Niñez y Adolescencia
Retos y resumen de políticas y acciones estratégicas
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Retos |
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Resumen de políticas y acciones estratégicas |
En gran medida, los avances obtenidos por el Estado costarricense en la atención a la infancia, le han permitido alcanzar importantes logros en el ámbito del desarrollo social, que lo colocan dentro de los países con un destacado nivel de desarrollo humano; no obstante, persisten puntos críticos que atentan contra el desarrollo adecuado de las actuales y futuras generaciones. Por lo tanto, se requiere dar un salto cualitativo a nivel institucional para superar estos puntos y, en esta dirección, el abordaje de esos problemas se convierte en un desafío para la presente Administración.
Reducir la incidencia de embarazos en las adolescentes
El embarazo en las adolescentes es un problema creciente. En el año 2001, un 20,2% de los partos ocurrieron en mujeres menores de 19 años, en cifras absolutas representan a 14.860 adolescentes; el 80% de ellas están fuera de matrimonio. En términos geográficos, Limón, Puntarenas y Guanacaste son las provincias con una mayor incidencia en esta problemática.
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Datos suministrados por el Programa de Atención Integral al Adolescente (PAIA) señalan que en el año 2001, la mortalidad infantil para este grupo presentó una tasa de 15 por mil, mientras que el promedio nacional fue de 12,6 por mil; en términos porcentuales significa que el 25% de las muertes de niños o niñas ocurren en adolescentes. |
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Según las investigaciones, el bajo peso al nacer es un factor de riesgo que se presentó en el 60% de fallecidos en adolescentes madres, en el período 1998-2000. Del total de ellas, con registro de una muerte infantil, el 52,0% viven en hogares en condiciones de pobreza.1/
El Estado cuenta con diversos programas para dar respuesta a las necesidades de las adolescentes madres. Se puede mencionar el Programa Construyendo Oportunidades, orientado a brindarles una atención integral, que incluye un subsidio económico, capacitación laboral, servicios de salud y fortalecimiento personal. De acuerdo con datos del IMAS, en el año 2001 se atendieron 4.825 adolescentes. Como parte del Programa, se ejecuta el Plan de Capacitación Técnica en Áreas No Tradicionales y Competitivas, en convenio entre el PANI, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y la Universidad Nacional (UNA), con lo que se beneficiaron 3.382 madres adolescentes en el año 2001. En ese lapso también ocurrieron aproximadamente 15.000 nacimientos de adolescentes; eso significa que solo una de cada tres de ellas están incorporadas al Programa.
Como complemento a esas acciones, el PANI brinda apoyo y subsidia a organizaciones no gubernamentales que atienden a madres adolescentes que no cuentan con vínculo familiar, pero la cobertura continúa siendo pequeña.
En el ámbito de la prevención, se desarrollan diversas acciones: la Ley de Paternidad Responsable impulsa campañas educativas en el campo de la paternidad responsable; el Programa de Atención Integral al Adolescente (PAIA), ejecutado por la CCSS, promueve acciones de educación sexual y, por su parte, en el año 2001, el Consejo Superior de Educación aprobó la política "Educación Integral de la Expresión de la Sexualidad Humana", que garantiza el desarrollo de la educación de la sexualidad en el sistema educativo, en todos sus niveles y modalidades, pero aún no se ha operacionalizado.
En la medida en que los recursos del Estado siempre sean escasos para atender la problemática, es relevante fortalecer los esfuerzos en el campo de la prevención, procurando que lleguen tanto a los grupos de adolescentes que se encuentran insertos en el sistema educativo como a aquellos que no se encuentran vinculados a él.
