Los retos que tiene el país respecto a la población migrante se dividen en dos líneas principales, una que tiene que ver con una política integral para la distribución socioterritorial y la otra en función de mejorar las condiciones de vida de este sector de la población que habita nuestro país:

Formulación de políticas integrales tomando en cuenta su distribución socioterritorial

    El asentamiento de los inmigrantes en pobreza y pobreza extrema se está produciendo principalmente en áreas muy vulnerables, con bajo soporte de servicios, además en suburbios pobres de la capital y también en ciudades secundarias, donde se agudizan problemas de hacinamiento, bajos ingresos, inseguridad ciudadana y reproducción de condiciones de riesgo social para los grupos más vulnerables, es decir, con baja calidad de vida en general.

    Las principales áreas son: Upala, Guatuso y Los Chiles, San José (La Carpio, Pavas, León XIII, Hatillo, San Sebastián y otros cantones periféricos como Alajuelita y Desamparados).

    La presencia de población migrante en estas áreas incide sobre la calidad de vida local, lo que es evidente en el informe del Índice de Desarrollo Social (MIDEPLAN 2001) y el Indicador de Rezago Social elaborado por el INEC en cantones y distritos en el 2002.

    Debido al impacto relevante en los servicios públicos, el tema migratorio debe considerarse en los diferentes asuntos de intervención estatal como salud, educación, vivienda y seguridad, entre otros, que coadyuven a una perspectiva integral del fenómeno.

    Al respecto, el Consejo Nacional de Migración tiene como meta para el período definir una nueva política migratoria que ordene y controle los flujos migratorios. Esta acción se ve reflejada en el acápite de seguridad ciudadana.

Paralelamente, el Estado tiene como responsabilidad enfrentar la demanda que genera esta población a partir de sus carencias.

Mejorar las condiciones de vida de la población migrante

    Este reto conlleva a realizar esfuerzos en diferentes ámbitos:

• Acceso al mercado laboral respetando sus derechos

Según un estudio elaborado por la Pastoral Social de Costa Rica (Caritas) en el 2001, se trata de una inmigración estrictamente laboral, compuesta por personas en edad plenamente productiva y reproductiva, entre los 20 y los cuarenta años, en su mayoría varones, pero con una tendencia muy alta hacia la feminización, pues el porcentaje de mujeres que presentó sus documentos fue del 46% en el 2001.

Según el informe del Estado de la Nación, en 1984 un 42% de los inmigrantes nicaragüenses se ocupaba en agricultura, ya en 1997 solamente participaba en esta actividad un 21%. Esto se asocia con un cambio en el mercado laboral, donde este grupo ha pasado a tener presencia en ramas de actividades no agrícolas: comercio, servicios, industria y construcción. Además, la fuerza de trabajo de esta población compite con la nacional y en la mayoría de los casos se traduce en una competencia desleal, debido a las reducidas condiciones salariales y laborales que ellos están dispuestos a aceptar.

En el estudio se recalca que el problema se origina en el momento cuando la inmigración comienza a sobrepasar las posibilidades productivas y sociales del país para integrar a toda esta población, y podría ser que el país ya está muy cerca de ese límite o que ya lo haya alcanzado.

• Servicios de salud

Según la encuesta realizada por el Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica en el año 2000, con 1.612 mujeres (1.029 mujeres ticas y 583 nicaragüenses), las nicaragüenses usan considerablemente los servicios de salud del país, pero en menor grado que las costarricenses: el 66% (frenta a un 83%) consultó un médico en el último año; el 59% (frente a un 83%) tuvo un control prenatal adecuado, y el 91% (frente a un 96%) tuvo atención profesional al parto.

Además, el Informe del Estado de la Nación indica que se está recibiendo una población (la nicaragüense) que también presenta tasas de natalidad y fecundidad bastante elevadas; de hecho, se calcula que esos indicadores en Nicaragua están entre los promedios más altos de América Latina. Esa situación se relaciona también con la reaparición de enfermedades que habían sido erradicadas, como la malaria, que se presenta en cantones fronterizos y en centros geográficos donde la utilización de mano de obra inmigrante es muy alta. En algunos centros de población igualmente se presenta una alta incidencia de mortalidad por causas atribuibles a la pobreza, como las enfermedades diarreicas en niños, más altas que el promedio nacional en Los Chiles y Sarapiquí, dos cantones de alta presencia de extranjeros, y también altas tasas de mortalidad infantil, por encima del promedio nacional en todos los cantones, con excepción de San Carlos.

