Seguridad ciudadana y justicia

Seguridad ciudadana y justicia
Diagnóstico

En materia de seguridad ciudadana, el problema de la incidencia delictiva persiste, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado durante los últimos años, como el incremento de plazas policiales, las cuales pasaron de 8.397 en el año 1998 a 9.741 en el 2002; el aumento en los recursos presupuestarios de ¢19.800 millones en 1999 a ¢33.900 millones para el 2002; la profesionalización y capacitación de los efectivos para brindar atención más personalizada a los ciudadanos; la prevención y atención de la violencia intra familiar; el combate a la corrupción de menores; el programa de seguridad comunitaria que llegó a tener, en enero del 2002, 1.542 comunidades organizadas y capacitadas; el programa policías en la calle que conllevó a la eliminación de los cuarteles y la creación del programa Policía de proximidad.

No obstante esos esfuerzos, los datos del Organismo de Investigación Judicial indican que durante el primer trimestre del 2002, en la Gran Área Metropolitana se reportaron setecientos sesenta y cinco delitos violentos contra las personas (asaltos); doscientos ochenta y tres robos a viviendas; quinientos ochenta y seis casos de robo de automóviles, los cuales se realizan muchas veces con gran violencia. Además, se han incrementado los casos de secuestro y la aparición de sicarios o asesinos a sueldo; la agresión a mujeres y el aumento de la delincuencia juvenil. Otro dato concreto indica que las personas que dicen haber sido víctimas de algún hecho delictivo han aumentado; así, en el año 2001 fue de un 27% y en el 2002 pasó a casi un 40%.^1/

Por otra parte, el tráfico de drogas se ha incrementado. Durante los últimos dos años y medio se han decomisado más de 8.640 kilos de cocaína; más de 140.000 dosis de crack; más de 4.600.000 plantas de marihuana y aproximadamente 1.300 dosis de LSD. En consecuencia, el problema de la drogadicción ha registrado un alarmante crecimiento durante los últimos años.

Lo anterior ha generado un alto grado de percepción de inseguridad e indefensión en la población. En ese sentido, en el 2001 un 70,0% de los ciudadanos entrevistados manifestaron no sentirse seguros. (Poltronieri, 2002).

Asimismo, como consecuencia del aumento de la criminalidad y de la percepción de inseguridad, los ciudadanos han recurrido a contratar servicios privados de seguridad, los cuales adolecen de una legislación que asegure su control y supervisión.

Otros problemas asociados con la delincuencia son los llamados "delitos de cuello blanco". Cada vez más la comunidad cree que los autores de estos delitos en la Administración Pública, quedan en libertad a pesar de los esfuerzos de los órganos policiales, ya que es en este tipo de corrupción donde la impunidad es más frecuente. También, han proliferado los delitos por fraudes territoriales que se cometen por medio del Registro de la Propiedad, pues el Ministerio Público recibe un promedio de veintitrés denuncias mensuales relacionadas con esa materia.

Por otra parte, nuestro país es reconocido internacionalmente como receptor tanto de flujos migratorios planificados, como masivos e irregulares, favorecidos estos últimos por la cercanía geográfica, un marco regulatorio que no responde a la realidad existente y la debilidad de las políticas migratorias que no permiten incentivar corrientes migratorias que, por sus conocimientos, habilidades y capitales sanos, coadyuven al desarrollo del país. Además, tampoco propician el desestímulo de los movimientos migratorios irregulares que provocan un impacto en todos los ámbitos del acontecer nacional, al desconocerse la ubicación y cantidad de extranjeros que hay, aspectos indispensables para la formulación e implementación de eficaces políticas públicas en materia de bienestar humano. Este hecho afecta el funcionamiento de las instituciones del Estado costarricense.

Debido a la incidencia delictiva y a pesar de la inversión, por parte del Estado, de más de ¢3.000 millones en infraestructura carcelaria durante los últimos años, persiste una sobrepoblación de un 7,0%, lo que dificulta la convivencia digna de los privados de libertad y obstaculiza las labores para su reincorporación a la sociedad como ciudadanos útiles y productivos. La tendencia al crecimiento de la población penal parece inevitable, pues en 1998 existía, en el nivel institucional, una población de 5.208 privados de libertad, en el 2000 se incrementó a 5.634 y para marzo del 2002 la población recluida era de 6.489 presos.

Aunado a la situación anteriormente descrita, se encuentra el debilitamiento de la credibilidad de los ciudadanos en el sistema judicial, por cuanto este no garantiza el principio de una justicia pronta y cumplida, debido principalmente a un sistema estricto y excesivamente formalista, cargado de incidencias y recursos innecesarios, lo que ocasiona una justicia burocrática, ineficiente y de un alto costo para la sociedad.

Esta parálisis judicial se debe en gran parte a que un alto porcentaje de los casos tramitados en la esfera judicial corresponden a accidentes de tránsito. En ese sentido y según el Anuario de estadísticas judiciales de 2000, el ingreso de nuevas denuncias o demandas fue de 798.198 expedientes, de los cuales 419.545 casos (52,5%) corresponden a tránsito.

En resumen, las formas de violencia social en general y sus diversas manifestaciones específicas, fungen como factores precipitantes, como causa y consecuencia de diversas problemáticas que atentan contra los derechos humanos fundamentales de la población costarricense y, en especial perjudican la calidad de vida de las niñas, los niños y los adolescentes. El fortalecimiento de los programas de prevención, estructurados a partir de una estrategia de carácter interinstitucional e intersectorial y orientados a transformar las condiciones cotidianas, cobra un gran significado, de modo que la violencia y el delito carecen de sentido. Se trata de fortalecer la prevención como valor cultural y parte del estilo de vida de las personas, lo que contribuirá a evitar la victimización y fortalecer la cohesión social.

1/Los datos del 2001 corresponden a la encuesta realizada por el PNUD y los del 2002 se refieren a la encuesta aplicada por Demoscopía entre el 5 y el 12 de agosto.