Erradicar la explotación sexual comercial
La Convención de los Derechos de los Niños compromete al Gobierno de Costa Rica a tomar medidas para proteger la niñez contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. La ESCNNA2/ afecta, de manera sustancial, el ejercicio de los derechos fundamentales de la población menor de edad; se le puede definir como la utilización sexual de personas menores de edad, donde media un beneficio económico o en especie para ellos y/o la persona intermediaria. El comercio sexual se manifiesta bajo formas diferentes, como la venta y el tráfico, la pornografía o la realización de actividades sexuales que se remuneran en dinero u otro tipo de regalías.3/
Las causas por las que las personas menores de edad se ven involucradas en esta actividad, son variadas y complejas. Van desde la desintegración familiar y la violencia intrafamiliar, así como las carencias socioeconómicas en que se encuentran –frente al espejismo de una vida mejor, ofrecida por los proxenetas– hasta el desgaste o distorsión de valores transmitidos en los medios de comunicación colectiva, que invitan al consumo desmedido. También inciden arraigados patrones culturales propios de una sociedad de estructura patriarcal, que ubica a la niñez y a la mujer en un nivel de inferioridad con respecto al varón adulto, quien las mira como un objeto de su posesión.4/
En el país no existen datos estadísticos veraces que cuantifiquen el número de víctimas de estas actividades delictivas, como tampoco el número de quienes demandan este mal llamado "servicio", sus intermediarios y otros cómplices insertos en la cadena del comercio sexual con personas menores de edad. Aunque se dispone de valiosa información, una proyección cercana a la realidad no es posible. Se han citado datos que muestran variaciones muy importantes y carecen, hasta la fecha, de fundamento científico, por ejemplo, el Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica cita 2.000 adolescentes víctimas, en tanto el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el documento Práctica de los Derechos Humanos, se refiere a 3.000 casos. En términos de atención institucional, el PANI atendió al mes de setiembre del 2002 a 115 niñas víctimas de la ESCNNA; también de mayo a setiembre del 2001 se habían recibido un total de 156 denuncias de explotación sexual en la Fiscalía de Delitos Sexuales.
Una situación que agrava la problemática de la ESCNNA es que esta actividad se desarrolla al amparo de redes u organizaciones delictivas altamente especializadas y con soportes tecnológicos de avanzada, en las que participan diversos actores, incluida la familia, taxistas y propietarios de hoteles.5/
Desde mediados de los años noventa, se han generado esfuerzos por parte de las OG, ONG y Agencias de Cooperación Internacional en torno a esta grave situación. Estas iniciativas se han plasmado en una mayor visibilización de este complejo problema social, en adecuaciones de la legislación nacional, así como en la creación de mecanismos de denuncia, prevención y atención de los casos de personas menores de edad explotadas sexualmente con fines comerciales.
El PANI ha intervenido para garantizar una atención integral y subvencionó aproximadamente a 40 mujeres adolescentes que decidieron acogerse a este beneficio. En el año 2001, el PANI y el Ministerio de Seguridad Pública realizaron 158 operativos represivos y preventivos en el Área Metropolitana. Bajo la coordinación de UNICEF se elabora un Sistema Nacional de Atención Integral, que incluye: a) la detección temprana de víctimas; b) la protección contra la ESCNNA y la restauración de todo el sistema de derechos; c) la reducción de las consecuencias de la ESCNNA y d) el seguimiento de la efectividad de las acciones que garanticen la protección y reducción de consecuencias; e) mecanismos, normas y procedimientos para la detección temprana, de los indicadores de alta y baja probabilidad, definición del sistema, y mecanismos de denuncia, referencias y contrarreferencias.
Se han realizado campañas nacionales y locales, entre las que se cuenta con la página web www.costaricaenlucha.com, orientada a crear una actitud de "cero tolerancia". Se han generado iniciativas de trabajo en diversos sectores sociales específicos, tales como la prevención de este delito en establecimientos turísticos, la capacitación de policías y personal del sistema judicial.
En agosto del 2001 se presentó el "Plan Nacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en Costa Rica", que define tres áreas de acción: a) prevención, b) la jurídica (subdividida en Reformas Legales y Represión), y c) la de atención directa a las víctimas. El PANI es la sede para la coordinación, ejecución y seguimiento del Plan.
Para lograr que dicho Plan sea sostenible y tenga impacto a mediano y largo plazo, se debe garantizar su financiamiento y la articulación efectiva de los esfuerzos conjuntos que ejecutan diversos sectores de la sociedad.
En síntesis en relación con la ejecución del Plan Nacional, es preocupante que:
Se ha ejecutado en forma parcial y desarticulada: aún no se concreta.
Las instancias responsables de las actividades específicas aún no han sido designadas.
No está previsto un sistema de comunicación e información para consolidar avances del Plan.
Las fuentes de financiamiento no se han designado.
El Plan Nacional no se ha ajustado de cara a los últimos acontecimientos en la materia y los compromisos asumidos por el país en el ámbito internacional. Asimismo, debe ser legitimado por el nuevo Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) y divulgado al interior de las instituciones responsables de su ejecución.
