Seguridad ciudadana y
justicia
Retos y resumen de políticas y acciones estratégicas
Retos |
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Resumen de políticas y acciones
estratégicas |
El Gobierno tiene grandes retos que debe atender mediante acciones de política que llevarán a cabo las diferentes instituciones relacionadas con las áreas de seguridad y justicia.
Combatir la criminalidad y los delitos contra las personas y sus bienes. Esta es la base fundamental y esencial para el desarrollo de las personas como seres humanos y para el mejoramiento de su calidad de vida.
Combatir la corrupción. Este desafío se refiere al ataque frontal contra la corrupción y la impunidad de los delitos relacionados con la función pública, entre ellos los de cohecho, peculado, prevaricato, incumplimiento de deberes, malversación de fondos y otros delitos denominados de "cuello blanco". En este sentido la lucha será firme y decidida, el corrupto será denunciado ante los tribunales competentes y no tendrá cabida en la función pública.
Proteger los bienes muebles e inmuebles. Las estafas con bienes inmuebles, el aumento de robos de vehículos y su incidencia en los registros correspondientes, aunado a ciertas fallas en los procedimientos de algunos servicios que brindan estos registros, produce inseguridad en el comercio con este tipo de bienes y repercute negativamente en el tráfico comercial y en la atracción de capital.
Controlar los flujos migratorios. Según datos del Censo Nacional de Población del año 2000, la población nacida en el exterior y residente en el territorio costarricense era de 296.461 personas. Los inmigrantes representaban el 7,8% de la población total del país (estimada en 3.810.179 personas), y alcanza el porcentaje más alto de los últimos cincuenta años. Estos datos no contemplan a la población inmigrante que permanece en el país en condición irregular; según cifras extraoficiales existe un sub.-registro que incrementaría el porcentaje de inmigrantes en más del 7,8%, con respecto a la población total del país. De esta población inmigrante, los nicaragüenses representan el 76,35% con 226,374 personas y el 5,94% respecto de la población total del país.
La población inmigrante proveniente de cinco países (Nicaragua, Panamá, EEUU, El Salvador y Colombia) y representaba para el año 2000 el 88% del total de la población nacida en el exterior. El incremento de población para estos cinco países, durante el período intercensal, se aprecia a continuación:
CUADRO 1:
POBLACION MIGRANTE POR
PRINCIPALES PAÍSES
PAÍS |
1984 |
2000 |
Nicaragua |
45.918 |
226.374 |
Panamá |
4.794 |
10.270 |
EEUU |
5.369 |
9.511 |
El Salvador |
8.748 |
8.714 |
Colombia |
1.678 |
5.898 |
Fuente: INEC, IX Censo Nacional de Población 2000.
Como se puede observar, la población nicaragüense se incrementó casi cinco veces en relación con la del año 1984 y la colombiana creció casi cuatro veces durante el mismo período; lo anterior sin tomar en consideración que en el año 2001 y en el primer semestre del 2002, la inmigración colombiana, sobre todo de refugiados, fue mucho mayor a la registrada en 1999 y el 2000, correspondientes a los flujos migratorios captados por el Censo 2000.
Los principales movimientos y saldos migratorios de los países antes mencionados, para los años 2001 y 2002, se exponen en el siguiente cuadro:
Movimientos y
Saldos Migratotios de los cinco países con más ingreso
2001-2002
País | Año 2001 | Año 2002 * | ||||
Ingreso |
Egreso |
Saldo Migratorio |
Ingreso |
Egreso |
Saldo Migratorio |
|
Nicaragua |
171.358 |
132.631 |
38.727 |
128.145 |
86.377 |
41.768 |
EEUU |
510.160 |
497.942 |
12.218 |
303.574 |
296.853 |
6.721 |
Panamá |
55.993 |
47.215 |
8.778 |
41.003 |
34.745 |
6.258 |
Colombia |
47.966 |
40.593 |
7.373 |
27.040 |
23.637 |
3.403 |
El Salvador |
35.570 |
33.193 |
2.377 |
23.681 |
20.877 |
2.804 |
Fuente: Dirección General de Migración y Extranjería
* Datos preliminares hasta el 22 de setiembre del 2002.
