Seguridad ciudadana y justicia
Retos y resumen de políticas y acciones estratégicas

 

button_a2.gif (1701 bytes) Retos
     
button_a2.gif (1701 bytes) Resumen de políticas y acciones estratégicas
   

Retos

    El Gobierno tiene grandes retos que debe atender mediante acciones de política que llevarán a cabo las diferentes instituciones relacionadas con las áreas de seguridad y justicia.

    La población inmigrante proveniente de cinco países (Nicaragua, Panamá, EEUU, El Salvador y Colombia) y representaba para el año 2000 el 88% del total de la población nacida en el exterior. El incremento de población para estos cinco países, durante el período intercensal, se aprecia a continuación:

CUADRO 1:   POBLACION MIGRANTE POR
PRINCIPALES PAÍSES

PAÍS

1984

2000

Nicaragua

45.918

226.374

Panamá

4.794

10.270

EEUU

5.369

9.511

El Salvador

8.748

8.714

Colombia

1.678

5.898

Fuente: INEC, IX Censo Nacional de Población 2000.

    Como se puede observar, la población nicaragüense se incrementó casi cinco veces en relación con la del año 1984 y la colombiana creció casi cuatro veces durante el mismo período; lo anterior sin tomar en consideración que en el año 2001 y en el primer semestre del 2002, la inmigración colombiana, sobre todo de refugiados, fue mucho mayor a la registrada en 1999 y el 2000, correspondientes a los flujos migratorios captados por el Censo 2000.

    Los principales movimientos y saldos migratorios de los países antes mencionados, para los años 2001 y 2002, se exponen en el siguiente cuadro:

Movimientos y Saldos Migratotios de los cinco países con más ingreso
2001-2002

País Año 2001 Año 2002 *
  

Ingreso

Egreso

Saldo Migratorio

Ingreso

Egreso

Saldo Migratorio

Nicaragua

171.358

132.631

38.727

128.145

86.377

41.768

EEUU

510.160

497.942

12.218

303.574

296.853

6.721

Panamá

55.993

47.215

8.778

41.003

34.745

6.258

Colombia

47.966

40.593

7.373

27.040

23.637

3.403

El Salvador

35.570

33.193

2.377

23.681

20.877

2.804

                Fuente: Dirección General de Migración y Extranjería
                    * Datos preliminares hasta el 22 de setiembre del 2002.

    Durante los dos últimos años, el saldo migratorio de la población nicaragüense ha sido muy superior al resto de los otros cuatro países y ha tenido un notable incremento para el último año. Este flujo migratorio ha incidido en un incremento importante en la demanda de diferentes servicios públicos que brinda el Estado, como son: educación, salud, vivienda y seguridad, entre otros. En el Eje de creación de oportunidades en lo relativo a la población migrante, se detalla el impacto relevante que esta población genera sobre la situación económica y social del país.

Conclusiones

    Lo anterior señala la necesidad de implementar, por parte del Gobierno de Costa Rica, una política migratoria selectiva, de acuerdo con su potestad soberana de decidir quién ingresa al país y quién no. Esto implica un accionar integral de las diferentes instituciones con responsabilidad en el campo migratorio.

    Algunas decisiones que deben tomarse se refieren al cambio de las condiciones de ingreso al país para ciertas poblaciones de inmigrantes, que por sus características así lo ameriten. Asimismo, periódicamente deberán elaborarse estudios técnicos que demuestren la conveniencia nacional de permitir el ingreso de ciertos flujos migratorios como son los movimientos laborales.

Luchar contra el fenómeno de la drogadicción

   El desarrollo socioeconómico no puede prosperar en ausencia de condiciones que promuevan la dignidad individual, la democracia y la seguridad de los Estados. La prevención del uso indebido de drogas, la lucha contra su tráfico ilícito y el desarrollo socioeconómico se relacionan entre sí; lo primero puede influir en lo segundo y ser influido por él.

    Los problemas del uso indebido, la demanda, la producción, el tráfico y la distribución ilícitos de drogas, incluidas las drogas sintéticas o "de diseño", siguen siendo graves e interrelacionados. Motivo de especial preocupación son las negativas consecuencias que conllevan las drogas ilícitas y demás sustancias controladas, así como los delitos conexos, en la medida que constituyen una seria amenaza para la salud e integridad de la persona humana y el normal desarrollo de los pueblos, al tiempo que imponen enormes costos sociales, económicos y políticos a los Estados.