Para garantizar la institucionalización del Plan Nacional y su sostenibilidad en el tiempo, cada institución deberá incluir en la programación, la planificación y el presupuesto, los recursos necesarios para cumplir con las responsabilidades y los compromisos asumidos.6/
La "Gerencia contra la ESCNNA" propuesta no ha logrado contar con las condiciones para poder consolidarse y fortalecerse. Asimismo, la Comisión Nacional contra la Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes (CONACOES) perdió fuerza, pues no fructificó el decreto para su creación, lo cual propició incertidumbre y falta de credibilidad.
También existen una serie de limitaciones concretas, de carácter legal, administrativo y presupuestario que impiden actuar contra los explotadores, directos o indirectos:
En el nivel legislativo persisten vacíos, tanto en la figura del delito como en las leyes referidas al proceso penal, que aún favorecen la impunidad.
La reforma legal no ha incidido en la sanción, porque no facilita la denuncia y aumenta las limitaciones en el procesamiento de pruebas.
La ausencia del término "Internet" en la legislación penal nacional, favorece la impunidad de los delitos relacionados con pornografía infantil.7/
La carencia de legislación en torno a la tecnología de Internet permite promocionar el turismo sexual en Costa Rica. Cabe señalar que se han detectado 40 sitios web directos, que promocionan a Costa Rica como destino de turismo sexual.8/
El combate a los delitos de ESCNNA implica la investigación de grupos y redes organizados que requieren recursos de alta tecnología y entrenamiento especializado.
Eliminación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente
El trabajo infantil es una realidad a la que hace frente cotidianamente un importante grupo de población infantil y adolescente costarricense, independiente de las restricciones que impone el sistema jurídico nacional. El módulo de trabajo infantil de la Encuesta de Hogares de 1998 señaló que habían 147.087 menores de edad participando en actividades generadoras de ingresos, remuneradas o no remuneradas; de ellos, uno de cada dos trabajadores tenía menos de 15 años de edad y, de acuerdo con lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, hay prohibición de trabajo para ellos.
Para años más recientes se carece de datos sobre su magnitud, y lo que existen son estadísticas parciales del fenómeno:
Por su parte, el Registro de Menores Trabajadores de la Municipalidad de San José contabilizó, al mes de mayo de 2000, a 857 personas con edades entre los 4 y 17 años, que laboran en espacios públicos del cantón de San José.9/
La Encuesta de Hogares de julio de 2000 identifica a 17.246 niños entre 12 y 14 años que forman parte de la fuerza de trabajo, y 66.009 con edades entre 15 y 17 años; esto significa que aproximadamente uno de cada cinco menores de edad se encuentra inserto en el mercado de trabajo.10/
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mantiene un Registro de Adolescentes Trabajadores, que a la primera semana de setiembre de 2002 contemplaba la referencia de 3.040 adolescentes.
Para enfrentar ese flagelo, el Estado tiene el Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, ejecutado de manera interinstitucional y con apoyo de organismos internacionales como OIT/IPEC y UNICEF. Dicho Plan contempla diversas acciones como la regulación, la prevención y la asistencia socioeconómica para reincorporar a los menores trabajadores al sistema educativo.
Dentro del Plan en ejecución se destacan los siguientes programas:
El Programa de Nuevas Oportunidades Educativas para Jóvenes entre los 15 y los 18 años que desertaron del sistema educativo, atendió a 10.457 estudiantes en el año 2000.
El Programa Aula Abierta se desarrolla en 66 escuelas del país y se dirige a niños, niñas y adolescentes que habían desertado del sistema educativo formal en el ciclo de Educación General Básica o que se encontraban en situaciones de extra edad o de repitencia. En el año 2001, alrededor de 2.818 estudiantes pudieron concluir el año lectivo de manera exitosa, con planes de estudios, programas curriculares y materiales didácticos acordes a sus necesidades, características e intereses.El MTSS ejecuta el Programa de Atención Directa e Inmediata a los niños y adolescentes trabajadores, detectados por la Dirección de Inspección de Trabajo, y referidos por denuncia o que se presentan al MTSS a solicitar asesoría en relación con sus derechos, legislación vigente y recursos existentes. Atiende un promedio de 67 personas menores de 18 años de edad por mes.
El Fondo Nacional de Becas (FONABE) participa en un proyecto piloto con niños trabajadores insertos en la educación diurna.
Como complemento de los esfuerzos que se ejecutan en este campo, es importante fortalecer las acciones de prevención y en especial las de sensibilización para modificar los patrones culturales que legitiman y promueven el trabajo infantil. También es relevante tener presente que si no se logra elevar los niveles de ingresos de los hogares de los menores, los programas tendrán un impacto muy reducido.