Durante los dos últimos años, el saldo migratorio de la población nicaragüense ha sido muy superior al resto de los otros cuatro países y ha tenido un notable incremento para el último año. Este flujo migratorio ha incidido en un incremento importante en la demanda de diferentes servicios públicos que brinda el Estado, como son: educación, salud, vivienda y seguridad, entre otros. En el Eje de creación de oportunidades en lo relativo a la población migrante, se detalla el impacto relevante que esta población genera sobre la situación económica y social del país.
Conclusiones
Costa Rica, en el transcurso de su historia, ha tenido una trayectoria de solidaridad con diferentes países del área que han tenido problemas económicos o sociales internos y desastres naturales, al recibir flujos continuos de personas provenientes de estos países; sin embargo, la situación económica y social actual del país se mantiene en un precario equilibrio que se ha reflejado en mayores índices de pobreza y pobreza extrema en un porcentaje representativo de su población.
Costa Rica no puede aumentar el porcentaje de inmigrantes que tiene en la actualidad (aproximadamente el 10% del total de su población), ya que se han sobrepasado las posibilidades económicas y sociales del país para integrar a toda esta población, esto se refleja en un impacto relevante en todos los servicios públicos, debido a la demanda que ejercen estas personas.
No ha existido la ayuda internacional necesaria hacia el país, específicamente en cooperación financiera y técnica, para coadyuvar en la solución integral de esta problemática.
Lo anterior señala la necesidad de implementar, por parte del Gobierno de Costa Rica, una política migratoria selectiva, de acuerdo con su potestad soberana de decidir quién ingresa al país y quién no. Esto implica un accionar integral de las diferentes instituciones con responsabilidad en el campo migratorio.
Algunas decisiones que deben tomarse se refieren al cambio de las condiciones de ingreso al país para ciertas poblaciones de inmigrantes, que por sus características así lo ameriten. Asimismo, periódicamente deberán elaborarse estudios técnicos que demuestren la conveniencia nacional de permitir el ingreso de ciertos flujos migratorios como son los movimientos laborales.
Luchar contra el fenómeno de la drogadicción
El desarrollo socioeconómico no puede prosperar en ausencia de condiciones que promuevan la dignidad individual, la democracia y la seguridad de los Estados. La prevención del uso indebido de drogas, la lucha contra su tráfico ilícito y el desarrollo socioeconómico se relacionan entre sí; lo primero puede influir en lo segundo y ser influido por él.
Los problemas del uso indebido, la demanda, la producción, el tráfico y la distribución ilícitos de drogas, incluidas las drogas sintéticas o "de diseño", siguen siendo graves e interrelacionados. Motivo de especial preocupación son las negativas consecuencias que conllevan las drogas ilícitas y demás sustancias controladas, así como los delitos conexos, en la medida que constituyen una seria amenaza para la salud e integridad de la persona humana y el normal desarrollo de los pueblos, al tiempo que imponen enormes costos sociales, económicos y políticos a los Estados.
El problema de las drogas, que ha venido adquiriendo enorme importancia en el mundo, se manifiesta de manera compleja, cambiante y tiene un alcance nacional. Requiere una clara acción sistemática, integral, coherente, concertada, de largo plazo, con la participación de las distintas instituciones del Estado, organizaciones privadas y la sociedad en general, conducentes a la prevención del consumo indebido de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, el tratamiento y la rehabilitación de los consumidores, la eliminación o disminución significativa del tráfico ilícito y otros delitos conexos, como el lavado de dinero proveniente de esa ruin actividad.
En ese marco y en atención a la recomendación que brindara la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA), durante el período extraordinario de sesiones, celebrado en diciembre de 2000 en Washington D.C., el Gobierno de Costa Rica, mediante el Decreto N° 29819-MP, de 1 de octubre de 2001, dictó el Plan y Estrategia Antidrogas del Gobierno de la República de Costa Rica.
Justicia pronta y cumplida
El concepto de una justicia pronta, cumplida y sin denegación, es otro de los principales retos que esta Administración pretende enfrentar. En ese contexto, dentro del más absoluto respeto a los Poderes del Estado, el Poder Ejecutivo respaldará, con decisión y entusiasmo, toda gestión encaminada a hacer realidad ese precepto de justicia.
El desarrollo y la democracia necesitan una administración de justicia que se adapte a los nuevos desafíos de la problemática social y que estructuralmente garantice un modelo más eficiente de organización judicial y le brinde contenido material a la exigencia constitucional de hacer justicia pronta, cumplida y sin denegación.