    El problema de las drogas, que ha venido adquiriendo enorme importancia en el mundo, se manifiesta de manera compleja, cambiante y tiene un alcance nacional. Requiere una clara acción sistemática, integral, coherente, concertada, de largo plazo, con la participación de las distintas instituciones del Estado, organizaciones privadas y la sociedad en general, conducentes a la prevención del consumo indebido de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, el tratamiento y la rehabilitación de los consumidores, la eliminación o disminución significativa del tráfico ilícito y otros delitos conexos, como el lavado de dinero proveniente de esa ruin actividad.

    En ese marco y en atención a la recomendación que brindara la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA), durante el período extraordinario de sesiones, celebrado en diciembre de 2000 en Washington D.C., el Gobierno de Costa Rica, mediante el Decreto N° 29819-MP, de 1 de octubre de 2001, dictó el Plan y Estrategia Antidrogas del Gobierno de la República de Costa Rica.

Justicia pronta y cumplida

   El concepto de una justicia pronta, cumplida y sin denegación, es otro de los principales retos que esta Administración pretende enfrentar. En ese contexto, dentro del más absoluto respeto a los Poderes del Estado, el Poder Ejecutivo respaldará, con decisión y entusiasmo, toda gestión encaminada a hacer realidad ese precepto de justicia.

    El desarrollo y la democracia necesitan una administración de justicia que se adapte a los nuevos desafíos de la problemática social y que estructuralmente garantice un modelo más eficiente de organización judicial y le brinde contenido material a la exigencia constitucional de hacer justicia pronta, cumplida y sin denegación.

    En respuesta a esa necesidad el Poder Judicial, consciente del importante papel que cumple en el Estado de Derecho, impulsa un proceso de modernización de la administración de justicia, con el fin de remozar y hacer más eficiente la tutela judicial para todos los sectores sociales y crear el clima de confianza pública, estabilidad, transparencia y respeto a los derechos de cada uno, constituyendo el marco indispensable para propiciar el desarrollo y la expansión democrática. Consolidar un sistema jurídico más equitativo, accesible, eficiente y previsible, que permita reducir el retraso y la congestión judicial, es el objetivo fundamental de este programa.

    La transformación comprende desde un impulso a la reforma de la legislación vigente, la simplificación y celeridad de los procedimientos, la expansión de los procesos orales, hasta la reestructuración de la oficina judicial, con el fin de adaptarla a los avances de la administración moderna y la tecnología de la información; desde la integración de la información jurídica, relativa a la doctrina, la legislación vigente y la jurisprudencia; pasando por el fortalecimiento de la capacitación judicial, el desarrollo de los programas de educación a distancia y el remozamiento de la Escuela Judicial; hasta una reestructuración de la organización administrativa, para hacer procesos más eficientes frente a las necesidades de las oficinas jurisdiccionales.

    Los procesos de remozamiento de las estructuras, de la organización y de las leyes, así como de la infraestructura, han avanzado considerablemente. Destacan, dentro de este proceso, la construcción de nuevos circuitos judiciales, como el II Circuito Judicial de San José, la ampliación y remodelación del Circuito Judicial de Heredia, la Morgue Judicial, los departamentos de Medicina Legal y los laboratorios de Ciencias Forenses, con la más avanzada tecnología y en función de las necesidades de la administración de justicia.

    La iniciativa del Poder Judicial en la reforma de las leyes, tales como la normativa orgánica, los procesos judiciales y algunos procedimientos como las notificaciones, ha sido parte fundamental en la renovación normativa de nuestro país. Cabe mencionar por su importancia el Código Procesal Penal, con una nueva filosofía de hacer realidad los principios de celeridad, simplicidad, publicidad, inmediación y en cuyas novedades destaca la participación de la víctima en el proceso y las vías de resolución alternativa de conflictos para algunos delitos.

    El reto que se asume es muy delicado, ya que aun cuando en términos generales existe consenso en la necesidad del cambio, hay obstáculos que hacen complejo el proceso y son imprescindibles de tomar en cuenta. Entre estos destacan el incremento de la litigiosidad, la participación y/o resistencia de los servidores judiciales en el proceso de cambio, la declinante percepción ciudadana acerca del servicio judicial, así como los problemas que conducen a la insatisfacción del usuario con el servicio, debido a la lentitud en la ejecución de los procedimientos, el inadecuado acceso del usuario a la justicia, la mala atención al usuario, la deficiente organización del Poder Judicial, la falta de información al ciudadano, la corrupción y la mala calidad de las resoluciones judiciales.

