Armonía con el
ambiente
Retos y resumen de políticas y acciones estratégicas
Retos |
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Resumen de políticas y acciones
estratégicas |
Los desafíos ambientales, para el corto y mediano plazos, están planteados en este capítulo para cada una de las agendas ambientales:
Agenda Verde
El Estado costarricense debe ser garante de la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad y distribución justa y equitativa de los beneficios de su uso. Los programas de reforestación deben compensar las actividades de explotación de madera. Asimismo, debe mejorarse la eficiencia de los programas para el control de la tala ilegal.
El Estado debe gestionar los recursos financieros necesarios para cancelar lo adeudado por la expropiación de tierra bajo el régimen de protección.
El Estado, por medio del Consejo Nacional Ambiental, debe establecer un sistema de prevención, control y mitigación de los impactos que las actividades humanas generan sobre el cambio climático.
El control y la calidad ambiental deben gestionarse con la incorporación de los diferentes actores sociales y entre ellos la totalidad de las instituciones públicas. El principio que debe prevalecer es el de prevención.
El desarrollo turístico debe darse en armonía con la naturaleza, sin exceder la capacidad de carga de los sitios de atracción turística y mejorando la infraestructura en las áreas protegidas.
Agenda Azul
Es necesario un
marco regulador unívoco que integre la legislación vigente, indique una estructuración
más clara para el sector hídrico y de saneamiento, y aclare y delimite, cuando
corresponda, las responsabilidades, funciones y misiones de las instituciones que lo
componen. Para tales efectos, se encuentran en la corriente legislativa siete proyectos de
ley relacionados con el sector, que consideran la necesidad de reformar la legislación
vigente, caracterizada por superposiciones de roles, misiones y funciones.
Es urgente la adecuada fiscalización de vigilancia de los servicios prestados en pequeñas y medianas localidades.
Es necesario solucionar la situación legal de aproximadamente 1.700 acueductos rurales existentes en el país, de los cuales solo un 38 por ciento se han transformado a la nueva figura de ASADAS.
Marco institucional
- El Estado establecerá un Plan Nacional de Manejo Integral del Recurso Hídrico.
AyA debe asumir, en su integridad, el papel de organismo rector del sector que establece su ley constitutiva, responsabilidad que ha pasado a un segundo plano, pues prevalece su rol de operador de sistemas de acueductos y alcantarillados sobre el de rector. Esta realidad ha determinado importantes rezagos en las acciones de regulación, normalización, asistencia técnica, apoyo financiero a las entidades, municipios y otras unidades de operación en las que no interviene directamente el AyA.
En las instituciones no se genera información actualizada y confiable sobre la infraestructura existente y las condiciones de gestión de los servicios; los catastros de las instalaciones y domiciliarias son desactualizados e incompletos; no se utilizan indicadores gerenciales de gestión; la información se encuentra dispersa en las distintas entidades del sector, y no es procesada y difundida.
Es urgente la creación de un sistema nacional de monitoreo permanente de la calidad del agua.
Deben implementarse programas nacionales de desinfección del agua y de certificación de operadores de plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales.
En el sector deben diferenciarse adecuadamente los roles que deben asumir las instituciones protagonistas. Existe confusión entre competencias y responsabilidades.
Las Unidades de Operación Rurales (CAARs y ASADAS) deben superar las serias deficiencias en su administración y operación. El nivel de fiscalización, de parte de los órganos representativos de los usuarios, es muy bajo y no existe un contrato (o convenio) entre el titular del servicio de la unidad de operación y el operador (AyA-ASADA), en que se establezcan claramente los compromisos de este último en relación con el desarrollo futuro del servicio.
Las municipalidades deben contar con recursos humanos calificados e idóneos para asumir adecuadamente las responsabilidades de administración, gestión y operación de los servicios. Es normal encontrar personal a cargo de los acueductos que no cuenta con la formación adecuada para realizar las funciones encomendadas. La injerencia política en el nombramiento del personal municipal es evidente.
El sector debe definir una política y estructura tarifaria adecuadas, que apoyen financiera y administrativamente a los operadores durante la gestión eficiente de los servicios. La política tarifaria no ha incentivado la eficiencia. El sistema tarifario actual es inadecuado porque su estructura no obedece a una concepción racional; la tarifa se determina en un horizonte de corto plazo, marcado por principios contables y de necesidades de caja; no se expresa la tarifa en función del costo económico de prestación del servicio, y se permiten subsidios entre categorías, áreas y bloques de consumo.
Es necesario disminuir las deficiencias de la gestión comercial en lo que se refiere al catastro de clientes, cobertura y efectividad de micromedición, lo que podría significar ingresos adicionales con una mejor gestión comercial. La efectividad en la cobranza, medida como la relación entre la facturación y el recaudo, es superior al 90 por ciento para AyA y la ESPH, mientras las municipalidades analizadas solo recaudan entre 40 y 60 por ciento de su facturación.
El nivel gerencial en el sector hídrico y de saneamiento es de muy bajo perfil; no se dispone de funcionarios capacitados en gerencia empresarial en las áreas financieras y comerciales. No se identifica ninguna acción de capacitación. En buena medida, el bajo desempeño de las empresas operadoras se debe a esta ausencia de personal calificado.
Los operadores deben implementar sistemas de costos por unidad de operación; no se cuenta con la cultura del costo para manejar el servicio y subsisten deficiencias en la separación de cuentas del servicio en las municipalidades que directamente lo atienden.
En la mayoría de los municipios no se cuenta con una planificación integral de mediano y largo plazos para el desarrollo de la infraestructura de los servicios de agua potable y saneamiento, de manera que solo se ofrecen soluciones parciales e inmediatas que no cumplen con las demandas reales y ocasionan desperdicios de recursos.
Es urgente conseguir financiamiento para un proyecto de reequipamiento del alcantarillado metropolitano en una longitud total de 800 Km, lo que permitiría procesar las aguas antes de devolverlas al sistema del río Grande de Tárcoles.
Eliminar las serias deficiencias en la operación, el mantenimiento y la gestión de los sistemas de agua, que determinan la existencia de índices de agua no contabilizada entre el 50 y 60 por ciento en los acueductos de las zonas urbanas, valores inaceptables que desequilibran las condiciones de calidad del servicio y la condición financiera de las instituciones.
Deben establecerse sistemas constantes e integrales de control y vigilancia de la calidad del agua a escala nacional.
En las zonas urbanas y principalmente en el Área Metropolitana de San José, es urgente la recolección bien regulada de las aguas y los sedimentos de los tanques sépticos domiciliarios.
Debe implementarse un plan estratégico para la atención del área rural en lo relacionado con el agua potable y saneamiento.
Son críticas las condiciones administrativas, técnicas, financieras y de gestión de los servicios de agua potable concesionados a los CAARs/ASADAS.
