Armonía con el ambiente
Diagnóstico

    Costa Rica ha venido gestando, en los últimos treinta años, una importante conciencia conservacionista y una política gubernamental en el ámbito de los recursos naturales, que dieron lugar a la creación de un Sistema de Áreas Protegidas^1/, por el cual el país es hoy reconocido mundialmente. Otros grandes acuerdos nacionales incluyeron la emisión de diversas leyes, como la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Vida Silvestre, la Ley de Biodiversidad, la Ley de Creación del Ministerio del Ambiente y Energía, y la reforma del artículo 50 de la Constitución, aprobada en 1994 con el objeto de introducir expresamente el concepto del derecho a un ambiente sano.

    Como resultado de tales acciones, en el campo forestal el país alcanzó, en los últimos años, resultados altamente positivos en cuanto a la recuperación boscosa y el control de la tala ilegal, al punto de que, como reconocimiento, Costa Rica fue ubicada por el Índice de Sostenibilidad Ambiental 2002 (ESI)^2/ en el lugar número 9 sobre 142 países analizados, lo que representó el avance de 17 puestos a partir de la última medición realizada el año anterior. Asimismo, un estudio sobre el estado de la cobertura forestal, emprendido con el apoyo de la FAO, determinó que al año 2000 la cobertura era de aproximadamente un 48,0 por ciento, lo cual es muy positivo si tomamos en cuenta que en la década de 1980 alcanzó niveles de un 26,0 por ciento.

    Costa Rica posee, en su pequeño territorio, una de las mayores concentraciones de biodiversidad del planeta. Por ejemplo, en sus 51.100 km² de extensión, se concentran 12 zonas de vida con variadas transiciones y 4 centros mayores de endemismo. Se estima que esas zonas en su conjunto contienen más de 12.000 especies de plantas, cerca de 850 especies de aves, más de 200 especies de mamíferos y aproximadamente 300.000 especies de insectos. En total, se ha considerado que entre 500.000 y un millón de especies están representadas en Costa Rica, y que el país ostenta al menos un 5 por ciento de la diversidad biológica que existe sobre la tierra.

    Los datos anteriores son solo algunos de los indicadores del importante desarrollo que se ha experimentado en el sector ambiental, específicamente en la llamada "Agenda Verde"; no obstante, en la agenda nacional de definición de políticas ambientales, queda mucha tarea pendiente. Por ejemplo, el traslape de competencias entre el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), el Ministerio de Salud (MINSALUD), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), requiere un enorme esfuerzo de coordinación que aún no se ha logrado a plenitud entre estas instituciones. Esta situación repercute con mayor medida en la "Agenda Café" (manejo y conservación de suelos), la "Agenda Azul" (conservación y aprovechamiento del recurso hídrico) y la "Agenda Gris" (básicamente referido a la contaminación del aire).

    Se suman los problemas de fiscalización y control ambiental, que son fundamentales en tanto el ritmo de crecimiento del país alimenta la demanda por concesiones de bienes de dominio público, como los bosques, los recursos energéticos del subsuelo, las aguas territoriales, las costas y la plataforma continental, el espacio aéreo, así como los recursos hídricos, tanto subterráneos como superficiales, en los cauces de dominio público.

    Otro problema trascendental se relaciona con la materia de gestión del patrimonio ambiental. Aun cuando el Estado continuó fortaleciendo el Sistema de Áreas Protegidas y realizó un esfuerzo importante para mejorar los indicadores de tenencia de la tierra en áreas protegidas, el Sistema sigue enfrentando una alta vulnerabilidad, por la inseguridad jurídica y el requerimiento de grandes sumas de dinero para cancelar una deuda que equivale a aproximadamente un 3,7 por ciento del PIB^3/.