En respuesta a esa necesidad el Poder Judicial, consciente del importante papel que cumple en el Estado de Derecho, impulsa un proceso de modernización de la administración de justicia, con el fin de remozar y hacer más eficiente la tutela judicial para todos los sectores sociales y crear el clima de confianza pública, estabilidad, transparencia y respeto a los derechos de cada uno, constituyendo el marco indispensable para propiciar el desarrollo y la expansión democrática. Consolidar un sistema jurídico más equitativo, accesible, eficiente y previsible, que permita reducir el retraso y la congestión judicial, es el objetivo fundamental de este programa.
La transformación comprende desde un impulso a la reforma de la legislación vigente, la simplificación y celeridad de los procedimientos, la expansión de los procesos orales, hasta la reestructuración de la oficina judicial, con el fin de adaptarla a los avances de la administración moderna y la tecnología de la información; desde la integración de la información jurídica, relativa a la doctrina, la legislación vigente y la jurisprudencia; pasando por el fortalecimiento de la capacitación judicial, el desarrollo de los programas de educación a distancia y el remozamiento de la Escuela Judicial; hasta una reestructuración de la organización administrativa, para hacer procesos más eficientes frente a las necesidades de las oficinas jurisdiccionales.
Los procesos de remozamiento de las estructuras, de la organización y de las leyes, así como de la infraestructura, han avanzado considerablemente. Destacan, dentro de este proceso, la construcción de nuevos circuitos judiciales, como el II Circuito Judicial de San José, la ampliación y remodelación del Circuito Judicial de Heredia, la Morgue Judicial, los departamentos de Medicina Legal y los laboratorios de Ciencias Forenses, con la más avanzada tecnología y en función de las necesidades de la administración de justicia.
La iniciativa del Poder Judicial en la reforma de las leyes, tales como la normativa orgánica, los procesos judiciales y algunos procedimientos como las notificaciones, ha sido parte fundamental en la renovación normativa de nuestro país. Cabe mencionar por su importancia el Código Procesal Penal, con una nueva filosofía de hacer realidad los principios de celeridad, simplicidad, publicidad, inmediación y en cuyas novedades destaca la participación de la víctima en el proceso y las vías de resolución alternativa de conflictos para algunos delitos.
El reto que se asume es muy delicado, ya que aun cuando en términos generales existe consenso en la necesidad del cambio, hay obstáculos que hacen complejo el proceso y son imprescindibles de tomar en cuenta. Entre estos destacan el incremento de la litigiosidad, la participación y/o resistencia de los servidores judiciales en el proceso de cambio, la declinante percepción ciudadana acerca del servicio judicial, así como los problemas que conducen a la insatisfacción del usuario con el servicio, debido a la lentitud en la ejecución de los procedimientos, el inadecuado acceso del usuario a la justicia, la mala atención al usuario, la deficiente organización del Poder Judicial, la falta de información al ciudadano, la corrupción y la mala calidad de las resoluciones judiciales.
La efectividad de la Constitución, su vigencia como derecho aplicable, la garantía de los derechos fundamentales y el cumplimiento del principio de legalidad, descansan sobre la capacidad del Poder Judicial de cumplir su función, que consiste en proporcionar justicia pronta, cumplida y sin denegación.1/
Otra propuesta del Ejecutivo, para coadyuvar al descongestionamiento de los tribunales de justicia, es fortalecer los mecanismos de resolución alterna de conflictos (RAC). Estos mecanismos, entre los que se destacan la mediación, la conciliación y el arbitraje, son procedimientos ágiles y expeditos mediante los cuales los ciudadanos logran solucionar sus diferendos, dentro de una cultura pacífica de abordaje; donde los acuerdos o resultados adquieren carácter de cosa juzgada según lo estipulado en la Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social, Nº 7727.
En concordancia con lo anterior, el Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Justicia, propone fomentar del programa "Casas de Justicia", de las cuales están funcionando tres y están ubicadas en Montes de Oca, Mora y Puntarenas. También se han autorizado otros siete centros de resolución alterna de conflictos en la Cámara de Comercio, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, el Ministerio de Trabajo, el Centro de Mediación, Enseñanza e Investigación (CEMECO), el Instituto para la solución de conflictos familiares y el de la Propiedad de la Cámara de Corredores de Bienes Raíces.