La situación de la baja calidad del agua potable entregada a casi la mitad de la población atendida por las ASADAS, representa una importante deficiencia que deberá ser solucionada en el corto plazo, a fin de proteger la salud de esa población.
El MINAE debe mejorar su conocimiento sobre las zonas de recarga y la hidrología de los acuíferos. El Departamento de Aguas del MINAE es el ente encargado de otorgar concesiones de agua, pero carece de los insumos técnicos y los recursos humanos y financieros para fiscalizar adecuadamente los niveles de extracción.
Urge fortalecer programas de vigilancia y control sobre la protección de las fuentes de agua superficiales y subterráneas, así como los programas de reforestación de las principales cuencas hidrográficas y acuíferos del país.
Es urgente enfrentar el problema de la alta concentración de acueductos con agua sin desinfección, lo cual tiene directa incidencia en la salud de la población. Asimismo, las descargas sin ningún control y tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales, determinan uno de los problemas ambientales más serios.
Deben mejorarse los programas educativos y de comunicación sólida. Las campañas de prevención, principalmente en lo relativo al dengue, cólera y otros, presentan una coordinación muy pobre.
Es urgente operativizar programas constantes e integrales de control y vigilancia de la calidad del agua potable a escala nacional. Tampoco existen programas de control de vigilancia sanitaria de la calidad del recurso hídrico utilizado para consumo humano.
El sector debe utilizar modelos más actualizados y nueva tecnología para el control de los acuíferos más importantes en las cuencas hidrográficas; se tiene un conocimiento limitado de las tecnologías en el manejo de las aguas superficiales.
El Estado debe promover el desarrollo sostenible de las zonas costeras, las islas, el mar Caribe y el océano Pacífico, con el fin de fortalecer los instrumentos técnicos e institucionales necesarios para una gestión sostenible de los recursos marinos y costeros.
Agenda Café
El Estado debe establecer un sistema integral para el manejo de los suelos, como herramienta para su recuperación, manejo y conservación.
Urge un sistema nacional de ordenamiento territorial de uso del suelo en el ámbito local, nacional y regional. La ausencia de este ordenamiento ha traído como consecuencia la contaminación de las fuentes superficiales y subterráneas, por las descargas de agua residuales sin tratamiento.
Debe implementarse la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, No. 7779, de 30 de abril de 1998, que incluye conceptos y principios innovadores dentro de la legislación costarricense y es la que facilita el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el país con la firma de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía.
El MAG debe coordinar con el MINAE y las demás instituciones en materia de manejo y conservación de recursos ambientales, la elaboración del Plan Nacional de Manejo y Conservación de Suelos.
Agenda Gris
El Estado debe llevar a la práctica un programa de desarrollo urbano, mediante el cual las actividades humanas estén orientadas a un desarrollo socioeconómico en armonía con la naturaleza.
Es necesario crear índices nacionales para los inventarios de fuentes y sumideros de gases de efecto invernadero o que deterioran la capa de ozono. Se debe solicitar al sector académico, realizar la investigación pertinente para conocer la dinámica de estos gases a nivel nacional.
Es urgente contar con los recursos financieros, logísticos y de personal, para hacer cumplir la legislación y reglamentación ambiental vigente, incluidas la penalización y sanción de la liberación de compuestos contaminantes y persistentes en la atmósfera.
De acuerdo con la información que reportan los inventarios de gases y los análisis de vulnerabilidad realizados por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), Costa Rica debe trabajar sobre las emisiones del sector transporte, ya que es el principal medio de movilización de carga y es muy dependiente de hidrocarburos.
Resumen de políticas y acciones estratégicas
Ante la problemática expuesta y los retos ambientales que debe asumir el país, la presente Administración propone, como parte del Plan Nacional de Desarrollo, las siguientes respuestas ambientales de diferente índole, donde tienen responsabilidad el Estado, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general. De esta forma, se abre una ventana a través de la cual se podría ver el futuro y sentar las bases para la planificación y ejecución armoniosa de las políticas de gestión ambiental.
La temática ambiental es por naturaleza intersectorial; consecuentemente, en la definición de políticas no puede participar únicamente un sector del Estado. Hay muchas instituciones públicas relacionadas, que de una manera u otra (como definidores de política o como prestadores de servicios) deben estar involucradas en las diferentes fases de la implementación de la política ambiental. Por ello, la acción gubernamental en este campo, debe ser respaldada al más alto nivel; se requiere una reflexión sobre el papel del Estado costarricense en el cumplimiento del precepto constitucional que establece el derecho a un medio ambiente sano.
Lo anterior implica la necesidad de reposicionar el tema ambiental en la estructura de los valores sociales y así deberá reflejarse en la asignación de recursos financieros, humanos, materiales y logísticos; pero lo más importante será partir de una visión compartida de parte de las más altas autoridades del país.
Una de nuestras principales metas durante la presente Administración, consistirá en retomar el concepto de la gestión pública ambiental responsable y compartida, a través de cuya operativización se pueda consolidar el Consejo Nacional Ambiental y una red de relaciones interinstitucionales fundadas en el compromiso nacional, evitando los roces y las discusiones por competencias específicas en el nivel operativo, y con la más amplia participación de los sectores sociales y productivos del país, en forma responsable.
Se tendrá como norte la construcción de una estrategia nacional de gestión ambiental de largo plazo, que le permita a este tema posicionarse en la agenda política nacional, más allá de los plazos constitucionales de gestión del Gobierno. Existe el convencimiento de que esta será la única manera de enfrentar los retos que nos plantea el presente, desde una perspectiva de Estado y a partir de las demandas de la sociedad costarricense.
Gobernabilidad Institucional Ambiental (Fortalecimiento Institucional)
La gobernabilidad institucional ambiental debe entenderse como la capacidad de la Administración Pública para atender y satisfacer las necesidades nacionales derivadas de las demandas por mejores condiciones ambientales, sin menoscabar las oportunidades de desarrollo del país, con miras al mejoramiento continuo de la calidad de vida. Por tanto, se vincula directamente con el concepto de desarrollo humano sostenible. La gobernabilidad institucional ambiental, desde esta perspectiva, se relaciona con la definición o redefinición, si fuese del caso, del papel de las diferentes instituciones públicas en la provisión de servicios a la sociedad.
La gobernabilidad institucional ambiental debe partir del reconocimiento del papel de rectoría y liderazgo que le corresponde al MINAE conforme a su marco legal, pero no estar limitado a ello. El papel de rectoría debe complementarse con la prestación de servicios a nivel operativo, y en ello son muchas las entidades involucradas, lo que nos lleva a la necesidad de un replanteamiento responsable y con visión de interés nacional, de las competencias y responsabilidades de las diferentes entidades públicas, para iniciar un proceso de gestión pública ambiental responsable, que integre y proporcione los espacios para concretar la declaratoria de paz a la naturaleza.