Atención integral para los niños y adolescentes que se encuentran en la calle
Los llamados niños de la calle o de mayor condición de vulnerabilidad conforman un grupo social muy heterogéneo, que incluye tanto a los que tienen vínculos familiares, donde la calle forma parte de las estrategias de supervivencia; los que se encuentran en condición de explotación sexual y/o consumo de drogas, y los que enfrentan tiempos prolongados de sobrevivencia en la calle, ya que esta se ha convertido en su hábitat permanente.
No se ha cuantificado aún la magnitud de este problema dentro de la población menor de edad, porque en general solo se cuenta con datos acerca de la población atendida por programas estatales. A mediados de los años 1990, algunos estudios hacían referencia a 5.000 menores de edad en esa condición. En una investigación reciente realizada por el PANI y la organización no gubernamental Casa Alianza, se señala que en el año 2001 sobrevivían 1.500 menores de edad en la periferia de la Gran Área Metropolitana, y 1.000 en las principales cabeceras de provincia. Según datos del Sistema de Información Institucional del PANI, del 1º de enero al 30 de junio de 2002 se identificaron y atendieron 357 niños y adolescentes por problemas de deambulación.
Los menores deambulantes, por la violación de sus derechos y los peligros que enfrentan en la calle, son considerados un grupo de alto riesgo social. En la mitad de los casos, la violencia física o sexual en el seno de los hogares se constituye en el detonante para la salida a la calle; la deserción educativa es generalizada, son víctimas de la drogadicción11/, el alcoholismo y la delincuencia. Por el contexto en el que se mueven, han sido estereotipados y estigmatizados por la sociedad y con ello se ha legitimado el proceso de exclusión social que viven.
La respuesta institucional ha ensayado diversos modelos para el abordaje y la atención de este grupo poblacional, pero en general los resultados han sido limitados y han tenido un impacto positivo para un grupo reducido de esta población. Los programas impulsados comprenden, en la mayoría de los casos, un albergue que incluye servicios de dormitorio, alimentación, salud y educación, procurando brindarles una atención integral.
Prevención de la delincuencia infantil y adolescente
En términos formales, la cantidad de menores de edad entre los 12 y 18 años que se encuentran en conflicto con la Ley de Justicia Penal Juvenil, son relativamente pocos y oscilan entre 302 en 1997 y 226 en el año 2000. A estas cifras hay que adicionarle los inimputables.
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Los adolescentes privados de libertad se alojan en el Centro Juvenil Zurquí, que a setiembre de 2002 contaba con 50 varones y una mujer; a esa misma fecha había 344 cumpliendo otras medidas alternativas, lo cual constituye la cifra más alta de los últimos cinco años. |
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Los menores de edad en conflicto con la Ley penal tienen como lugar de residencia las zonas urbano marginales, presentan significativos conflictos en el plano familiar e individual, tienen un bajo nivel de escolaridad y un notable deterioro personal por el consumo, el abuso y la adicción a las drogas y la participación en hechos cualitativamente violentos.
Es importante resaltar que en los últimos años se agrega un fenómeno diferente del problema de la delincuencia juvenil, ya que se unen a este grupo otros jóvenes que no necesariamente están privados de sus necesidades materiales básicas y poseen un grado de escolaridad mayor, pero que presentan un deterioro a nivel emocional y experimentan una importante ausencia afectiva de sus padres. También se hace más frecuente la utilización de los niños por adultos para cometer actos ilícitos, ateniéndose a la flexibilidad que presenta la legislación vigente en relación con los menores de edad.
Las personas adolescentes privadas de libertad reciben atención en los campos de salud y educación, talleres terapéuticos, asesoría jurídica, recreación y visitas familiares. Asimismo, para la atención de los niños y adolescentes en conflicto con la Ley penal, el Programa de Sanciones Alternativas del Ministerio de Justicia y Gracia cuenta con un directorio de instituciones (públicas y privadas) que trabajan con esa población y se ejecuta un proyecto en coordinación con el INS, mediante el cual los jóvenes cumplen sus "sanciones de servicio a la comunidad" en las estaciones de bomberos del país.
Resumen de políticas y acciones estratégicas
El Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 para la atención de este grupo etario y enfrentar la problemática que le afecta, contempla un amplio conjunto de políticas y acciones con una visión global e integradora, dentro de las cuales se destacan:
La política de inclusión del principio superior del niño en todos los asuntos que lo involucran, brinda orientaciones para incorporar en los planes anuales operativos (PAO) de las instituciones, acciones específicas sobre infancia, para renovar los compromisos de la Agenda Nacional, y legitimar y consolidar el sistema nacional de protección integral.