                    CUADRO 1: RESUMEN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA POR CATEGORÍA DE MANEJO

    Durante el proceso preparatorio para la Cumbre de Johannesburgo, efectuada del 26 de agosto al 3 de setiembre de 2002, quedó patente la insuficiencia de las acciones desarrolladas, tanto a nivel nacional como internacional, para cumplir apropiadamente con las metas y expectativas producto de la Cumbre de Río, celebrada en Río de Janeiro en 1992, pues aquellas se identifican con el concepto de "desarrollo sostenible", que combina la necesidad de desarrollo con la idea de sostenibilidad (desarrollo a largo plazo con el respeto del medio ambiente). La Cumbre de Johannesburgo representó una esperanza para revitalizar la acción global en torno a los problemas ambientales y el compromiso con el desarrollo sostenible, concentrándose en la revitalización de las acciones en torno a los problemas esenciales relacionados con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del planeta, con prioridad en el acceso a servicios básicos como el suministro de agua potable, el saneamiento, la energía, la atención de la salud, la seguridad alimentaria y la protección de la biodiversidad.

    El Gobierno del Dr. Abel Pacheco ha reconocido que los esfuerzos realizados en el presente sobre desarrollo ambiental son muy importantes, pero no suficientes. Es más, los problemas ambientales que afectan el agua, el aire, la energía, las minas, la vida silvestre, marina y terrestre, y el crecimiento urbano aumentan, en muchos casos, exponencialmente. Por lo tanto, se ha considerado como una de las acciones fundamentales de la presente Administración, la necesidad de incorporar a la Constitución Política un título de Derechos y Garantía Ambientales, que ordenen, al más alto rango jurídico, la protección del ambiente.

    El Gobierno presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de Reforma Constitucional, que contiene temas fundamentales relacionados con el desarrollo sostenible, donde destaca la obligación del Estado a "garantizar, defender y preservar determinados recursos como el aire, el agua, el suelo, el subsuelo, la diversidad biológica y sus componentes, así como sobre los hidrocarburos, los minerales, los recursos energéticos, costeros, marinos, el mar patrimonial, la zona marítima de exclusión económica y las áreas protegidas de la nación, con rango de interés público prevalente^4/". Adicionalmente, la norma incluye el uso y aprovechamiento público y privado de tales recursos, para sujetarlo a los límites que establecen las reglas de la ciencia y la técnica, y asegurar que su uso y aprovechamiento no lesionen el interés público.

    Seguidamente, se expone un detalle de la situación ambiental del país y en alguna medida los resultados de las principales presiones sobre el sector. Para tales efectos, se ofrece una aproximación de los problemas según las agendas ambientales, lo cual facilitará el proceso de definición de políticas nacionales en este campo. Desde luego, esta sistematización del análisis contempla la información correspondiente a las áreas temáticas ambientales definidas como prioritarias en el Plan Nacional de Desarrollo, a saber: Biodiversidad; Clima, Adaptabilidad y Atmósfera; Recursos Hídricos y Cuencas; Manejo de Suelos; Fortalecimiento Institucional y Educación Ambiental; Garantías Ambientales; Valoración Económica de los Recursos Naturales, y Energía.

    Como se indicó, el país ha logrado avances significativos en cuanto a temas relacionados con la protección y el manejo de la biodiversidad. No obstante, aún persisten algunos problemas específicos, que es preciso rescatar y enfrentar para su solución:

• Costa Rica ha recuperado lentamente su cobertura boscosa, pero su calidad es diferente de la de los bosques primarios. Se reconoce la influencia de los incentivos forestales y el pago de servicios ambientales como estratégicos en la recuperación lograda. Sin embargo, es necesario replantear la distribución geográfica nacional, para eliminar progresivamente el efecto de islas y favorecer la compactación de parches de bosque. La tasa de deforestación ha venido disminuyendo; en las décadas de 1960 y 1970 fue de unas 60.000 hectáreas por año, mientras que de 1997 a 2000 fue de 3.000 hectáreas por año. Las zonas Norte y Caribe presentaron entre 1996 y 1997 los procesos más importantes de deforestación. Las áreas de conservación con mayores tasas de pérdida forestal fueron la de Tortuguero (8%), La Amistad Caribe (5,2%), Cordillera Volcánica Central (5,1%) y Arenal Huetar Norte (4,5%). El país tiene grandes problemas de tala ilegal.