La participación activa, transparente y responsable de los diferentes sectores productivos y sociales nacionales, es condición sine qua non para crear las condiciones de viabilidad que la política requiere. Lo contrario nos puede llevar a situaciones de confrontación social que en nada benefician al país. Lo social, lo económico y lo ambiental deben recuperar las sinergias necesarias para darle sentido, armonía y rigurosidad al concepto de desarrollo humano sostenible.
La gestión ambiental en Costa Rica requiere un profundo cambio, no solo desde la perspectiva pública, sino también de la privada y la sociedad civil. El país ha avanzado significativamente en sus índices de desarrollo humano; sin embargo, uno de los aspectos que limitan ese crecimiento sostenido se refiere a las deficiencias que encontramos en los sistemas de gestión ambiental, entendidos desde una óptica estratégica y con un interés de país, más que puramente institucional.
Para enfrentar los retos que se plantean en esta área, se requiere desarrollar acciones en los siguientes ámbitos:
Consolidación de un sistema nacional de planificación en materia de desarrollo sostenible, en donde la gestión ambiental debe ser un eje transversal. El sistema de planificación nacional del desarrollo sostenible debe estar fundamentado en el marco institucional vigente, liderado indiscutiblemente por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), con el aporte político y técnico de los Consejos (Económico, Social y Ambiental) y deberá propiciar fundamentalmente el enfoque intersectorial y el establecimiento de sinergias en las diferentes fases de la planificación nacional: identificación de los problemas, planteamiento de soluciones, diseño de planes y programas, seguimiento y evaluación, y contar con las herramientas adecuadas que le permitan ejercer una función preventiva y correctiva en el logro de las metas nacionales (sistema de información para retroalimentar la toma de decisiones). Adicionalmente, debe contemplar la participación de los diferentes sectores de la sociedad civil y los niveles estratégico y operativo, así como los niveles de intervención (nacional, regional, local). La dimensión ambiental debe ser considerada en todos los planes operativos de las diferentes dependencias públicas, conforme a las responsabilidades específicas que cada una tenga.
En materia de gestión ambiental en su dimensión institucional, el MINAE debe, asimismo, consolidar un sistema de planificación integral, que le permita desarrollar su función de ente rector en la materia. Deberá ser un sistema con una gran concentración en la planificación estratégica y estar fundamentado en la existencia de un sistema de información ambiental nacional, que incluya las variables e indicadores adecuados para garantizar un seguimiento y evaluación del estado de los recursos naturales, así como de la gestión institucional.
La participación ciudadana en la toma de decisiones en materia de desarrollo sostenible y gestión ambiental debe cristalizarse en los diversos niveles de representación (nacional, regional y local). El Consejo Nacional Ambiental, la máxima instancia de toma de decisiones, debe propiciar la incorporación de representantes de los sectores más relevantes de la sociedad civil, en sus deliberaciones. En los planos regional y local, se desarrollará una estrategia orientada a la consolidación de los consejos regionales y locales, y a la promoción de espacios para la construcción de agendas ambientales locales, sobre la base de los principios de la Agenda XXI, los esquemas de participación promovidos por el Consejo de la Tierra y la orientación de una nueva ética ambiental sustentada en la Carta de la Tierra, así como las orientaciones emanadas de la Cumbre de Johannesburgo.
Modernización del marco jurídico institucional de la gestión ambiental, cumplimiento de los compromisos internacionales y potenciación de oportunidades de cooperación internacional. La legislación en materia de ambiente y desarrollo sostenible es sumamente dispersa, y en muchos casos contradictoria o confusa. Adicionalmente, el país ha contraído una serie de compromisos regionales e internacionales que no se reflejan de manera acertada en las normas internas. En consecuencia, se promoverá un proceso que armonice la legislación nacional e incluya la incorporación de los compromisos internacionales. Paralelamente, se desarrollarán acciones de modernización de la organización y el funcionamiento de las dependencias de prestación de servicios en este campo, a efectos de mejorar los niveles de eficiencia en la satisfacción de las necesidades de los usuarios.
La consolidación de los anhelos y aspiraciones de los costarricenses en este campo podrán finalmente plasmarse en la Constitución Política, con la incorporación de un capítulo de Garantías Ambientales, que incluirá el concepto de la responsabilidad de todos de contribuir a mejorar la calidad de vida nacional, a la par del compromiso intergeneracional.
Sostenibilidad de los Recursos, Bienes, Servicios y Elementos Ambientales (Las Agendas Temáticas)
Se requiere un ejercicio que permita definir objetivos nacionales de manera que la gestión institucional no se concentre en los recursos tradicionalmente protegidos, sino que ofrezca un balance de las expectativas nacionales y plantee acciones concretas en aquellas áreas hasta ahora no atendidas lo suficiente.
Nadie pone en duda los avances logrados en la consolidación de la "Agenda Verde", lo cual se refleja en el surgimiento de un sistema de áreas protegidas que son orgullo nacional, pero que demandan mayor fortalecimiento con sentido de sostenibilidad, pues no es el mismo nivel de avance que hemos logrado en otras áreas de preocupación institucional, como la llamada Agenda Azul y Café, con la Gris entre ambas.
En la atención de las agendas temáticas (o áreas sustantivas) también aplica la necesidad de desarrollar y consolidar una visión intersectorial e interinstitucional, partiendo de una visión responsable y de la necesidad de ver hacia fuera y no hacia adentro de cada institución pública. Entonces, tanto a nivel de planificación como de ejecución, la concertación y búsqueda de sinergias para obtener los mayores niveles de eficiencia, deben ser los elementos orientadores. Esto es particularmente urgente cuando la realidad fiscal del país impone mayores niveles de sacrificio en el gasto público.
Sostenibilidad de la Agenda Verde
Consolidación de la capacidad institucional para garantizar la armonía entre las actividades productivas y de servicio, y la sostenibilidad ambiental. En este campo, se iniciará un proceso profundo de reforma de los procedimientos administrativos, técnicos y de operación de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), con el objetivo principal de garantizar un accionar eficiente sin desmerecer la calidad de los estudios de impacto ambiental. Paralelamente, se desarrollará un proceso de capacitación de los funcionarios con miras a crear el perfil adecuado para desarrollar las funciones requeridas, y se identificarán mecanismos para garantizar un seguimiento más adecuado de los proyectos en marcha, incluyendo la posibilidad de desconcentrar funciones hacia las diferentes regiones del país. Sobre este particular, se fortalecerán los lazos de cooperación regionales que se están llevando a cabo dentro del marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), concretamente en la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), orientados al fortalecimiento de las capacidades nacionales de los países de la región para el análisis de los impactos ambientales y la armonización de las normas técnicas y legales aplicables.