Resumen de Políticas y Acciones Estratégicas
Combatir la criminalidad y los delitos contra las personas y sus bienes:
Con el objetivo de brindar una mejor atención a los habitantes en materia de seguridad, se propone fortalecer el Programa de seguridad comunitaria al incrementar el número de comités. Para el período 2002-2006 habrá 3.001 nuevas comunidades que contarán con un comité de seguridad.
Se debe expandir la estrategia de Policía de proximidad, con el objetivo de brindar mejor atención a los habitantes y turistas.; para ello se espera que para el período 2002-2006, las ochenta y seis unidades cantonales policiales del Ministerio de Seguridad 2/ se encuentren operando bajo esta estrategia.
Se propone un programa de acción policial especial en las diez comunidades más vulnerables del país, con el propósito de minimizar la incidencia delictiva. Estas comunidades son: La Carpio, Los Cuadros, Pavas, Infiernillo, Proyecto Manuel de Jesús, Guaraní, Jacó, Cieneguita y Limón.
Se desarrollará el programa de profesionalización y capacitación de la Fuerza Pública, para que los funcionarios policiales cuenten con los conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones. Para el período 2002-2006 se persiguen las siguientes metas:
Setecientos noventa funcionarios policiales graduados según su escala jerárquica (mandos medios, inspector, sargento, intendente, capitán, entre otros).
Seis mil funcionarios capacitados en el Curso Abreviado Policial.
Mil ciento cincuenta funcionarios capacitados en Inglés Básico Policial.
Setecientos cincuenta y uno funcionarios capacitados en Violencia Intrafamiliar.
Cuatrocientos cincuenta funcionarios capacitados en Derechos y Responsabilidades de la Niñez y la Adolescencia.
Dos mil cien policías matriculados en el Tercer Ciclo Básico.
Con el fin de unificar las diferentes policías administrativas del Ministerio de Seguridad Pública y brindar atención integral en materia de seguridad a los habitantes, se pretende que en diciembre de 2003 se cuente con el Proyecto de Ley de Unificación, presentado ante la Asamblea Legislativa.
En cuanto a la regulación de los servicios privados de vigilancia, se incorpora una acción que llevará, a la fiscalización, a las empresas de seguridad privada, con el propósito de establecer un mayor control sobre los servicios que estas brindan. La meta para el período 2002-2006 es tener trescientas treinta y nueve empresas registradas y realizar mil trescientos cincuenta y dos operativos de fiscalización.
Por otra parte, la reclusión segura de los privados de libertad, algunos muy peligrosos, incide en la percepción de seguridad de los ciudadanos. El Programa de infraestructura carcelaria propuesto, responde tanto a la necesidad de ofrecer ese clima de seguridad a los ciudadanos como brindar mejores condiciones de vida a las personas sujetas al sistema penitenciario. Por ello, se propone construir, durante el período 2002-2006, el CAI Heredia, celdas de máxima seguridad en la Reforma; construir y remodelar varios centros en Puntarenas, Limón, Buen Pastor, San Rafael y San José. y el antiguo Arsenal Nacional, a fin de responder a las futuras necesidades que tendrán por la inclusión de los contraventores al sistema penitenciario.
En relación con el Centro penitenciario de mediana y máxima seguridad en Pococí, adjudicado mediante el procedimiento de obra por concesión, el Gobierno por medio del Consejo Nacional de Concesiones, está dispuesto a negociar con el consorcio Management and Training Corporation (MTC), con el propósito de buscar un arreglo y reducir los costos de dicho Centro, los cuales ascienden a $72 millones.
Los programas relativos a la prevención de la violencia y el delito son relevantes para combatir la criminalidad y otros delitos contra las personas y sus bienes. En esta línea de acción, se trabajará con adolescentes ubicados en el sector de educación secundaria, mediante la Red Nacional de Jóvenes para la Prevención de la Violencia y el Delito, y se promoverán espacios de participación alternativa y prepositiva por medio de encuentros regionales, campamentos y talleres de formación. En el período 2002-2006 habrá ciento ochenta espacios de participación.
Dentro de las acciones para la prevención y durante el período en mención, se llevará a cabo el diseño y desarrollo de doce campañas cuyo objetivo es promover el desarrollo de una cultura de prevención acerca de las diversas manifestaciones de violencia y delito. Este será un programa de sensibilización, divulgación y análisis sobre la explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes, y se espera que contribuya a prevenir los factores de riesgo implicados en esta problemática. Las personas adultas que se capacitarán son quinientas.