• Existe una gran inquietud por la transformación de los bosques primarios a ecosistemas boscosos de inferior calidad, como resultado de la extracción de madera y otros productos. En 1979, del total del área boscosa del país, un 40,8 por ciento era bosque natural, mientras que en 1992 dicho porcentaje era de un 25,2 por ciento.

• Un 25,6 por ciento del territorio nacional (1.304.306 has) forma parte de las siete categorías de manejo^5/ del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). El Estado es dueño de 213.906 hectáreas (16,4 por ciento), y el porcentaje restante corresponde a fincas de propiedad privada, cuyas restricciones de uso no han sido pagadas o compensadas a los propietarios por falta de recursos económicos. A junio de 2001, el Estado adeuda aproximadamente $48,4 millones a los antiguos propietarios de terrenos que hoy son parques nacionales, y $6,2 millones en las demás categorías.

• Anualmente, el SINAC autoriza alrededor de 3.500 permisos^6/ de aprovechamiento, lo que representa la corta de al menos 65.500 árboles, con un volumen aproximado de 230.375 metros cúbicos. La Ley Forestal liberalizó las plantaciones forestales, con lo que hizo innecesarios el permiso y la autorización para su corta. Si el interesado desea trasladar la madera cortada a una industria, deberá portar un certificado de origen para demostrar que no proviene de bosque natural. No obstante, en el establecimiento de estos mecanismos de control existen limitaciones institucionales y jurídicas que impiden ejercer en forma eficaz esta función.

• Con el propósito de reconocer el verdadero valor del bosque, la Ley Forestal No. 7575 estableció, en 1996, el financiamiento de los servicios ambientales mediante el impuesto selectivo de consumo a los combustibles y otros hidrocarburos. No obstante, la demanda por el pago de dichos servicios ha superado la oferta de recursos financieros existentes. Por ejemplo, para 2001 la demanda para todo el país fue de 98.870 has y la oferta total fue de 28.000 has.

• Cerca de un 2 por ciento de las especies animales conocidas están bajo amenaza o en peligro de extinción. De estas, se estima que todas las especies de peces de agua dulce (135) están amenazadas en mayor o menor grado, principalmente por los efectos de la contaminación, el desvío de los cauces, la pesca continental ilícita, la desecación de humedales^7/, la extracción de materiales y la sedimentación, entre otros factores.

    El Gobierno declaró prioridad el trabajo institucional en materia de recursos hídricos, donde urge un enorme esfuerzo de coordinación y armonía legal que resuelva los problemas originados del traslape de competencias de las instituciones relacionadas con el recurso. Lo anterior es urgente para responder de manera efectiva a las fuertes presiones sobre la disponibilidad del recurso hídrico, principalmente originadas en la concentración demográfica y la expansión urbanística. Asimismo, preocupan las presiones sobre la calidad del recurso, especialmente en lo relativo a la contaminación de aguas superficiales y subterráneas. La problemática en detalle es la siguiente:

• Los acuíferos constituyen un patrimonio para el desarrollo futuro de Costa Rica, y la calidad y cantidad de agua que surten para consumo doméstico dependen del grado de deterioro de las zonas de recarga. Cuatro zonas concentran la mayor parte de la demanda: la Gran Área Metropolitana (GAM), Guanacaste, Puntarenas y Limón. El 50 por ciento de los suministros de agua para consumo humano de estas zonas proviene de fuentes subterráneas. En particular, los acuíferos más explotados del país (Colima Inferior, Colima Superior y Barva) abastecen al 65 por ciento de la población de la GAM^8/.