Biodiversidad, Recursos Forestales y Áreas Protegidas. El país avanzará en la consolidación de su Sistema de Áreas Protegidas, con el objeto de garantizar la protección de los ecosistemas únicos y las especies amenazadas o en peligro, para lo cual se diseñarán planes de acción específicos. Las áreas protegidas, en particular los parques nacionales, las reservas biológicas y las áreas contempladas dentro del Corredor Biológico Mesoamericano y el Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas, serán el centro de atención prioritario de la gestión pública, tanto para la adquisición de tierras, consolidación del dominio y protección, mediante el Sistema de Pago de Servicios Ambientales.
Para impulsar la gestión del patrimonio, se apoyará la aprobación de la Ley de Retribución y Pagos por Servicios Ambientales que se encuentra en la corriente legislativa, y se promoverán las reformas pendientes a la Ley Forestal y la Ley de Biodiversidad. La meta será adquirir al menos un 25 por ciento de las tierras pendientes de pago en parques nacionales y reservas biológicas durante la presente Administración, tanto por medio de recursos propios como de fuentes de cooperación internacional, e incrementar el área de pago de servicios ambientales en al menos un 10 por ciento anual durante los próximos 4 años, sobre la base de la inversión real del año 2001. Adicionalmente, se reforzarán los proyectos de recuperación de cuencas hidrográficas y ecosistemas de montaña mediante el impulso de proyectos de reforestación en áreas prioritarias y de restauración de paisajes de bosques, en forma conjunta y coordinada con otras entidades públicas y privadas interesadas.
En lo referente a la protección y el desarrollo sostenible de los recursos de biodiversidad, se continuarán los esfuerzos tendientes a la implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que constituyó un esfuerzo pionero orientado por las recomendaciones internacionales más actuales en la materia y congruente con los lineamientos de la Convención sobre Diversidad Biológica y las disposiciones normativas vigentes. La Estrategia Nacional de Biodiversidad será el marco orientador para el desarrollo de acciones en los diversos campos relacionados, y parte de la visión de que la biodiversidad del país se protege, conoce y utiliza en forma sostenible por parte de la sociedad costarricense, de tal forma que se mejore su calidad de vida, para lo cual se integran y distribuyen equitativamente los costos y beneficios derivados de su conservación y utilización; consecuentemente, el MINAE articulará los esfuerzos de los diferentes sectores sociales y económicos para la consecución de los objetivos nacionales de conservación y uso sostenible de la biodiversidad, promoviendo acciones conjuntas y alianzas estratégicas locales, regionales, nacionales e internacionales.
Resultará de especial prioridad durante la presente Administración, encontrar una solución al problema de la tenencia ilegal de especies silvestres, por lo cual se desarrollará una estrategia para la consolidación de centros de rescate de vida silvestre, ya sea mediante administración directa o depósito en manos de terceros con fines de custodia e investigación. Asimismo, se avanzará en las acciones de investigación y establecimiento de un marco normativo adecuado para el desarrollo de políticas nacionales relacionadas con la biotecnología y los organismos vivos modificados. Se continuará fortaleciendo la presencia del país en los principales foros internacionales relacionados con esta materia, en particular en las conferencias de las partes y los órganos técnicos y científicos de la Convención sobre Diversidad Biológica y dentro del Grupo de Países Megadiversos, conjuntamente con quienes se impulsará el desarrollo de un instrumento internacional, orientado a regular los derechos de propiedad intelectual sobre el acceso a los recursos de biodiversidad y la equitativa y justa distribución de beneficios entre las comunidades, conforme a los compromisos adquiridos durante la II Cumbre de la Tierra.
En lo concerniente a la consolidación del Sistema de Áreas Protegidas, además de las acciones orientadas a contribuir con el dominio público en los parques nacionales y reservas biológicas que se plantean como prioridad, se desarrollarán acciones tendientes a mejorar la prestación de servicios para promover un incremento en los niveles de visitación y, consecuentemente, la mayor generación de ingresos, por medio de la implementación de mejoras en la infraestructura de administración y atención al turista; la identificación y consolidación de instrumentos y mecanismos financieros que permitan la reinversión de los recursos generados en el sostenimiento del sistema; la participación de las comunidades locales en el manejo de las áreas protegidas y la consolidación y recuperación de ecosistemas frágiles y degradados, particularmente humedales y otros sitios de importancia internacional y regional, para los que se promoverá su planificación y ordenamiento (Sitios RAMSAR y Sitios de Patrimonio).
Complementariamente, se desarrollarán herramientas técnicas que permitan el monitoreo permanente de los impactos de la visitación en las áreas protegidas (Plan de Monitoreo de las Áreas Protegidas), con el objeto de reducir los riesgos de degradación de la calidad de los recursos presentes en ellas y adoptar medidas oportunas de manejo. En el parque marino Isla del Coco se desarrollará un proyecto integral de investigación y planificación del sitio, tanto con fines de protección como de control de las actividades ilegales, que contará con recursos de la cooperación francesa y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF). Asimismo, se continuarán las acciones tendientes a la consolidación del parque marino del Pacífico, como experiencia demostrativa con fines educativos, de conservación y desarrollo sostenible.
Se continuarán los esfuerzos orientados a la promoción del ecoturismo tanto en áreas protegidas públicas como privadas, con prioridad a los esfuerzos que involucren a las comunidades locales y aledañas en el disfrute de los beneficios derivados.
Las acciones por desarrollar se coordinarán muy de cerca con esfuerzos internacionales que se vienen ejecutando, tanto con la Convención RAMSAR de Humedales de Importancia Internacional, la Unión Internacional para la Naturaleza, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Consejo Centroamericano de Áreas Protegidas, el Convenio de Desarrollo Sostenible Costa Rica Holanda (FUNDECOOPERACION), el Proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano y el Proyecto PROARCA que se desarrolla dentro del marco de cooperación entre los Estados Unidos y Centroamérica (CONCAUSA), por medio de la CCAD.
Como complemento, se continuarán los esfuerzos, tanto nacionales como dentro de la estrategia de fortalecimiento del Corredor Biológico Mesoamericano, orientados a la creación de zonas de conectividad entre áreas protegidas que permitan la movilización y el intercambio genético, mediante la creación de corredores biológicos en zonas identificadas como prioritarias y esfuerzos conjuntos con los propietarios de los terrenos identificados y las organizaciones de la sociedad civil presentes en la zona.
Se impulsará la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, incorporando los ajustes pertinentes de conformidad con las nuevas orientaciones de política de la presente Administración, incluyendo los siguientes elementos:
Ordenamiento participativo de las tierras de vocación forestal en Costa Rica en un plazo de 10 años, a nivel nacional, regional y local.
Desarrollo de acciones tendientes a fortalecer la industria forestal primaria y secundaria, la investigación y el desarrollo de nuevos y mejores productos, así como su mercadeo y comercialización.
Estrategia de combate a la tala y el transporte ilegal de madera, la corta indiscriminada en potreros y la comercialización irresponsable de estos productos, además de fortalecer el esquema de planes de manejo forestal, para que constituyan una garantía de control y seguimiento.