El impulso para la modernización institucional del Sistema Nacional de Protección a la Niñez y la Adolescencia, contempla un proceso de reestructuración y modernización del PANI; la consolidación del rango de ministra sin cartera de la niñez y la adolescencia; la asignación de los recursos financieros que por ley le corresponde a la institución; la consolidación del sistema de información institucional sobre la población objetivo; la creación de un sistema de información estadística sobre derechos de la niñez y la adolescencia, y la ampliación y cobertura de los servicios institucionales con la apertura de nuevas oficinas locales. Todos estos elementos deberán contribuir al desarrollo de un nuevo modelo de intervención integral que garantice una atención más efectiva a la población infantil y adolescente.
En la política de construcción de una cultura de respeto a los derechos de la infancia y adolescencia, se destacan las acciones que tienen como meta del período capacitar, por medio de las redes interinstitucionales, a 10.000 familias en el conocimiento sobre los derechos de la niñez. En esa misma línea, se incluye la capacitación temática sobre los derechos de la población infantil y adolescente al 100% de los funcionarios en los centros de salud. También se contempla la ejecución de proyectos de escuela para padres y madres, dirigidos a fortalecer el rol y la construcción de relaciones familiares saludables; para ello se plantea como meta que por lo menos el 50% de los EBAIS desarrollen proyectos vinculados a ese tópico.
El fortalecimiento de los programas de atención de la población de 0 a 5 años prevé la consolidación del Programa "De la mano"; el aumento de la cobertura y calidad de los servicios de atención integral a la población menor de 6 años; el fortalecimiento de hogares comunitarios y de los CEN-CINAI, y el aumento en la cobertura de los programas de crecimiento y desarrollo en los centros salud.
La política de garantía y restitución de derechos de la niñez comprende un amplio conjunto de acciones orientadas a fortalecer la calidad de los programas sociales de cobertura universal. Todas estas tareas están ampliamente reseñadas en los campos de educación y salud.
Para enfrentar el desafío de la erradicación de la explotación sexual comercial de niños, niñas (ESCNNA) y adolescentes, se ejecutará el Plan Nacional diseñado para tal fin, que contempla acciones de prevención, jurídicas-represivas y de atención integral. Como acciones concretas, se prevén campañas preventivas a nivel nacional; talleres de capacitación y/o sensibilización a los diferentes entes involucrados en el abordaje de la explotación sexual; reformas legales; operativos preventivos–represivos; la conformación de la Comisión Nacional contra la ESCNNA; el incremento de los recursos económicos para la lucha contra la ESCNNA y la puesta en funcionamiento del Sistema Nacional de Atención en esa materia.
En el ámbito legal destaca la emisión de un decreto ejecutivo que restrinja el ingreso al país de turistas con antecedentes delictivos vinculados a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y el trámite legislativo de 3 proyectos de ley:
Modificación de la Ley de incentivos para el desarrollo turístico, para sancionar a las empresas que usen o toleren el uso de sus instalaciones en casos de explotación sexual comercial de menores.
Proyecto de Ley de represión extraterritorial de los delitos sexuales contra menores.
Proyecto de Fortalecimiento contra la explotación sexual de personas menores de edad, mediante la reforma y adición de varios artículos al Código Penal y reforma de varios artículos del Código Procesal Penal.
El Sistema Nacional de Atención mencionado contempla tres componentes:
la detección y el registro de los menores de edad víctimas de explotación sexual comercial,
la intervención de primer orden: es la protección inmediata a los menores que son detectados en condición de explotación sexual,
la intervención de segundo orden: es el seguimiento del caso para contribuir a la satisfacción de las necesidades del menor; contempla la posibilidad de vincularlo nuevamente con su hogar o si es del caso enviarlo a un centro de tratamiento especializado. Las acciones deben estar orientadas a garantizar que salga del círculo de la explotación sexual.
La meta planteada para el período es la atención de 1.000 menores de edad en cada uno de esos componentes.
El Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas brindan pautas contundentes alrededor de la erradicación del trabajo infantil. Para hacer efectivos esos compromisos, la actual Administración promoverá la formulación del segundo plan nacional, que incluye acciones para fortalecer la atención inmediata a los niños trabajadores, mediante el apoyo económico a las familias, en procura de favorecer la reinserción de los niños en el sistema educativo; se prevé también la divulgación, sensibilización y capacitación sobre el tema. Se plantea como meta del período, 3.200 nuevos niños reinsertados en el sistema educativo, 800 cada año.
