indígenas como Upala, San Vito, Buenos Aires y Puriscal. Asimismo, se construirán los hospitales regionales de Alajuela, Liberia y Heredia, y se espera concluirlos en el 2003, 2005 y 2006 respectivamente, por un monto de ¢37.800 millones. Estos hospitales tienen como objetivo reemplazar y/o ampliar los servicios que actualmente se brindan en estas zonas.

    Aunado al esfuerzo de mejores condiciones de infraestructura para brindar los servicios de salud, la política gubernamental también busca enfrentar los retos del perfil epidemiológico que tiene características diferentes y por tanto requiere respuestas institucionales distintas.

    Si se parte de la referencia científica acerca de la relación de las enfermedades del aparato circulatorio con las "formas modernas de vida": sedentarismo, dietas no balanceadas, fatiga física y emocional y espacios de trabajo y diversión con diversos tipos de contaminación, se plantean acciones que ponen especial énfasis en la promoción de estilos saludables de vida; por ejemplo, promover, en los niveles locales, la actividad física como un elemento central de prevención de las enfermedades. Por ello, durante la presente Administración, el Instituto Costarricense del Deporte y de la Recreación desempeña un papel determinante en el Sector Salud, lo cual generó que sus planteamientos se integraran como respuesta institucional, particularmente en la promoción de la salud.

    También se contempla la elaboración y ejecución de un plan para la Promoción de la Salud, cuya meta es la cobertura del 100% de los establecimientos públicos de salud para el 2005, así como de programas de atención directa en la CCSS para las personas cuya prevención haya sido tardía. Es decir, para el año 2003 se habrán definido las prioridades clínicas de cáncer y de las enfermedades coronarias en el territorio nacional y se deberán tener previstas las acciones de atención especializada.

    Respecto a la incidencia de tumores, se prevé un enfrentamiento de tipo preventivo, donde la educación, las acciones preventivas, así como los exámenes periódicos con resultados oportunos y de contundente confiabilidad serán de vital importancia. Las metas propuestas para la prevención del cáncer de mama pretenden cubrir un 60% de la población riesgo por medio de ultrasonido y, para el cáncer de cérvix, reducir el número de días para la lectura de las citologías, que actualmente oscila entre noventa y setenta y cinco días, ya que para el año 2005 se pretende que el tiempo máximo de espera sea de treinta días.

    En cuanto a la violencia intrafamiliar (VIF), un ámbito donde debe trabajar la sociedad en su conjunto y por tanto la institucionalidad gubernamental, el Sector Salud ejecutará programas integrales de prevención y atención integral. Para el año 2004 se aplicarán normas de atención integral contra la violencia intrafamiliar en todos los establecimientos de salud; asimismo, habrá una participación decidida en las redes locales sobre las acciones de promoción y prevención de la VIF.

    Para enfrentar los retos de eficiencia en los servicios, durante este período se trabajará en tres líneas:

• La primera se dirigirá a descongestionar los servicios mediante acciones que impacten a nivel técnico, como la creación e implementación del expediente electrónico, que comprenderá las áreas de consulta externa, hospitalización y servicios de apoyo, así como del sistema informatizado de citas. Se espera que para el 2005 esté funcionando el expediente electrónico en un 85% de los establecimientos de salud y el sistema informatizado de citas en todos estos establecimientos. Ambos proyectos tienen como objetivo que los trámites sean más expeditos y que en los servicios de consulta con los especialistas las personas puedan ser atendidas en un tiempo inferior a los noventa días, a fin de impactar positivamente en la gestión de los servicios.

Al mismo tiempo, para disminuir las largas filas de espera durante las madrugadas y obtener atención médica en medicina general, se implantará el proyecto de línea telefónica gratuita mediante el cual se asignarán las citas; en los primeros tres años, en ocho clínicas y ocho hospitales de San José y en el 2006 en seis hospitales más: Alajuela, Heredia, Golfito, Pérez Zeledón, Ciudad Neilly y San Vito.

Para las citas en cirugía se fortalece el programa de cirugías ambulatorias, el cual permitirá atender un mayor número de operaciones bajo este sistema. La meta es pasar de un 20% de las cirugías que se realizan, mediante este sistema, a un 45% en el 2005.

• La segunda línea es el empoderamiento de los usuarios de los servicios de la CCSS, para que reconozcan y reclamen sus derechos y deberes, así como sensibilizar al funcionario e informarle acerca de sus obligaciones, con el propósito de que cumplan con los derechos de los usuarios de forma espontánea y leal. En esta misma línea, se fortalecerán las Contralorías de Servicios en las dependencias de la CCSS, las cuales se aumentarán a ciento treinta, con el fin de atender efectivamente las inquietudes. También se hará un monitoreo en todos los niveles de la gestión institucional a fin de conocer el grado de satisfacción del cliente y la calidad de los servicios brindados. A la vez funcionarán ciento treinta y cinco Juntas de Salud, cuyo objetivo es la participación ciudadana en los procesos de vigilancia durante la prestación de los servicios de salud a nivel local.

• Como respuesta a varias denuncias y comentarios relacionados con el accionar encubierto de servicios prestados por equipos de profesionales en salud, que en horarios e instalaciones de la CCSS incurren en actos ilegales en beneficio propio, para "saltarse las listas de espera" y brindar servicios de salud a clientes personales, lo que afecta no solo las finanzas de la institución, sino los derechos de las personas aseguradas y particularmente a la población que por no tener opción para comprar servicios médicos privados ve truncado el derecho a disfrutar de servicios ágiles y oportunos, se está gestionando presentar a la Asamblea Legislativa, en el año 2003, el proyecto de ley Delitos contra la seguridad social, como un nuevo capítulo a incorporar en la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y que pretende combatir este tipo de corrupción, por medio de mecanismos de control y sanciones para los trabajadores de la salud que vendan servicios utilizando capacidad instalada y tiempo laboral de la CCSS; además contempla, como excepción para efectos penales, el reconocimiento de "calidad de víctima del asegurado que es sujeto de cualquiera de aquellas conductas corruptas, con ocasión de sus necesidades de recibir, para sí o para sus familiares cercanos, los servicios de la salud de la CCSS", y por ello gratifique, pague u otorgue cualquier tipo de ventaja o la promesa de ellas a un funcionario de la Caja por la prestación de los servicios.

Esta ley busca abrir el espacio legal para que la persona que incurra en el pago a funcionarios públicos del Sector Salud, en la búsqueda de mejoramiento de su salud o de terceros, la estructura jurídica lo asuma no como un actor más del delito sino más bien como una acción desesperada, donde media la defensa de la salud y en ocasiones la vida, y por ello actúa en legítima defensa, quedando absuelto del delito y con la potestad de hacer la denuncia a las autoridades correspondientes. Dicha modificación significaría no aplicar el delito tipificado en la Sección II, artículo 345 del Código Penal, figura reconocida como penalidad del corruptor.

    En relación con el quehacer de protección del medio ambiente, se pondrá énfasis en la educación ambiental principalmente en el tema de las aguas, al organizar el marco legal con una moderna Ley de aguas que sustituya la actual, que data de 1942. Asimismo, se enfrentarán los diferentes tipos de contaminación que afectan la salud de los y las costarricenses.

    Se reforzará la cultura de educación ambiental dirigida a todos los sectores de la sociedad, la cual será impulsada por una Comisión intersectorial e interinstitucional en ambiente y educación, con temas como técnicas de reciclaje, manejo seguro de los desechos peligrosos en el hogar, saneamiento ambiental y estilos de vida saludables.

    En el marco del Consejo Nacional de Aguas, cuyo objetivo es la armonización de las políticas públicas, se impulsará no solo la integración del quehacer institucional sino la revisión y modernización del marco legal en cuanto al tema del agua, con el fin de obtener un mejor y mayor manejo de este preciado líquido.

    Se fortalecerá y ampliará el Sistema de Acueductos, mediante el cual se busca alcanzar una mayor cobertura de agua potable para la población, pasando de un 76%, registrado en diciembre de 2001, a un 89% en el 2006 a nivel nacional. En el área rural se espera un 2% de incremento sobre el 91% de la población. Entre los proyectos por completar están el de las ciudades de Guápiles y Guácimo, que será concluido en el 2004 con una inversión de ¢1.605 millones; así como el impulso en la gestión de acueductos rurales, fortaleciendo, entre otros, la constitución de Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS) y las firmas de Convenios de Delegación, para que en los niveles locales la ciudadanía se haga cargo de la administración de dichos acueductos.

    El sistema de alcantarillado también se fortalecerá y ampliará. Por medio de este sistema se busca elevar el nivel de recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales. Para cumplir con este propósito, conjuntamente con la construcción de colectores y subcolectores que conectarán las áreas que tienen alcantarillado sin uso, se iniciará la ejecución del proyecto para la ciudad de San José, con una inversión en el período de ¢18.700 millones. Este proyecto modificará la cobertura de población del Área Metropolitana con alcantarillado sanitario, pasando del 46% actual a un 52% en el 2006. En la ciudad de Limón se está construyendo el proyecto de tratamiento de aguas negras, denominado Emisario Submarino, el cual tiene un costo de ¢1.594 millones y se concluirá en el 2003.

    En cuanto a la lucha contra la contaminación, el Ministerio de Salud impulsará el programa "Desarrollo de herramientas legales para apoyar la gestión y el control de los contaminantes ambientales". En un esfuerzo interinstitucional, se pondrá en ejecución el proyecto "San José limpio para el mejoramiento de la calidad del aire", el cual tiene como meta, para el 2006, una red completa de estaciones de monitoreo que funcionarán continua y permanentemente, y la inversión será de un millón de dólares por año. También se impulsará el sistema de mediciones obligatorias sobre calidad del aire en los recintos de trabajo, el cual cubrirá el 70% de los establecimientos de alto riesgo.

    Para el tratamiento de los desechos sólidos, se incrementará la cobertura de cantones que cuenten con planes municipales para el manejo de estos desechos y se pasará de un 20% en el 2002 a un 75% en el 2006.

    En cuanto a las acciones de seguridad social, se requiere revisar, de manera conjunta, la edad mínima de jubilación, los niveles de cotización, el salario de referencia, las tasas de reemplazo y la revalorización de las pensiones reconocidas. Asimismo, retomar lo dispuesto en la Ley de Protección al Trabajador, en el sentido de establecer los mecanismos para ampliar la cobertura del RIVM como principal sistema de solidaridad en la protección de los trabajadores.

    La CCSS presenta la política de fortalecimiento de la seguridad social y el fortalecimiento financiero:

• Elaborar un plan estratégico del SICERE, que responda a las necesidades de recaudación de los aportes por pensiones, el traslado de recursos e información, con el propósito de que en los años 2004 y 2005 se pueda implementar y evaluar su accionar.

• Introducir medidas innovadoras en el Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte, con el fin de buscar la sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazos, aunado al establecimiento de controles legales para evitar la morosidad en el pago de las cuotas obrero-patronales, con el propósito de llevar a un 1% la tasa de morosidad que actualmente registra 3,3%.

• Reducir la evasión de estos pagos mediante el establecimiento de programas de fiscalización, focalizados según zonas geográficas, actividades económicas y grupos poblacionales; que se espera que generen un aumento significativo de ¢3.628,94 millones registrado en el 2002 a ¢20.358,72 millones en el 2006.

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