La misma inseguridad del estatus migratorio propicia que los inmigrantes rehúyan los programas de control sanitario, e incluso eludan los servicios de atención médica en casos de enfermedad, y solo acudan a ellos en situaciones de emergencia, para la atención del parto en las mujeres y en caso de accidentes laborales graves.

En relación con los servicios de salud, el estudio realizado por la Caja Costarricense de Seguro Social "Estimación del costo de atención de los Extranjeros en los Servicios de Salud", realizado en julio de 2002, muestra que durante el año 2001 la mayor utilización de los servicios médicos que demandaron los extranjeros se destinaba a los nacidos en la región centroamericana, especialmente nicaragüenses, y le costaron a la institución la suma ¢13.344,03 millones en ese año. Se estima que el costo de la atención de extranjeros representó en el año 2001 aproximadamente el 5% del gasto total del seguro en salud. El estudio también señalaba que del servicio de gineco-obstetricia fue donde más pacientes extranjeros egresaron, igualmente se dio un aumento significativo en los servicios de emergencia de los hospitales donde se reciben extranjeros en condición regular o irregular.

• Servicios de educación

En materia educativa, nuestro ordenamiento jurídico garantiza como un derecho fundamental la educación sin ninguna discriminación respecto a persona o a un sector de personas determinado. En este contexto, todos los hijos de la población migrante, en situación regular o irregular, tienen acceso a la educación en igualdad de condiciones a los nacionales.

Según el Sexto Informe del Estado de la Nación (1999), existe un mayor asentamiento de los migrantes en el territorio nacional, con el consiguiente proceso de reunificación de familias, además de un notable incremento en la población nacida en Costa Rica de madres nicaragüenses (12,3% del total de nacimientos en 1999). Este incremento de la población infantil y adolescente provoca un impacto en los servicios públicos de educación y salud, pues estarían generando una mayor demanda.

Según estudios del Ministerio de Educación, en el año 2001 la inversión directa en esta población ascendió a más de ¢ 3 600 millones de colones.

El estudio de la Universidad de Costa Rica también detalla que un 40% de los inmigrantes nicaragüenses tienen edades entre los 15 y los 29 años. Un poco menos de un 25% se encuentran entre los 30 y los 44 años. En cuanto a los niveles de instrucción, cerca del 51% de los inmigrantes tiene primaria incompleta o menos.

• Condición habitacional

En la última década, el déficit se ha incrementado a partir de la presencia de un importante contingente de familias migrantes, provenientes sobre todo de Nicaragua.

En el documento del Plan Nacional de Vivienda 2002-2006, se indican una serie de problemas:

• Un incremento del déficit habitacional

• Una significativa presencia en los tugurios. De hecho, estimaciones de CERCA/UNCHS-Habitat, en el año 1998, señalan que cerca del 70% del tugurio en la Gran Área Metropolitana está representado por familias donde al menos uno de los padres es migrante. A escala nacional, esto implica que al menos en un 50% del total de familias en tugurio hay presencia de migrantes.

• Un porcentaje significativo de esta población está indocumentada, lo que dificulta o limita cualquier posibilidad de atención dentro de los parámetros del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.

• Incrementa la presión sobre los recursos dentro del Sistema sin que haya habido apoyo internacional para la atención de estas familias.

• El problema migrante tiene un rostro costarricense. En un alto porcentaje de los hogares de migrantes hay presencia de hijos nacidos en Costa Rica, asimismo, en muchos de ellos, al menos uno de los padres es costarricense.

El Censo Nacional del año 2000 señala en ese sentido:

    "Es de interés destacar el caso de los nicaragüenses, quienes en el 2000 alcanzaron un total de 226,374 personas. Esto significa que la población nacida en Nicaragua y radicada en el país es un 5,9 por ciento de la población total y un 76,4 por ciento de los inmigrantes internacionales. El incremento de los inmigrantes, y en especial de los nicaragüenses, explica por qué la tasa de crecimiento intercensal de la población del país en el período 1984-2000 fue mucho mayor que la esperada de acuerdo con la tendencia histórica y el crecimiento vegetativo".

Sin embargo, es necesario considerar que el Censo solo incluyó a las personas con seis o más meses de residencia en el país y podría no contemplar a la mayoría de inmigrantes indocumentados.

El documento del Plan Nacional de Vivienda 2002-2006 señala que existirían entre 73,626 y 103.626 mil nicaragüenses no censados; considerando un promedio censal de 4,1 personas por familia, representan entre 17.958 a 25.275 familias, la mayoría de las cuales tienen pretensiones de quedarse en el país, lo que hace que el déficit habitacional ascienda a alrededor de 190.000 viviendas.