El Plan también contempla la fiscalización de las condiciones de trabajo de la población de 15 a 18 años; se tiene como meta que al final del período se inspeccionen las condiciones en que desempeñan su trabajo el 100% de los adolescentes que trabajan y se encuentran identificados en los registros del MTSS.
En lo relativo a la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, la Asamblea Legislativa aprobó, en el año 2001, el Convenio 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil. Para avanzar con lo estipulado en ese Convenio, se tiene programado, previa consulta nacional, la elaboración y ejecución de un Plan Nacional de carácter intersectorial.
Para la prevención y atención especializada de la población menor de edad que se encuentra en la calle, con problemas de drogas y en conflicto con la Ley, se ejecutará un Programa de Atención Integral que incluye los componentes de: detección y referencia inicial; un centro de encuentro inicial con atención integral y tratamiento; una red de centros para la atención de la población con problemas de adicción y en explotación sexual comercial, y albergues transitorios. Como meta se plantea atender en el período a 3.000 menores de edad, 750 niños, niñas y adolescentes cada año.
Para enfrentar los crecientes problemas de violencia, el Ministerio de Justicia y Gracia continuará promoviendo la Red Nacional de Jóvenes para la Prevención de la Violencia e incentivará el desarrollo de una cultura de prevención de las diversas manifestaciones de violencia y delito, mediante la ejecución de 12 campañas nacionales en el período. También se trabajará en la elaboración y ejecución de un plan nacional orientado a promocionar un manejo responsable en el adulto sobre el proceso de recepción de los contenidos televisivos en las personas menores de edad.
Para la atención de los problemas generados por el embarazo en las adolescentes, se impulsa el Programa Construyendo Oportunidades, que busca el fortalecimiento personal y social, y el mejoramiento de la calidad de vida de las adolescentes que han tenido que asumir la maternidad a temprana edad; es un programa ejecutado por el IMAS y el INAMU, que contempla la transferencia de un subsidio mensual durante un período de 6 meses y la incorporación a procesos de formación y capacitación laboral. Tiene como meta atender a 3.000 madres adolescentes cada año.
Los servicios especializados de salud atenderán 15.000 adolescentes por año, en control prenatal, es decir, 75.000 durante el período.
Mediante la línea telefónica gratuita de consejería integral con énfasis en salud sexual y reproductiva para adolescentes, se busca atender 96.000 consultas al año. También se contempla que, en el período, el 75% de EBAIS desarrollen un programa de salud sexual y reproductiva para adolescentes.
El fortalecimiento de las acciones institucionales de protección especial contra la violencia en el seno de los hogares, se asume con medidas como la declaratoria obligatoria de los casos atendidos de violencia intrafamiliar en los centros de salud, el aumento de la cobertura de los comités del niño agredido, la definición de normas para el tratamiento de adolescentes víctimas de abuso sexual y la promoción de redes locales contra la violencia intrafamiliar.
La política orientada a la consolidación del sistema de alternativas de protección para la infancia se atenderá con el desarrollo de nuevas opciones de protección como: residencias juveniles, proyectos de vida independiente, albergues para adolescentes, albergues para grupos de hermanos y hogares de acogimiento familiar, que respondan de manera más directa a las diferentes necesidades de la población menor de edad que carece de un hogar. Se tiene como meta para el período atender a 3.000 niños y adolescentes.
Finalmente, se plantea la política de fortalecimiento de la familia como célula base de la sociedad, que involucra esfuerzos por mejorar los procesos de adopción y disminuir el tiempo de respuesta institucional; se tiene como meta del período que 500 niños, niñas y adolescentes sean dados en adopción. También como parte de esa política se impulsará la desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes; se procura lograr que 100 menores de edad se beneficien de esta política anualmente. Para cumplir ambos cometidos, es imprescindible la promoción de una cultura nacional de adopción y campañas de sensibilización sobre el rol de la familia.
Adicionalmente, se plantean mecanismos para garantizar la aplicación práctica del Convenio de la Haya, en situaciones de secuestro de niños, niñas y adolescentes.
1/ Cf. López, M. (2000). Embarazo en la Adolescencia y la Mortalidad Infantil, costa Rica 1998-2000. En la Revista Adolescencia y Salud. Vol 2, Número 2. San José, Costa Rica.
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