Identificación y desarrollo de instrumentos y mecanismos financieros efectivos a nivel nacional e internacional, incluyendo incentivos y créditos oportunos para quienes reforestan o manejan adecuadamente el bosque, así como para la industria procesadora de los productos forestales, aprovechando oportunidades que se presentan a nivel internacional, en particular las derivadas del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto.
La creación del Sistema de Información de Recursos Forestales, SIReFOR, que recopile y refleje claramente la contribución de las distintas actividades del sector forestal a la economía nacional y se inserte como un componente del Sistema de Información Ambiental Nacional.
Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para sumar los esfuerzos de las entidades públicas y privadas hacia el objetivo común de reactivar al sector forestal.
Para llevar a cabo las etapas iniciales de planificación de acciones en este campo, se contará con el apoyo técnico y financiero de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y se coordinarán actividades dentro del marco del Consejo Centroamericano de Bosques, la Comisión Forestal de la FAO y el Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques.
Sostenibilidad de la Agenda Azul
Gestión integrada de los recursos hídricos. Los esfuerzos institucionales estarán orientados a consolidar un marco jurídico institucional, que permita una gestión eficiente de los recursos hídricos conforme a los fines prioritarios que sean establecidos y sobre la base de los principios precautorio y de "quien usa o contamina paga", que serán el sustento para el diseño de un conjunto de instrumentos económicos que permitan garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de gestión, y a su vez su sostenibilidad social y económica, al garantizar el suministro de agua en cantidad y calidad suficiente, y su demanda para los diversos usos.
El Gobierno continuará promoviendo el funcionamiento, después de su reciente reactivación, del Consejo Nacional de Aguas, el cual tendrá la responsabilidad de definir las políticas de manejo integral del recurso hídrico, orientadas a resolver los problemas de duplicidad de funciones y competencias entre las distintas entidades involucradas, de tal forma que se logre el impacto deseado en el manejo y la conservación del recurso hídrico. Recientemente, el Consejo definió políticas y objetivos que se exponen a continuación, los cuales serán incorporados al proyecto de Ley de Aguas que impulsará el Gobierno. Desde esa perspectiva, se definieron los siguientes objetivos que orientarán la gestión del recurso:
Regular la conservación, el manejo integral y el uso racional del recurso hídrico, bajo un marco institucional que integre la perspectiva ecosistémica y sostenible.
El derecho de participación equitativa y responsable de los ciudadanos en la gestión del recurso hídrico, así como su deber de utilizarlo racionalmente y conservarlo.
El Consejo Nacional de Aguas también definió los siguientes principios que constituyen una visión sobre el modelo de gestión de agua que según el Consejo debe impulsarse:
El agua como derecho humano. El acceso al agua es un derecho humano en la medida que satisfaga las necesidades básicas del ser humano. El acceso al agua potable constituye un derecho humano inalienable.
Preferencia de uso del recurso hídrico. En virtud del destino natural y social del agua, el Estado se encuentra obligado a priorizar el uso para abastecimiento y consumo de poblaciones sobre cualquier otro posible, y deberá garantizar su existencia y velar por su eficiente manejo y precio justo. El interesado en el uso del recurso hídrico debe garantizar satisfacción de la demanda actual y futura para las poblaciones.
Gestión del agua. La gestión del agua y sobre todo las reglas de acceso a este recurso, deben regirse por un principio de eficiencia, equidad y solidaridad social e intergeneracional.
Valor económico y ambiental. Debe reconocerse el valor económico del agua que procede del costo de administrarla, protegerla, recuperarla y del reuso para el bienestar de todos. Con este valor se defiende una correcta apreciación del recurso, que se manifiesta en conductas de ahorro y protección por parte de los usuarios.
Unidad de planificación. La gestión del recurso hídrico debe ser integrada, descentralizada (regionalizada) y participativa, partiendo de la cuenca hidrográfica como unidad de planificación y gestión.
Fuentes renovables de energía. Es de suma importancia la promoción de fuentes energéticas renovables alternativas que reduzcan o eliminen el impacto de esta actividad sobre el recurso hídrico.
Manejo del recurso hídrico. El manejo del recurso hídrico, incluidos su conservación y uso, debe estar en función de su disponibilidad en calidad y cantidad, con un enfoque ecosistémico. Debe reconocerse la función ecológica del agua como fuente de vida y sobrevivencia de todas las especies y ecosistemas que dependen de ella.
Preventivo. Las acciones de gestión y la toma de decisiones en relación con el uso del agua deberán estar orientadas a procurar el menor daño posible. En caso de daño eventual o inminente al recurso hídrico y demás componentes esenciales del régimen hidrológico, la autoridad competente deberá ordenar las medidas preventivas y correctivas que sean necesarias para evitar su prolongación o un daño mayor. Las medidas pertinentes serán de acatamiento obligatorio tanto para la persona física o jurídica privada, nacional o internacional, así como para las instituciones públicas.
Precautorio. En caso de duda o ausencia de certeza científica, de que las actividades humanas afectarán significativamente el régimen hidrológico y sus componentes esenciales, por uso directo del agua, la autoridad competente deberá denegar, condicionar o limitar el uso o manejo del recurso hídrico o dichos componentes.
Internalización de las externalidades negativas de la contaminación. Quien contamina debe asumir y compensar los costos ambientales y sociales, actuales y potenciales.
Participación ciudadana. El desarrollo y la gestión del agua deben basarse en un enfoque participativo que involucre a los usuarios, planificadores y tomadores de decisión a todos los niveles. En relación con las comunidades, el Estado debe asegurar la participación y consulta, en la toma de decisiones públicas en materia de conservación, manejo y uso del recurso.
En cuanto a la organización administrativa por implementar, el Consejo Nacional de Aguas consideró que la mejor sugerencia para la organización administrativa en la gestión del agua, es la creación de un órgano colegiado intersectorial 1/, que tendrá como función principal definir políticas integrales en la conservación, el aprovechamiento y la calidad del recurso hídrico, así como la elaboración del Plan Nacional de Aguas. El Consejo no deroga las competencias de las instituciones involucradas con el recurso hídrico, sino que las coordina y recomienda las políticas por seguir, y queda a criterio de los jerarcas del sector la ejecución.
Otro tema de gran trascendencia sobre el cual el Consejo Nacional de Aguas definió su política, es el referente al canon por la utilización del agua; se aprobó el cobro de un canon por aprovechamiento y otro por vertidos. Los recursos generados por los cánones permitirán la creación de un fideicomiso que financiará el desarrollo de acciones prioritarias, como la implementación del Plan Nacional de Aguas. Otros destinos específicos de tales recursos serán establecidos en la Ley de Aguas.