Asimismo, se propone un Plan de orientación e información en la programación televisiva, para promocionar un manejo responsable por parte del adulto sobre el proceso de recepción de los contenidos de estos programas en los menores de edad. Se espera que en junio de 2005 este Plan esté concluido y difundido en la programación televisiva.
Además, se implementarán campañas en las que se aplicarán estrategias de comunicación y mercadeo para disminuir el número de muertes producto de accidentes de tránsito; se propone bajar anualmente la tasa de mortalidad por cada cien mil habitantes, de 16,7/100 mil que había en el 2001, a 13,16/100 mil para el año 2006;
Se realizará anualmente determinado número de operativos de control de conducción bajo la influencia del alcohol y excesos de velocidad en carreteras de alto riesgo, para contribuir a disminuir los accidentes de tránsito.
Combatir la corrupción
Se requiere consolidar la Procuraduría de la Ética Pública, órgano constituido mediante la Ley Nº 8242 de abril de 2002, cuyo fin es realizar todas las acciones administrativas necesarias para prevenir, detectar y erradicar la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función pública. Este órgano tendrá la función de denunciar y acusar, ante los Tribunales de Justicia, a los funcionarios públicos y las personas privadas cuyo proceder exprese actos ilícitos vinculados con el ejercicio de su cargo o con ocasión de este, en las materias que le competen a la Jurisdicción Penal de Hacienda y la Función Pública.
Se fomentará el proceso de simplificación de trámites en los servicios públicos, para ello se velará por que se cumpla la Ley Nº. 8220, Protección al ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, que favorece el ejercicio del derecho de petición, información y acceso a la justicia administrativa por parte de los ciudadanos. El Consejo actuará vigilante de que todos los ministerios, instituciones autónomas y semiautónomas, órganos con personalidad jurídica instrumental, entes públicos no estatales, municipalidades y empresas públicas, cumplan con la obligación de darle publicidad a los trámites y requisitos que puedan exigirse al administrador, en el cumplimiento de la Ley.
Se fomentarán las Contralorías de Servicio existentes en las instituciones públicas y se impulsará la creación de otras, con la finalidad de que todos los ministerios e instituciones autónomas brinden un servicio eficiente y de calidad3/.
Proteger los bienes muebles e inmuebles
Para enfrenar esta problemática se propone:
La automatización del Registro de Personas Jurídicas, con el fin de brindar un servicio ágil y seguro que conlleve a la eliminación de posibles errores. Se propone que para julio de 2003 se dispondrá de un Registro ciento por ciento automatizado.
La formación del Catastro Nacional y su compatibilidad con el Registro de Bienes Inmuebles, para fortalecer el Sistema catastral y registral del país. Se estima que para el año 2006 se tendrá implementado el Proyecto BID-Catastro en un ciento por ciento.
Extender y acrecentar los servicios a los usuarios externos, mediante el acceso vía Internet, así como aumentarlos en dos nuevos servicios: el pago de enteros, que se estima estará funcionando en el año 2003 y el de presentación de documentos, que estará ofreciéndose en el 2006.
Desconcentrar los principales servicios del Registro Nacional, al proyectar la Institución por medio de las oficinas regionales y ofrecer mejores y más ágiles servicios al usuario. Se espera que para el 2004 se cuente con una oficina regional en la Zona Pacífico Norte y en el 2005 con otras dos en la Zona Pacífico Sur y la Zona Atlántica.
En el Registro Nacional se ha formado una comisión encargada de establecer mecanismos adicionales de seguridad en el traspaso de bienes que se agregan a los ya existentes, así se le da seguridad a la inscripción de documentos; asimismo, el Departamento de Informática de esa Institución tiene proyectado, para el año 2003, un estudio sobre procesos de reforzamiento en las medidas de seguridad en las bases de datos de los distintos registros.
En procura de mejorar la seguridad registral, se requiere impulsar las reformas legales necesarias para incorporar el sistema de huella digital, con el fin de brindar mayor certeza a los actos de traspaso de bienes inmuebles que actualmente se fundamentan en la fe notarial4/.