• Los principales factores de presión sobre los acuíferos incluyen, por un lado, los procesos de cambio en el uso de la tierra (deforestación, drenaje de humedales e impermeabilización por desarrollo urbano y descarga de desechos que potencialmente pueden alcanzar los niveles freáticos) y, por otro, los patrones de consumo y las tasas de extracción de aguas subterráneas. Persisten serios problemas vinculados con el crecimiento urbano y su administración; por definición, las ciudades son centros de concentración de la demanda por suministros de agua, electricidad y combustibles, pero también concentran los impactos ambientales por la generación de desechos sólidos y líquidos y por la falta de protección y monitoreo de las aguas subterráneas^9/. El conocimiento actual sobre las zonas de recarga y la hidrología de los acuíferos resulta insuficiente.

• En cuanto a la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento al año 2000, a nivel urbano la cobertura con agua es del 98,5 por ciento y con alcantarillado sanitario es solo de un 34,0 por ciento. A nivel rural, la cobertura con agua potable es de 75,4 por ciento y con servicios de saneamiento (tanque séptico o letrina) del 97,0 por ciento. Costa Rica dispone de altas coberturas con agua y servicios de saneamiento rural, y bajas coberturas con alcantarillado sanitario en el área urbana, lo que significa en principio que si el país pretende nivelar las coberturas de agua potable y alcantarillado sanitario, deberá prepararse para importantes inversiones^10/ en el área urbana.

• Las deficiencias de la administración nacional y local del recurso han afectado tanto el estado de las aguas subterráneas y superficiales como la calidad del agua suministrada por acueducto. La creciente vulnerabilidad de los acueductos, particularmente en la GAM, constituye una de las principales amenazas de la salud de los costarricenses^11/. Este deterioro se debe a un marco institucional disperso en una gran cantidad de entes, en la práctica desarticulados, que conducen a problemas de traslape de competencias, vacíos y duplicación de funciones. El racionamiento en época de verano es una realidad para muchas comunidades rurales y urbanas del país.

• La baja cobertura de redes de alcantarillado sanitario, unida al uso de agroquímicos en las áreas de recarga y producción de aguas subterráneas, se torna en un factor de riesgo ambiental muy considerable. Esta situación es crítica en la parte norte y este de la cuenca del río Virilla, donde se asientan los acuíferos Barba y Colima^12/, de los cuales depende el abastecimiento de aproximadamente un 20 por ciento de la población nacional, y que se han definido como la fuente de agua potable de Heredia y el Área Metropolitana de San José, para los próximos quince años.

• El 96 por ciento de las aguas residuales recolectadas se están disponiendo en los ríos, sin ningún tratamiento. Dos de las principales cuencas del país, las de los ríos Tárcoles y Reventazón, donde se asienta casi el 70 por ciento de la población nacional, reciben las aguas residuales sin tratar de San José, Heredia, Alajuela y Cartago. En la cuenca del río Tárcoles, se estimó, en 1998, que los desechos líquidos domésticos representaban el 40 por ciento de la contaminación total, seguida por los desechos líquidos industriales con un 23 por ciento, mientras que el resto del producto corresponde a los desechos animales y sólidos.

• En el año 2000, la Contraloría General de la República publicó un informe sobre su labor de fiscalización del tratamiento de desechos líquidos domésticos, en el que señala las implicaciones de una inadecuada cobertura del alcantarillado sanitario y afirma que en los últimos veinte años, AyA ha dejado de realizar importantes inversiones para ampliar la red de colectores y construir plantas de tratamiento de aguas negras. San José, Heredia, Alajuela y Cartago cuentan con sistemas de alcantarillado sanitario con baja cobertura de recolección y sin tratamiento, cuyas aguas descargan en los ríos cercanos. Solo cuentan con tratamiento los sistemas de alcantarillado sanitario de Cañas, Liberia, Nicoya, Santa Cruz y San Isidro de El General, mediante lagunas de estabilización, pero hoy con bajas coberturas de recolección. El tratamiento cubre solo un 2 por ciento del total de las aguas negras del país.