Consecuentemente con las anteriores orientaciones, que conforman la base de pensamiento estratégico de la presente Administración en este tema, se promoverá la consolidación de un marco legal novedoso, que incorpore los principios enumerados y permita conciliar las diferentes iniciativas legislativas que han surgido sobre este tema, por medio de un análisis exhaustivo de sus coincidencias y discrepancias. Es necesario reconocer que se trata de un tema de importancia estratégica fundamental para el país y se requiere un consenso de los diversos sectores y entidades, para consolidar una visión nacional.
En el cumplimiento de sus obligaciones como gestor nacional del recurso, el órgano colegiado deberá establecer y consolidar los mecanismos de coordinación apropiados con las principales instituciones públicas encargadas de administrar servicios como los de agua potable para consumo doméstico, uso industrial, riego, generación hidroeléctrica, etc., tanto a nivel nacional como regional y local, conforme corresponda. Los recursos que por su naturaleza deban ser orientados a la protección de las cuencas prioritarias, mantos y reservas de agua, por medio del pago por servicios ambientales, serán administrados por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal y se asignarán de conformidad con la prioridad definida en las políticas y planes nacionales.
En referencia a los recursos marinos y costeros, si bien ya se han definido algunos factores que se encuentran estrechamente relacionados con las políticas en materia de biodiversidad y áreas protegidas (áreas de conservación que tienen un componente marino), se combinarán esfuerzos interinstitucionales con miras a la elaboración de un Programa Nacional de Conservación y Desarrollo Sostenible de los Recursos Marinos y Costeros. Esta labor se desarrollará como parte de los esfuerzos regionales que serán apoyados dentro del marco de la CCAD, el Convenio de los Mares del Pacífico Nordeste, el Convenio de Cooperación para el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Gran Caribe y la consolidación de la Iniciativa para crear un Corredor Marino Internacional entre Galápagos, El Coco, Malpelo/Gorgona y Coiba, con el respaldo de la Unión Internacional para la Naturaleza, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Conservación Internacional. La protección de los ecosistemas de humedales y manglares costeros será un elemento central de este programa.
Sostenibilidad de la Agenda Café
El Consejo Ambiental promoverá la coordinación de las instituciones involucradas con la utilización del suelo, tales como el MINAE, el MAG, el MINSALUD, el MIVAH y las municipalidades, entre otras. Esta instancia coordinará las diferentes acciones de ordenamiento territorial, esto es, planes de manejo en las áreas de conservación, zonificación agropecuaria, planes reguladores, zona marítimo terrestre y proyectos de manejo de cuencas.
El MINAE, en coordinación con el MAG, velará por el cumplimiento de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, de 30 de abril de 1998. De acuerdo con esta Ley, ambos ministerios y las otras instituciones relacionadas con la materia de manejo y conservación de recursos ambientales, deberán coordinar la elaboración del Plan Nacional de Manejo y Conservación de Suelos, para tierras de uso agroecológico.
El MAG, en coordinación con el MINAE, continuará con la ejecución de programas en armonía con el ambiente, principalmente en lo que se refiere al fomento de la agricultura orgánica y ecoagricultura.
Los estudios de zonificación agropecuaria serán fortalecidos por parte del MAG, de tal forma que las actividades agropecuarias estén acordes con la capacidad de uso del suelo.
El MAG reforzará los servicios de asistencia técnica orientados al uso racional de agroquímicos, como una medida para desintoxicar los suelos agrícolas.
La actividad minera debe desarrollarse bajo estrictas normas de control ambiental. En cuanto a la minería a cielo abierto, será altamente restringida.
Sostenibilidad de la Agenda Gris
Gestión de calidad ambiental. El marco jurídico vigente, en particular la Ley Orgánica del Ambiente, contiene una serie de preceptos que informan la necesidad de una política nacional en materia de gestión de la calidad ambiental y que pueden ser contextualizados básicamente en dos ejes principales: el de prevención y corrección de la contaminación, y el establecimiento de políticas y acciones de protección ambiental de los recursos de aire, agua, suelo y recursos energéticos. Tales acciones se coordinarán estrechamente con las restantes dependencias técnicas del MINAE, así como con las entidades públicas competentes, a efecto de aclarar progresivamente los niveles de competencia y responsabilidad específicos.
Se tomarán las medidas necesarias para establecer un marco institucional adecuado, con el surgimiento de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental dentro del MINAE, que tendrá a su cargo el desarrollo de las acciones requeridas en la materia, tanto en el nivel estratégico (definición de políticas; desarrollo de normativas y planes nacionales de ejecución; interrelación e interacción con otros entes nacionales de acción ambiental, y fiscalización y coordinación de procesos ambientales de tipo operativo) como en el operativo (acciones relacionadas de forma directa y específica con el control y la prevención de la contaminación por parte de las acciones productivas y el uso de los recursos naturales -aire, agua, suelo, recursos minerales y energéticos, así como flora y fauna, paisaje, etc.).
Al lado de las tareas de control, esta nueva unidad técnica del MINAE deberá desarrollar nuevos instrumentos de gestión ambiental que promuevan el autocumplimiento y los esfuerzos voluntarios de los agentes productivos, con miras a mejorar su desempeño ambiental; también promoverá la aplicación de instrumentos económicos y de mercado de gestión ambiental, que sirvan de base para la sostenibilidad financiera del sistema nacional de gestión de calidad ambiental. Particularmente, se desarrollarán acciones para implementar el cobro de cánones por vertidos en cuerpos de agua, que se utilizan como mecanismo para disposición de desechos, así como por el costo de disposición de materiales sólidos, como plásticos y otro tipo de empaques y embalajes que actualmente no incorporan el costo de recuperación en su precio.
Con miras al cumplimiento de sus responsabilidades, la Dirección desarrollará una estrategia que incluya el diseño de la normativa técnica necesaria para prevenir la contaminación del medio ambiente, regular el manejo de los desechos sólidos, de las sustancias tóxicas y peligrosas, de los efluentes contaminantes en los cuerpos de agua, de las emisiones atmosféricas, y del uso y manejo de los agroquímicos, y velar por su actualización conforme avancen las investigaciones sobre daños que provocan diversos procesos productivos o las sustancias que se usan en él y que son perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. Asimismo, se establecerán los límites permisibles para la disposición de efluentes, desechos y emisiones en los diferentes medios y la creación del Sistema Nacional de Información de la Calidad Ambiental, que reunirá la información de todas las instituciones referidas a la contaminación ambiental, producción de desechos, uso de recursos naturales y otras variables comprendidas en el Sistema Nacional de Indicadores Ambientales.