En relación con la protección de los derechos de propiedad intelectual, en marzo del año 2002 inició funciones la Comisión Interdisciplinaria de Propiedad Intelectual que está preparando un proyecto de reforma a la Ley NC 8039, Procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, en el cual se crea la Fiscalía especializada de propiedad intelectual a la que se le destinan fondos. Adicionalmente se destinaron fondos para financiar las necesidades de los grupos de apoyo en investigación y capacitación de esta Fiscalía. Entre los objetivos de la Comisión están los de preparar varias reformas a la Ley para que ésta sea más eficaz y eficiente en su implementación.
Para cumplir el Decreto 30.151-j, de febrero del 2002, en el cual se ordena que el Gobierno Central se proponga diligentemente prevenir y combatir el uso ilegal de programas de cómputo para realizar las disposiciones sobre derecho de autor, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Comercio Exterior están trabajando conjuntamente para coordinar una capacitación en todas las entidades gubernamentales, con el propósito de que conozcan y lleven a cabo el proceso para tener todas las licencias funcionales al finalizar el año 2002.´
Control de los flujos migratorios:
En materia de control migratorio se proponen, para el período 2002-2006, las siguientes acciones:
Expedir un pasaporte con mayores medidas de seguridad para garantizar su confiabilidad. La meta es que el nuevo pasaporte rija a partir de mayo de 2005.
Expedir un documento que acredite la permanencia en el país, para homologar bajo un solo formato los documentos de permanencia y así facilitar el control migratorio. Se espera que este circule en octubre de 2003.
Desconcentrar el acto de deportación en seis oficinas regionales (Paso Canoas, San Carlos, Puntarenas, Limón, Liberia y Pérez Zeledón), que conlleve a un proceso de control migratorio más efectivo y expedito.
Construir dos centros de aprehensión temporal en San José y en la Zona Norte, y se espera que operen en el 2006. El objetivo de estos centros es ubicar a los extranjeros en tanto se realizan las acciones necesarias para su deportación, en estricto respeto a sus derechos humanos.
Integrar tecnologías informáticas y de telecomunicaciones para mejorar el quehacer institucional. Se espera que esté listo para diciembre de 2005.
El Poder Ejecutivo en un esfuerzo por dotar al país de instrumentos que permitan a los gobiernos brindar respuestas más efectivas ante el problema migratorio, presentará a la Asamblea Legislativa el proyecto de Reforma integral a la Ley General de Migración y Extranjería. Este proyecto se basa en principios fundamentales que promueven la convivencia de nacionales y extranjeros, en valores democráticos, en el pleno respeto a la propiedad privada y en el apego a nuestro Estado de Derecho, donde la aplicación de las leyes migratorias no riñan con el pleno respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, reconociendo y fomentando las migraciones internacionales ordenadas como importante factor de desarrollo, pero propiciando, de manera paralela, mecanismos que permitan de manera efectiva prevenir y desestimular los flujos desordenados e irregulares, con sanciones drásticas y rigurosas a quienes fomenten prácticas que alienten la irregularidad y el incumplimiento de la normativa legal vigente.
Lucha contra el fenómeno de las drogas en todas sus manifestaciones
El Plan y Estrategia Antidrogas del Gobierno de la República de Costa Rica, como estrategia antidrogas, contiene los siguientes lineamientos generales, determinados mediante la aplicación de cinco sistemas nacionales, los cuales deben ser considerados políticas de acción institucional:
Prevención del consumo de drogas: su objetivo es procurar oportunidades mediante la creación de espacios para que los ciudadanos costarricenses desarrollen y fortalezcan los factores de protección, a fin de disminuir o eliminar los factores de riesgo ante el fenómeno de la droga. Para ello se plantean las siguientes metas: la inclusión, en los currículos de escuelas, colegios y educación superior, de contenidos de carácter preventivo del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas; apoyo técnico, logístico y financiero a los proyectos de gestión comunitaria para el desarrollo integral de la persona y el desarrollo de programas de sensibilización y capacitación en prevención a las comunidades.
Diagnóstico, tratamiento y atención integral para los consumidores de drogas: el objetivo es establecer una red nacional de diagnóstico y atención integral para los consumidores de drogas. Las acciones que se pretenden impulsar son el establecimiento de servicios especializados dentro del sistema nacional de salud para el diagnóstico y atención de farmacodependientes; apoyar técnica y financieramente los programas de tratamiento y rehabilitación desarrollados por entidades no gubernamentales; brindar capacitación para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del consumidor de drogas, entre otras.