• En julio de 2001, se presentaron dos focos de contaminación de aguas de considerable magnitud, que afectaron el Acueducto Metropolitano de San José, específicamente la Planta Potabilizadora de Guadalupe y el Sistema de Puente de Mulas. Como resultado, ingresó, a la red de distribución, agua que no reunía condiciones para el consumo humano, situación que afectó a un grupo considerable de la población.

• El desarrollo del turismo de sol, mar y playa ha ejercido una gran presión sobre los ecosistemas marinos y costeros. Por ello, la capacidad de carga de muchas áreas ha sido superada, hasta provocar procesos rápidos de deterioro (por ejemplo, en los parques nacionales Manuel Antonio, Cahuita y Tortuguero), situación que se ve agravada por la ausencia de un plan de ordenamiento de los recursos marino-costeros, la falta de un marco jurídico moderno que garantice el aprovechamiento sostenible de los recursos vivos del mar y la deficiencia en la legislación de la zona marítimo-terrestre.

• Los recursos costero-marinos también están siendo sometidos al impacto de la contaminación por descarga de hidrocarburos, plaguicidas, herbicidas, residuos domésticos e industriales. El Golfo de Nicoya está recibiendo los desechos cloacales del 55 por ciento de los costarricenses, que llegan sin ningún tratamiento a través de las cuencas de los ríos Grande de Tárcoles, Barranca y Tempisque, entre otros.

    Aun cuando en este tema se carece de datos actualizados y sistematizados que ofrezcan un diagnóstico amplio, la información disponible permite afirmar que en una parte importante del territorio nacional el recurso suelo no se utiliza en forma racional, según se expone en los siguientes puntos:

• Se evidencia un serio proceso de degradación^13/ de suelos en al menos un 10 por ciento de la superficie nacional, especialmente en Guanacaste y el Pacífico Central. Además, se estima que el 26 por ciento de esos suelos están siendo sobreutilizados con actividades agropecuarias, y el 45 por ciento son subutilizados. Entre la principal causa de la degradación se reconoce la pérdida de las zonas boscosas.

• Es importante la contaminación del suelo por uso excesivo de agroquímicos. Aunque el área cultivada se ha mantenido muy constante en los últimos años, hay una tendencia a aumentar el uso de plaguicidas. Tomando en cuenta el área agrícola cultivada y excluyendo el área correspondiente a pastos, la importación de plaguicidas desde 1992 hasta 1998 aumentó, en promedio, de 12 a 20 kilogramos de ingrediente activo por hectárea por año. Es decir, por cada hectárea cultivada en el país, se están aplicando alrededor de 20 kilogramos de plaguicida puro al año.

    Como se ha manifestado anteriormente, el Gobierno considera impostergable la tarea de proteger la calidad de los recursos ambientales, en este caso el aire, ante el impacto dañino de las actividades humanas, problema que ha llegado a niveles críticos en el Área Metropolitana de San José, causado por el efecto de fuentes móviles. Los siguientes son algunos elementos del problema planteado:

• En el Gran Área Metropolitana, específicamente en algunos puntos del centro de San José, se registraron promedios anuales de monóxido de carbono (principal precursor del efecto invernadero^14/), superiores a la norma recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque desde 1997 con tendencia a la baja. En lo referente al total de partículas en suspensión, a pesar de que la concentración del total de ese contaminante empezó a disminuir desde 1995 en la ciudad de San José, la concentración anual continúa superando la norma recomendada por la OMS.

• Aun cuando los niveles registrados de otros contaminantes (dióxido de nitrógeno, plomo) no alcanzan niveles críticos, se debe tener en cuenta que cualquier sustancia que se incorpore al organismo tarde o temprano tendrá un efecto negativo en la salud humana. La flota vehicular es el mayor emisor de contaminantes^15/. Entre 1987 y 1998, el parque automotor se duplicó, mientras que el consumo de combustibles aumentó 3,2 veces.