    La efectividad de la Constitución, su vigencia como derecho aplicable, la garantía de los derechos fundamentales y el cumplimiento del principio de legalidad, descansan sobre la capacidad del Poder Judicial de cumplir su función, que consiste en proporcionar justicia pronta, cumplida y sin denegación.1/

    Otra propuesta del Ejecutivo, para coadyuvar al descongestionamiento de los tribunales de justicia, es fortalecer los mecanismos de resolución alterna de conflictos (RAC). Estos mecanismos, entre los que se destacan la mediación, la conciliación y el arbitraje, son procedimientos ágiles y expeditos mediante los cuales los ciudadanos logran solucionar sus diferendos, dentro de una cultura pacífica de abordaje; donde los acuerdos o resultados adquieren carácter de cosa juzgada según lo estipulado en la Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social, Nº 7727.

    En concordancia con lo anterior, el Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Justicia, propone fomentar del programa "Casas de Justicia", de las cuales están funcionando tres y están ubicadas en Montes de Oca, Mora y Puntarenas. También se han autorizado otros siete centros de resolución alterna de conflictos en la Cámara de Comercio, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, la Cámara Costarricense – Norteamericana de Comercio, el Ministerio de Trabajo, el Centro de Mediación, Enseñanza e Investigación (CEMECO), el Instituto para la solución de conflictos familiares y el de la Propiedad de la Cámara de Corredores de Bienes Raíces.

Resumen de Políticas y Acciones Estratégicas

Combatir la criminalidad y los delitos contra las personas y sus bienes:

Combatir la corrupción

Proteger los bienes muebles e inmuebles

Para enfrenar esta problemática se propone:

Control de los flujos migratorios:

    En materia de control migratorio se proponen, para el período 2002-2006, las siguientes acciones:

    El Poder Ejecutivo en un esfuerzo por dotar al país de instrumentos que permitan a los gobiernos brindar respuestas más efectivas ante el problema migratorio, presentará a la Asamblea Legislativa el proyecto de Reforma integral a la Ley General de Migración y Extranjería. Este proyecto se basa en principios fundamentales que promueven la convivencia de nacionales y extranjeros, en valores democráticos, en el pleno respeto a la propiedad privada y en el apego a nuestro Estado de Derecho, donde la aplicación de las leyes migratorias no riñan con el pleno respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, reconociendo y fomentando las migraciones internacionales ordenadas como importante factor de desarrollo, pero propiciando, de manera paralela, mecanismos que permitan de manera efectiva prevenir y desestimular los flujos desordenados e irregulares, con sanciones drásticas y rigurosas a quienes fomenten prácticas que alienten la irregularidad y el incumplimiento de la normativa legal vigente.

Lucha contra el fenómeno de las drogas en todas sus manifestaciones

    El Plan y Estrategia Antidrogas del Gobierno de la República de Costa Rica, como estrategia antidrogas, contiene los siguientes lineamientos generales, determinados mediante la aplicación de cinco sistemas nacionales, los cuales deben ser considerados políticas de acción institucional:

    Para el fortalecimiento de este Plan, esta Administración pondrá en funcionamiento, a partir de octubre de 2002, el Instituto Costarricense Antidrogas, que integra al CENADRO, el CICAD y el Área de Precursores del Ministerio de Salud. Será un órgano central, a escala nacional, responsable de ejercer la coordinación general, fiscalización, seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan y Estrategia Antidrogas del Gobierno de la República de Costa Rica.

Justicia pronta y cumplida:

En procura de la tranquilidad y de promover una cultura de paz en los ciudadanos, la Administración del Dr. Abel Pacheco de la Espriella propone el funcionamiento del Consejo de Seguridad Integral y Participación Ciudadana, cuyo objetivo general es la coordinación interinstitucional de la política pública en esta materia. Serán funciones del Consejo las siguientes:6/

 

1/ Fuente: Página electrónica del Poder Judicial de Costa Rica
2/ De acuerdo con estudios técnicos realizados en las Unidades Cantonales, donde se tomaron en cuenta variables como índice seguridad, desarrollo social, densidad poblacional, importancia turística, personal policial, denuncias por delito contra la propiedad y aprensiones, se determinó que para la Dirección Regional de San José se asignaría carácter cantonal a Pavas, Zapote y San Francisco, Mata Redonda y la Uruca, San Sebastián y Hatillo.
3/ Fuente: Programa Nacional de Seguridad Integral y Participación Ciudadana
4/ Programa Nacional de Seguridad Integral y Participación Ciudadana
5/ Fuente: Decreto Ejecutivo N° 28819-MP, de fecha 1° de octubre de 2001, publicado en la Gaceta N° 188
6/ Fuente: Programa Nacional de Seguridad Integral y Participación Ciudadana

                        

             


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