El marco institucional para atender la gestión de la calidad ambiental, además será el encargado de dar seguimiento a otras responsabilidades institucionales que no se han enfrentado en forma eficiente en años anteriores y sustancialmente deben corresponder a una política de calidad ambiental, tales como la gestión de los recursos geológicos y mineros; el transporte y la comercialización de combustibles, y el control de sustancias peligrosas, tóxicas y persistentes. Con tal propósito, se pretende atender con mayor eficiencia las responsabilidades que en conjunto tienen un efecto significativo sobre la calidad del ambiente, particularmente el suelo y la atmósfera. Estas acciones deberán ser complementadas y armonizadas con los esfuerzos que se plantean en materia de ordenamiento del territorio, por medio del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, el que a su vez deberá incorporar, por medio del establecimiento de los mecanismos adecuados de coordinación, los elementos relevantes que se deriven del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, en lo referente al ordenamiento de las tierras forestales; el Plan Nacional de Ordenamiento Ambiental, en lo relativo a las reservas forestales y los refugios nacionales de vida silvestre, y el Plan de Acción Nacional de la Comisión Asesora para la Degradación de Tierras, en torno a las prioridades de acciones en áreas que sufren procesos serios de degradación y desertificación.
Se desarrollarán esfuerzos específicos para consolidar un Plan Nacional de Implementación de las Convenciones Internacionales relacionadas con el uso de sustancias peligrosas, como los Convenios de Basilea, el Protocolo de Montreal y el Convenio de Rotterdam, entre otros; así como para realizar los inventarios, la reducción, el tratamiento y la destrucción de sustancias cuyos usos se deben restringir o eliminar en virtud de tales acuerdos internacionales, de los cuales el país forma parte. Se continuarán los intentos por reducir la importación de sustancias agotadoras de la capa de ozono, en particular el bromuro de metilo y las sustancias químicas persistentes, y se generarán acciones adicionales orientadas a la búsqueda de alternativas que permitan reducir el riesgo de pérdida de la competitividad de nuestros productos.
Las acciones citadas deberán complementarse, en estrecha coordinación con las demás entidades públicas competentes, al promocionar técnicas y procesos de producción amigables con el ambiente, elaborar planes integrales de manejo de microcuencas, desarrollar proyectos demostrativos y de fincas bajo el concepto de desarrollo integral, así como implementar actividades de educación y asistencia técnica asociadas con las labores de mejoramiento productivo e inserción en los mercados nacionales e internacionales. En ese sentido, con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, se ejecutará un proyecto binacional en la cuenca del río Sixaola; se continuará con el proyecto de la cuenca del río San Juan y se buscará, junto con la Cooperación Española, la ampliación del proyecto de la cuenca del río Savegre. Adicionalmente, se establecerán alianzas con las diferentes fuentes de cooperación técnica y financiera internacional en curso, con el objeto de maximizar los recursos orientados a estos fines, particularmente los provenientes de FUNDECOOPERACIÓN, el Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD, el Fondo de Canje de Deuda Costa RicaCanadá y otros esfuerzos similares, tanto nacionales como regionales.
Energía
Indudablemente lo que ocurra en el campo energético afecta en forma directa las variables ambiente, sociedad y economía. Por ello, en los siguientes apartados se describe la problemática energética nacional, así como las acciones estratégicas más relevantes del sector, para enfrentar los retos futuros, con un énfasis en la correlación existente entre la variable energía y la variable ambiente.
Diagnóstico
Costa Rica cuenta con 34 cuencas hidrográficas, de las cuales solo en 13 de ellas se han identificado proyectos hidroeléctricos, ya sean del ICE o de generadores privados2.
El potencial hidroeléctrico teórico total se ha estimado en 25.000 MW. De esa cantidad, se han explotado 1.220 MW; el potencial económicamente aprovechable restante que no se ubica en parques nacionales, es de 5.000 MW aproximadamente. De los 1.220 MW, el 81 por ciento pertenece al ICE. La CNFL posee un 6.6 por ciento y los generadores privados, incluidas las cooperativas de electrificación rural, tienen el 12,4 por ciento del potencial instalado.
En relación con los proyectos futuros, el ICE ha identificado 4.171 MW en proyectos sin explotar fuera de parques nacionales, de los cuales un 42 por ciento tocan zonas de reserva indígena, y un 25 por ciento, reservas forestales. En estas zonas es posible el desarrollo de proyectos, aunque se plantea la posibilidad de conflictos ambientales. Adicionalmente a los proyectos del ICE, los generadores privados y otras empresas (CNFL, JASEC y ESPH) han identificado un potencial de 852,1 MW. Solo la CNFL ha identificado proyectos por un total de 481 MW instalados para finales del año 2010.
Entre la fuentes alternativas de energía se destacan los recursos biomásicos de que dispone el país, los cuales incluyen la leña, los residuos vegetales (cascarilla de arroz, cascarilla de café, cascarilla de nuez de palma africana, olote de maíz y bagazo de caña de azúcar), el biogás y el alcohol. En la actualidad, estos recursos no se encuentran totalmente evaluados; no obstante, existe información básica sobre ellos.
Otras fuentes importantes de energía son el viento, la radiación solar y la geotermia. Entre las zonas de mayor potencial eólico se encuentran Tilarán, Bagaces, Río Naranjo y La Cruz. Recientemente, el ICE inauguró el proyecto eólico Tejona, de 19,8 MW. El recurso eólico ha atraído también la inversión privada, y a la fecha existen tres plantas privadas.
En cuanto a la energía solar, el ICE y CoopeGuanacaste han realizado estudios y algunos esfuerzos en sus respectivas zonas, instalando a la fecha 660 sistemas fotovoltaicos con capacidades que van desde 60 W hasta 120 W, en diversos lugares del país. La tecnología disponible para el aprovechamiento de este recurso en la generación eléctrica, ya sea mediante celdas voltaicas o mediante la acumulación de calor, es sumamente costosa, en comparación con las fuentes convencionales utilizadas en el país. El ICE utiliza la electrificación fotovoltaica en aquellas comunidades del país que no cumplen los parámetros mínimos fijados para extender la red convencional.
El potencial geotérmico nacional asciende a 865 MW; las áreas de mayor potencial son las localizadas en la zona volcánica de Guanacaste y la Cordillera Volcánica Central. Actualmente, el potencial geotérmico explotado es de 142,4 MW, ubicado en el campo geotérmico Miravalles, en las faldas del volcán Miravalles.
Principales Problemas
El nivel de consumo de hidrocarburos y electricidad mantiene elevadas tasas de crecimiento. El consumo de gasolina regular aumentó un 28 por ciento entre 1999 y 2000, durante una coyuntura de aumento en el precio internacional del petróleo, que pasó de $16,7/barril en 1998 a $34,3/barril en 2000; consecuentemente, la factura petrolera de Costa Rica pasó de $260,8 millones a $472,1 millones. Entre 1999 y 2000, el monto de importaciones de derivados del petróleo aumentó en $151,9 millones, o sea un 47,4 por ciento.
El modelo de desarrollo energético se caracteriza aún por una importante dependencia de los derivados del petróleo.