• Atención de la mujer migrante

La elevada presencia de mujeres introduce la problemática crucial del género en sus diversas dimensiones. En el caso de la población inmigrante nicaragüense, el 51,1% son mujeres, y el 48,9% son hombres (Sexto Informe del Estado de la Nación,1999).

Además, según la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva y Migración de 1999-2000, elaborada por el Centro Centroamericano de Población de la UCR, se encontró que la tasa de fecundidad general de las nicaragüenses en Costa Rica es un 40% mayor que la tasa correspondiente a las costarricenses. Se estimó que para mediados de 1998 se encontraban en el país aproximadamente 315.000 personas nacidas en Nicaragua, de los cuales, según el estudio, hay aproximadamente un total de 93.000 mujeres en edad fértil, casi una cuarta parte de ellas tiene entre 20 y 24 años, y la mayor parte (el 57%) vive en unión libre.

De acuerdo con cifras de la Dirección General de Estadística y Censos, de cada 100 nacimientos registrados en el país en 1994, 6 corresponden a madres nicaragüenses. Es de esperar que esta relación se elevara siguiendo la tendencia de los últimos años. La tasa de fecundidad global implícita señala que en promedio las mujeres nicaragüenses residentes en Costa Rica tienen 4,5 hijos por mujer, lo cual refleja que la población nicaragüense inmigrante traslada al país las tendencias demográficas que han caracterizado a Nicaragua durante las últimas décadas.

De la población migrante colombiana, se calcula oficialmente que el país alberga a cerca de 6 mil colombianos que legal o ilegalmente han ingresado a territorio nacional. Pero según cálculos de organizaciones no gubernamentales, la llegada masiva de inmigrantes posterior eleva esa cantidad hasta unos 50.000, de los cuales no se ha definido el porcentaje de mujeres, aunque puede ser representativo.

Atender los problemas de salud reproductiva de las mujeres migrantes es un reto que el Sector Salud está enfrentando, ya que la mayor demanda de atención médica se centra en este punto, para lo cual debe considerar no solo a las mujeres migrantes debidamente documentadas, sino a la población de mujeres que permanecen en el país en condición irregular y que no asisten a consultas de control.

• Atención de la migración irregular

La tendencia creciente de la inmigración indocumentada queda de manifiesto en el incremento de la cantidad de rechazos reportados por las autoridades de migración. Según el Sexto Informe del Estado de la Nación (1999), del total de rechazos reportados en 1997, que alcanzó la cifra de 22.671, los nicaragüenses fueron el 98,8%, con un total de 22.392 casos. En años recientes esta situación puede no haber variado, ya que la situación socioeconómica de ciertos países como Nicaragua y Colombia ha empeorado.

Como se indica en el diagnóstico del PND, el desafío será diseñar un sistema de control migratorio que permita contener el movimiento ilegal, pero al mismo tiempo impulsar migraciones que permitan el desarrollo económico y social del país.

La experiencia de la amnistía migratoria que se dio entre el 1 de febrero y el 31 de julio de 1999 permitió que entre 170.000 y 200.000 foráneos legalizaran su situación, mayoritariamente nicaragüenses, y durante el año 2001 se deportaron 70.000 personas que estaban en condición irregular (datos del Ministerio de Seguridad Pública).

Por las condiciones que generan su situación migratoria irregular,   esa fuerza laboral permite el establecimiento de un extendido régimen laboral donde predominan los bajos salarios, la inestabilidad en el puesto de trabajo, la subcontratación de mano de obra y la evasión del pago de las responsabilidades que la ley exige a los patronos para las prestaciones de salud.

• Cooperación internacional para la atención de migrantes

La cooperación regional e internacional es un elemento esencial para mejorar la eficacia de las medidas contra el tráfico de migrantes; además, para que las políticas sean consistentes con un abordaje global, necesariamente requieren un marco político internacional para confrontar esta situación.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la migración irregular y el tráfico de migrantes desde América Central y a través de ella, tiene consecuencias potencialmente graves: los derechos y la seguridad de los individuos están bajo amenaza. A nivel comunitario y nacional aparecen los problemas sociales, políticos y económicos, y en el foro internacional, pueden comprometer las relaciones entre los Estados.

Para la atención de la población migrante, el PND contempla un conjunto de políticas y acciones específicas relacionadas con los siguientes aspectos: