Personas con discapacidad
Diagnóstico

 

    Las políticas de gobierno en esta temática están orientadas a mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran en desventaja social, y la mayoría de ellas en condiciones de pobreza, según lo estipula la Ley Nº 7600 sobre Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en Costa Rica, del 29 de mayo de 1996, y su Reglamento del 20 de abril de 1998.

    Las políticas y acciones principales han sido avaladas por las instituciones que remitieron acciones para ejecutar y por el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), como institución rectora encargada de orientar y fiscalizar las iniciativas derivadas de la política general en materia de rehabilitación y educación especial, en coordinación con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y todas aquellas instituciones que garanticen el desarrollo humano integral de esta población.

    La población con discapacidad representa un 5,3% de la población total del país (3.810.179); según los datos del Censo de Población del año 2000, existen 203.7311/ personas discapacitadas, de las cuales 119.237 son hombres y 98.460 son mujeres.

    En este grupo poblacional, se incluyen las personas incapacitadas como resultado de eventuales accidentes y enfermedades profesionales, a que están expuestos los trabajadores por el desempeño de sus labores, que pueden dar como resultado la invalidez parcial o total y que están registrados en el Instituto Nacional de Seguros como parte de los seguros solidarios que pagan las empresas. El total de asegurados por riesgo del trabajo significa el 72,6% del total de la población asalariada ocupada del país (1.068.412).

    Los trabajadores que sufren algún nivel de discapacidad suman 1.848 personas, con un costo institucional de 6.992.3 millones de colones, que se asignan a los derechohabientes (padres, madres, cónyuge, compañera, compañero, hijos, menores y mayores dependientes).

    Del total de 1.848 personas, 1.014 presentan una discapacidad menor permanente; 207, parcial permanente; 477, total permanente, y 150 son grandes inválidos.

    Es importante señalar que el mayor número de primas pagadas por accidentes laborales surge en las siguientes actividades económicas: industrias manufactureras, comercio, restaurantes y hoteles, agricultura y construcción.

    La información obtenida del Censo Nacional del 2000, por tipo de discapacidad, refleja la alta persistencia que tienen los problemas de tipo cerebral o neurológico: uno de cada dos casos pertenece a esas categorías. Las discapacidades originadas en el sistema osteomuscular, así como las afecciones visuales y auditivas también afectan casi a una tercera parte de esa población.

    Los datos que muestran esta situación son los siguientes: ceguera parcial o total, 62.556 personas; sordera parcial o total, 26.235; retardo mental, 18.800; trastorno mental, 12.749; parálisis o amputación, 28.119, y otras, 55.212.

    La provincia con mayor número de casos de discapacidad es San José, con 65.482, mientras que las otras se expresan en el siguiente orden: Alajuela, 38.917 casos; Puntarenas, 22.286 casos; Cartago, 20.717; Limón, 20.596; Guanacaste, 18.400 casos, y Heredia, 17.329.

    Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos afectivos constituyen la primera causa de discapacidad en el mundo, seguidos del retardo mental y la epilepsia.

    El accionar institucional ha dirigido los esfuerzos más relevantes a la ejecución de la Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y su Reglamento, a través de acciones concretas.

    Dicha Ley incluye disposiciones orientadas a garantizar a la población discapacitada, el libre tránsito con facilidades de acceso a diversos lugares físicos recreativos, comerciales, culturales y educativos, eliminando barreras arquitectónicas y otros obstáculos.

    En cuanto a educación, la norma establece lineamientos para que los centros educativos realicen adaptaciones en las plantas físicas y ofrezcan los recursos técnicos necesarios para adecuar los currículos y garantizar la igualdad de oportunidades a las personas discapacitadas.

    En este ámbito, se han alcanzado importantes logros: desde las universidades dedicadas a la formación de recursos humanos hasta el interés por la contratación de este recurso en las instituciones. La población infantil ha experimentado un proceso de integración, que si bien ha sido lento, ha constituido una experiencia enriquecedora en la medida que los niños tienen la posibilidad de aprender a compartir y reconocer que, a pesar de las diferencias individuales, todas las personas tienen los mismos derechos y oportunidades, y con tal visión, se han llevado a cabo campañas importantes de integración en el seno de los centros educativos.

    El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) brinda apoyo económico a familias con uno o más miembros con algún tipo de discapacidad física o mental, mediante el beneficio de la asignación Familiar Temporal.

    El Instituto Costarricense de Electricidad ha instalado teléfonos públicos con facilidades de acceso para personas con discapacidad.

    Desde el trabajo de las distintas administraciones presidenciales, se ha conseguido la colaboración y cooperación externa de embajadas y países amigos, así como de empresas privadas, para compra de mobiliario, donaciones, construcción de edificaciones de educación especial, así como ayudas técnicas, que si bien son insuficientes, constituyen un recurso de ayuda de gran impacto para esta población.

    Desde el punto de vista de las facilidades de acceso en vías, estacionamientos y medios de transporte colectivo, la aplicación de la Ley, en lo que corresponde, ha sido lenta, pero se han dado algunos pasos en la señalización de asientos de preferencia en autobuses, rampas en aceras y algunos edificios públicos y privados, así como la interpretación en lenguaje de señas en los principales noticiarios televisivos.

    A pesar de lo anterior, es necesario concienciar por medio de campañas fuertes de sensibilización a la población y las autoridades de las instituciones, para garantizar no solo el desarrollo físico con acciones facilitadoras, sino el desarrollo mental de toda una parte de la población que convive cada día con esta población especial.

    La Ley N° 7600 contiene como declaración de interés público, el desarrollo integral de la población con discapacidad en iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes que el resto de los habitantes, y se enmarca en los siguientes principios fundamentales:

    El Estado se comprometió a cumplir con las obligaciones señaladas en esta Ley, en un plazo máximo de 7 años a partir de su publicación, plazo que finaliza en mayo de 2003.

    En síntesis, los compromisos según la Ley fueron los siguientes:

Acceso a la cultura, el deporte y las actividades recreativas

 

1/  Censo Nacional sobre población con discapacidad, según provincia, cantón y sexo. Julio 2000, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. INEC

 

                   

 


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