• Aunado al consumo desmedido de combustibles fósiles, la deforestación de tierras para la agricultura y otros fines, ha ejercido importantes efectos, en primer lugar, con la reducción de la cantidad de carbono absorbido por los bosques, al contribuir con el aumento de dióxido de carbono atmosférico y, por último, con el incremento de las emisiones de metano procedentes del suelo y las actividades agrícolas, las cuales liberan pesticidas tóxicos como el bromuro de metilo^16/.

1/ Aproximadamente un 25 por ciento del territorio nacional está bajo el régimen de protección.
2/ El ESI es un proyecto coordinado entre las Universidades de Yale y Columbia junto al World Economic Forum"s Global Leaders for Tomorrow Environment Task Force, que mide anualmente el progreso integral que en materia de sostenibilidad ambiental experimenta cada uno de los 142 países analizados.
3/ Proyecto Estado de la Nación. Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible: sétimo informe 2000. Primera edición. San José, Costa Rica. Año 2001.
4/ Debe resaltarse la innovación que se introduce con el concepto de interés público prevalente y la importancia de este, ya que de esta manera se establece en la Constitución para estos casos una jerarquía no solo normativa sino también de valores y principios, limitándose las interpretaciones discrecionales de los operadores jurídicos. Asimismo, dicho concepto armonizará la tutela efectiva de dos bienes superiores, como lo son la dinámica de los ecosistemas y la salud de las personas.
5/ Parques nacionales, reservas biológicas, zonas protectoras, reservas forestales, refugios nacionales de vida silvestre, humedales, y otras categorías (reservas naturales absolutas, monumento nacional, fincas del Estado fuera de áreas silvestres).
6/ En las categorías: bosque natural, terreno de uso agropecuario sin bosque, sistemas agroforestales, aprovechamiento de árboles caídos, concesión, y en sitios de conveniencia nacional.
7/ Se consideran humedales las extensiones de marismas, pantanos, turberas o superficies cubiertas de agua, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros. Además, podrán comprender zonas de bordes fluviales o de costas adyacentes al humedal, así como las islas o extensiones de agua marina de una profundidad superior a los seis metros en marea baja, cuando se encuentren dentro del humedal.
8/ IICA, OPS. Análisis Sectorial de Agua Potable y Saneamiento en Costa Rica. San José, Costa Rica. Julio, 2002.
9/ La extracción de acuíferos en la GAM ha crecido exponencialmente de 1,3 m³/segundo en 1996 a 5 m³/segundo en el 2000.
10/ En la década pasada se le ha concedido el 96 por ciento de los recursos a la inversión en sistemas de agua potable (con una media anual de US$20,2 millones), dejando solo el 4 por ciento para alcantarillado y saneamiento.
11/ Los problemas de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento o el deterioro de lo mismos, ha propiciado en ciertos sectores del país la presencia de enfermedades transmisibles tales como el cólera, fiebre tifoidea, salmonelosis, shighelosis, amebiasis, giardisis, otras infecciones intestinales, hepatitis viral, etc.
12/ El acuífero Colima del Valle Central ya muestra indicios de contaminación por nitratos, y no existen programas para proteger esta fuente hídrica tan importante. Los recursos de pago por servicios ambientales están dirigidos mucho más hacia las actividades forestales que hacia la protección de las fuentes para abastecimiento de agua potable.
13/ Reducción o la pérdida de la productividad biológica.
14/ La mayoría de los científicos cree que el sistema natural responsable del calentamiento de la superficie de la Tierra, comúnmente llamado el efecto invernadero, ha aumentado por la emisión de sustancias conocidas como gases de invernadero. Muchos creen que esto llevará a un calentamiento global más allá de las fluctuaciones climáticas normales.
 15/ El transporte utiliza grandes cantidades de diesel y gasolina que deben ser importados, ya sea como petróleo crudo o en su estado final para uso. Por su parte, el sector industrial utiliza diesel y bunker en los procesos de generación de calor y fuerza motriz, lo que incide en la emisión de gases.
16/ Causan el deterioro de los ciclos biológicos naturales, la capa de ozono, el suelo y el manto acuífero.

 

 

 

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