Control, fiscalización y aplicación de la Ley: el propósito es asegurar la estricta aplicación de las acciones jurídico penales existentes, tanto al nivel nacional como internacional, para el control de la oferta, la fiscalización, el desvío de precursores, el lavado de dinero, tráfico de drogas, armas y delitos conexos. Las metas que se plantean están encaminadas a desarticular las organizaciones responsables del tráfico ilícito de estupefacientes y el fortalecimiento e integración de los sistemas de inteligencia nacionales. Otras están orientadas a la capacitación de personal policial y especialización de investigadores en técnicas de legitimación de capitales, desvío de precursores químicos y fármacos, intervención de comunicaciones telefónicas e investigaciones encubiertas, así como brindar las condiciones para la conformación en cada jurisdicción del país de Fiscalías de Enlace con la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y con los cuerpos policiales y la dotación de los equipos necesarios para enfrentar el narcotráfico.
Investigación e información sobre drogas: se procurará desarrollar un sistema de información que genere datos confiables para el desarrollo de los planes en materia de demanda y oferta de la droga. Los objetivos serán crear un Sistema nacional de datos y estadísticas sobre drogas implementar el Observatorio Nacional sobre Drogas; realizar estudios e investigaciones sobre tendencias de prescripción y consumo de productos que contienen estupefacientes o psicotrópicos;
Gestión, financiamiento y cooperación internacional: se promoverá el desarrollo de iniciativas para financiar planes, programas y proyectos para combatir la droga en todas sus manifestaciones. Algunas acciones contempladas son el establecimiento de un presupuesto anual de apoyo a todas las acciones orientadas a reducir el fenómeno de la droga, con recursos provenientes de organismos internacionales, de decomisos de bienes muebles, inmuebles, dineros y valores provenientes del narcotráfico5/.
Para el fortalecimiento de este Plan, esta Administración pondrá en funcionamiento, a partir de octubre de 2002, el Instituto Costarricense Antidrogas, que integra al CENADRO, el CICAD y el Área de Precursores del Ministerio de Salud. Será un órgano central, a escala nacional, responsable de ejercer la coordinación general, fiscalización, seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan y Estrategia Antidrogas del Gobierno de la República de Costa Rica.
Justicia pronta y cumplida:
Se plantea, como meta para el 2006, que de los casos tramitados en la instancia de la resolución alterna de conflictos se logre en promedio una tasa de acuerdos del 85%, que coadyuve a disminuir la mora judicial.
En procura de la tranquilidad y de promover una cultura de paz en los ciudadanos, la Administración del Dr. Abel Pacheco de la Espriella propone el funcionamiento del Consejo de Seguridad Integral y Participación Ciudadana, cuyo objetivo general es la coordinación interinstitucional de la política pública en esta materia. Serán funciones del Consejo las siguientes:6/
Analizar, discutir y recomendar políticas en materia de seguridad integral y participación ciudadana, con el fin de unificar las acciones y maximizar el impacto desde una perspectiva de seguridad humana.
Considerar las políticas recomendadas a la luz de las metas y los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
Elevar, ante el presidente de la República, las recomendaciones y propuestas que sobre política de seguridad integral y participación ciudadana formule, para su aprobación y eventual adopción mediante las acciones e instrumentos correspondientes.
Dar seguimiento a las políticas de seguridad integral y participación ciudadana aprobadas por el presidente de la República.
Aquellas otras que desde la perspectiva de seguridad integral y participación ciudadana sean acordadas por el Consejo para el mejor cumplimiento de sus objetivos.
1/ Fuente:
Página electrónica del Poder Judicial de Costa Rica
2/ De acuerdo con estudios técnicos realizados en las Unidades
Cantonales, donde se tomaron en cuenta variables como índice seguridad, desarrollo
social, densidad poblacional, importancia turística, personal policial, denuncias por
delito contra la propiedad y aprensiones, se determinó que para la Dirección Regional de
San José se asignaría carácter cantonal a Pavas, Zapote y San Francisco, Mata Redonda y
la Uruca, San Sebastián y Hatillo.
3/ Fuente: Programa Nacional de Seguridad Integral y Participación
Ciudadana
4/ Programa Nacional de Seguridad Integral y Participación Ciudadana
5/ Fuente: Decreto Ejecutivo N° 28819-MP, de fecha 1° de octubre de
2001, publicado en la Gaceta N° 188
6/ Fuente: Programa Nacional de Seguridad Integral y Participación
Ciudadana
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