La disponibilidad del recurso hídrico está íntimamente ligada a las variaciones en la precipitación pluvial. La oferta hídrica es abundante de mayo a noviembre (época lluviosa), mientras que para el período de diciembre a abril, correspondiente a los meses secos, la oferta hídrica baja debido a la disminución de los caudales de los ríos. Periódicamente, ocurren variaciones marcadas en el ciclo hidrológico, ocasionado por fenómenos meteorológicos como "El Niño" y otras oscilaciones climáticas. Este fenómeno provoca que la estación lluviosa sea irregular, prolongando la estación seca y disminuyendo la precipitación en los meses de julio y agosto, especialmente en las cuencas de la Vertiente Pacífica.
El aprovechamiento de los recursos eólicos en Costa Rica ha alcanzado un nivel de desarrollo importante; no obstante, hay dificultades técnicas que impiden una penetración de mayor escala. Por una parte, se trata de una energía intermitente que requiere la instalación de plantas de respaldo. Asimismo, las características eléctricas del SIN dificultan una adecuada regulación de frecuencia y voltaje en la presencia de este tipo de generación. Por lo tanto, el ICE tomó la decisión de limitar la capacidad instalada eólica a un 6 por ciento de la capacidad total, mientras se evalúa el impacto ambiental de dicha generación.
Una parte importante del potencial hidroeléctrico y geotérmico se ubica en parques nacionales, lo cual crea dudas sobre lo que realmente se puede aprovechar en el futuro.
Principales Retos
Lograr un balance energético (oferta y demanda) que permita reducir la dependencia externa.
Desarrollo de nuevas fuentes alternativas de energía.
Optimizar la producción de energía tanto para una escala nacional, como para la exportación regional, de tal forma que se promueva la atracción de industrias electrointensivas que generan empleos bien remunerados.
Fortalecer nuevos mecanismos para financiar la futura infraestructura y así depender menos de empréstitos.
Tomar el liderazgo a nivel centroamericano en la creación de mercados energéticos regionales, orientados hacia el concepto de mercados "verdes", y así atraer el apoyo financiero de fondos "verdes" globales.
Incorporar a los pequeños y medianos generadores en el esfuerzo exportador.
Lograr que el desarrollo energético se realice con mayor participación social, especialmente de las comunidades circunvecinas a los proyectos, de tal forma que se verifique el mínimo impacto ambiental.
Satisfacer la demanda de hidrocarburos con una calidad óptima de producto, a precios razonables y considerando la conservación del ambiente.
El IV Plan Nacional de Energía 2000-2016 estipula cuatro principios en los que se debe basar la política energética nacional; uno de ellos es "resguardar la soberanía nacional de la excesiva dependencia externa de insumos estratégicos". A la vez, el Plan centra su objetivo fundamental en "asegurar el abastecimiento de la energía necesaria para el desarrollo integral de la sociedad costarricense".
Para lograr el objetivo fundamental, el Plan propone las siguientes estrategias que servirán de guía para delinear las acciones por impulsar:
En el marco de la legislación vigente, se apoyarán las iniciativas del sector privado en la identificación de proyectos hidroeléctricos y de fuentes nuevas y renovables, para la generación eléctrica.
Se evaluará y explotará sistemáticamente el potencial de los recursos nacionales de energía biomásica, solar y eólica, cuando se justifique técnica y económicamente.
El ICE y el sector privado elaborarán los estudios relacionados con la energía eólica y solar e impulsarán la puesta en operación de proyectos de explotación de estos recursos para la producción de electricidad.
En relación con los recursos biomásicos, RECOPE evaluará su posible utilización como combustible alterno.
La operación integrada del SIN se continuará bajo la dirección del ICE y se actualizará tecnológicamente para maximizar su productividad y confiabilidad. Dentro de este planteamiento de las nuevas obras de generación, el ICE incluirá la modalidad de proyectos de generación compartidos, a partir de fuentes nuevas y renovables de energía.
Se promoverá la puesta en marcha de proyectos que utilicen recursos naturales del país (hidráulicos, geotérmicos, biomasa solar y eólicos) en la generación de electricidad, en contraste con los que requieren el uso de energéticos importados, otorgándole prioridad a los que sean ambientalmente limpios.
Se fomentará el desarrollo de proyectos que aprovechen fuentes nuevas y renovables como una alternativa que permita garantizar el desarrollo sostenible. Asimismo, se impulsará la investigación sobre mercados y tecnologías limpias para la implantación de nuevas cadenas de producción y uso de la energía.
Se promoverá la aprobación de las leyes necesarias para asegurar el cumplimiento del Plan Nacional de Energía.
Las instituciones del sector desarrollarán una política apropiada de conservación de energía, promoviendo el ahorro y uso racional como medios para limitar la necesidad de inversiones en nuevas obras y obtener un mayor provecho de la infraestructura existente.
Se promoverá la disposición de recursos financieros y tecnológicos para poner en práctica los proyectos de administración de la demanda energética.
Entre los principales programas y proyectos del sector energía que se impulsarán durante el período 2002-2006, se destacan los siguientes:
Programa de Desarrollo de Fuentes Energéticas Renovables.
Generación de la normativa de calidad ambiental por aplicar en proyectos hidroeléctricos.
Implementación del Proyecto Hidroeléctrico Boruca, continuando con la etapa de talleres de consultas locales y regionales, con la participación de todas las organizaciones involucradas.
Identificación de la cantidad y calidad de recursos naturales renovables del país que pueden ser utilizados para la generación de electricidad.
Realización de planes de estudios de proyectos hidroeléctricos y de aprovechamiento de las cuencas hidrográficas.
Realización de planes de estudios de proyectos de campos geotérmicos.
Programa de fondos y convenios para incentivar a los clientes a desarrollar medidas de uso racional de la energía.
Desarrollo del programa de formación energética, dirigido a todos los sectores de la población, con el propósito de aumentar el conocimiento de los usuarios para obtener un uso más eficiente de la energía.
Proyecto de conservación de la energía y el medio ambiente.
Establecimiento de un programa de información y difusión sobre el uso racional de la energía, con el fin de disminuir la tasa de crecimiento de la demanda de la energía eléctrica, sin detrimento del desarrollo económico, social y ambiental del país.
Como parte del Programa Nacional de Conservación de Energía, amparado en la Ley de Uso Racional de Energía, sustituir y ampliar el sistema de alumbrado público del cantón Central de San José, con fuentes de luz eficientes.
Implementación de tarifas de tiempo y uso.
Continuación del Proyecto Pirrís.
Conclusión del Proyecto Eólico Tejona.
Continuación del Proyecto de Modernización de la Planta Hidroeléctrica de Cachí.
Continuación de la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Peñas Blancas.
Planeación de la entrada en ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Cariblanco.
Diseño y ejecución de un Programa de Administración de la Demanda.
Proyecto Hidroeléctrico Cote.
1/ Dicho Órgano tendrá las siguientes características: carácter consultivo y asesor en la formulación de políticas; desconcentración máxima con personería jurídica instrumental; e integrado por: MINSALUD, MINAE, AYA, MEIC, MAG, ICE, SENARA, ARESEP.
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